El Gobierno desbloquea 400 millones para la vivienda en Galicia con un plan histórico que triplica la inversión

Galicia puede respirar aliviada, al menos en parte. Tras meses de bloqueo institucional y críticas cruzadas entre la Xunta y el Gobierno central, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 llega finalmente al Consejo de Ministros este martes. La nueva hoja de ruta nacional triplica la inversión del plan anterior, hasta alcanzar los 7.000 millones de euros para todo el Estado, de los que corresponderán a Galicia unos 399 millones cofinanciados entre Madrid y la comunidad autónoma.

El plan se organiza en torno a cinco pilares: el impulso a la construcción y compra de vivienda pública, la rehabilitación del parque existente, el apoyo a la emancipación juvenil, la reducción del esfuerzo financiero de los hogares y la intervención en zonas de mercado tensionado. El 40% del presupuesto se destinará a ampliar la oferta de vivienda protegida de forma permanente; otro 30%, a rehabilitación; y el 30% restante cubrirá ayudas directas a colectivos vulnerables y zonas con mayor presión inmobiliaria.

Una de las principales novedades es el principio de protección indefinida: las viviendas construidas o adquiridas con fondos del plan quedarán calificadas como protegidas para siempre, sin posibilidad de descalificación futura. El plan llegará al BOE mediante Real Decreto, lo que significa que no necesita pasar por el Congreso de los Diputados.

Galicia, a la espera de los convenios bilaterales

Para Galicia, la aprobación llega tarde pero es bienvenida. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que "ya era hora" y celebró que "por fin lo van a aprobar", aunque condicionó su valoración positiva a que el texto final recoja las alegaciones presentadas por el Ejecutivo gallego. La comunidad estará entre las que más fondos reciban: con 399 millones de euros —cofinanciados al 60% por el Estado y al 40% por la Xunta—, Galicia se sitúa como la quinta comunidad autónoma con mayor dotación económica del plan. 

Sin embargo, la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, había denunciado semanas antes ante el Parlamento gallego que la demora en la aprobación del plan estaba bloqueando la inversión de 80 millones de euros que correspondían a Galicia, e impidiendo la convocatoria de ayudas al alquiler juvenil, a la rehabilitación o a la eficiencia energética. La Xunta, que aceptó la cofinanciación del 40% exigida por el Estado, ya tenía esos fondos consignados en sus presupuestos desde el 1 de enero, sin poder activarlos por la ausencia del plan estatal. 

El retraso acumulado ha sido objeto de crítica también desde el Parlamento autonómico. La cámara gallega aprobó, con el voto favorable del Grupo Popular y la abstención de PSdeG y BNG, una iniciativa para instar a la Xunta a que reclamase al Gobierno central la aprobación inmediata del plan con "diálogo real" con las comunidades autónomas. 

Ayudas concretas para jóvenes y municipios con despoblación

Entre las medidas más relevantes para los gallegos figuran las ayudas a jóvenes para alquiler con opción a compra de viviendas protegidas de hasta 300.000 euros y subvenciones de más de 10.800 euros para quienes adquieran o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico —una realidad que afecta a buena parte del interior de Galicia—. El bono alquiler joven sube de 250 a 300 euros mensuales, y se crean ayudas de hasta 250 euros al mes para el alquiler de vivienda habitual.

En materia de rehabilitación, el plan prevé ayudas de hasta 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales, 13.000 euros para mejoras de accesibilidad y 20.500 euros para eficiencia energética. Las viviendas vacías que se rehabiliten y pongan en alquiler asequible durante un mínimo de cinco años podrán recibir hasta 35.000 euros. Y para los municipios de menos de 10.000 habitantes —mayoría en Galicia—, el plan contempla ayudas de hasta 85.000 euros para la construcción de vivienda pública destinable a la venta.

El esquema de financiación, que eleva la aportación autonómica del 25% al 40% respecto al plan anterior, ha sido uno de los puntos más polémicos. Las once comunidades gobernadas por el PP expresaron su rechazo a un plan que consideran no negociado, al afectar a una materia de competencia autonómica como la vivienda. No obstante, Galicia no comparte esa objeción en cuanto a la cofinanciación, ya que la Xunta afirma tener capacidad financiera para asumir ese desembolso de 159 millones en cinco años. 

Tensión entre administraciones por el modelo

Las críticas de la Xunta se han centrado principalmente en otros aspectos del diseño del plan. Según fuentes de la Consellería de Vivienda, el Ejecutivo gallego ha pedido mayor flexibilidad en los procedimientos de contratación y en las condiciones técnicas de las viviendas a construir. Además, la consellería ve con preocupación que las mayores ayudas estatales a promotores en zonas tensionadas solo beneficien a A Coruña en todo el territorio gallego, lo que considera una medida que "atenta contra la igualdad de todos los españoles".

El texto, que incorpora aportaciones de las comunidades autónomas, llega al Consejo de Ministros con casi cuatro meses de retraso respecto a los plazos iniciales del Ministerio de Isabel Rodríguez. Su aprobación como Real Decreto agilizará la entrada en vigor, pero los convenios bilaterales con cada comunidad autónoma —paso previo imprescindible para activar las convocatorias de ayudas— podrían dilatar aún más el acceso efectivo de los gallegos a las nuevas prestaciones.

El PSdeG y el BNG no han realizado valoraciones públicas sobre el plan aprobado este martes en el momento de publicarse esta información.