El médico de la mutua podrá dar altas, dicta la Xunta ante las protestas de los trabajadores

Galicia lidera en España el ranking de bajas laborales. Cada día, una media de 78.400 trabajadores gallegos se ausentan de sus puestos de trabajo por incapacidad temporal, y la duración media de esas bajas alcanza los 77 días, muy por encima de la media nacional. Es la comunidad con mayor prevalencia de este tipo de procesos, y la tendencia no hace más que crecer desde la pandemia. Con este telón de fondo, la Xunta ha optado por reformular el sistema y ha publicado en el Diario Oficial de Galicia una modificación del protocolo de gestión de las bajas laborales que otorga mayor protagonismo a las mutuas privadas en el proceso de alta.

La resolución, firmada por la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade el pasado 20 de mayo, modifica la instrucción de 2019 que regulaba la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal. El objetivo declarado por la Xunta es conseguir que el proceso sea «cada vez más resolutivo», agilizando los trámites y dotándolos de mayor carácter ejecutivo, al tiempo que se refuerza el papel de las Unidades de Inspección e Control de Saúde Laboral.

Propuestas de alta con peso jurídico

El cambio más sustancial afecta a las propuestas de alta médica que las mutuas dirigen a las unidades de inspección. A partir de ahora, esas propuestas deberán ser aceptadas siempre que estén debidamente motivadas y completas, con diagnóstico actualizado, valoración clínica del proceso y fundamentación objetiva sobre la aptitud del trabajador para reincorporarse.

La instrucción anterior dejaba un margen mayor al criterio del inspector público. Si la propuesta fuese considerada insuficiente, el personal inspector tendrá que convocar al trabajador a un reconocimiento médico presencial antes de emitir una resolución. En caso de silencio del médico de cabecera, la unidad de inspección podrá dictar el alta de manera automática si la mutua acredita debidamente su propuesta.

La Xunta justifica el cambio con datos: en enero de 2026, de 2.855 propuestas de alta formuladas por las mutuas, apenas el 40 % derivó en un alta efectiva. De los 1.137 procesos concluidos tras una propuesta de mutua, solo 81 fueron resultado de la confirmación directa de las unidades de inspección. Esas cifras, según la consellería, evidencian la necesidad de agilizar el sistema y darle mayor carácter resolutivo. A lo largo de 2025, las unidades de inspección tramitaron en total 38.438 propuestas de alta formuladas por mutuas.

Autorización única para pruebas y procedimientos

La modificación también afecta al proceso de autorización de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos realizados por las mutuas. Hasta ahora, la autorización se tramitaba prueba a prueba. Con la nueva instrucción, se establece un sistema de autorización única que habilita a las mutuas para realizar cualquier actuación, prueba o procedimiento terapéutico que consideren necesario sin tener que tramitar una solicitud individual por cada una. La Xunta señala que en 2025 se tramitaron 10.727 solicitudes de este tipo, y que el ahorro burocrático que supone la nueva fórmula redundará en una recuperación más ágil de los trabajadores.

La consellería también destaca que ya integró en la historia clínica electrónica del Sergas las pruebas realizadas por las entidades colaboradoras de la Seguridad Social, lo que en 2025 permitió evitar la duplicación de 1.300 pruebas diagnósticas. Para dar soporte a todo este proceso, la Xunta anunció el refuerzo inmediato de los equipos de Inspección de Servizos Sanitarios con 18 nuevos profesionales: nueve inspectores médicos y nueve subinspectores sanitarios, distribuidos entre las siete áreas sanitarias gallegas, en una inversión prevista de más de tres millones de euros a lo largo de tres años.

La CIG denuncia una privatización encubierta

La reacción sindical no se hizo esperar. La CIG, el sindicato mayoritario en Galicia, cargó con dureza contra la modificación y la calificó de concesión de poder a las mutuas sobre la salud de los trabajadores. La central denuncia que la nueva instrucción permite a las mutuas decidir qué pruebas diagnósticas y qué procedimientos terapéuticos se realizan a los trabajadores en situación de incapacidad temporal, sin que figuren garantías claras sobre el acceso a la historia clínica de los afectados.

La CIG advierte además de que la nueva fórmula de autorización única puede derivar en una derivación de fondos públicos hacia la sanidad privada, ya que las mutuas podrán contratar esas pruebas y procedimientos con terceros privados, tanto con recursos propios como a través de acuerdos con clínicas y hospitales privados. «Sea dinero pagado por el Sergas o por los fondos de la Seguridad Social, supondrá un refuerzo de la sanidad privada y un debilitamiento de la pública», advierte el sindicato, que lamenta además que la instrucción no contemple ningún mecanismo de financiación explícito para ese incremento de actividad.

Un problema estructural en  España

El contexto en el que se produce este cambio es el de una crisis de absentismo laboral que afecta a toda España, pero que en Galicia adquiere dimensiones especialmente acusadas. Según el informe sobre absentismo de Synergie España, la tasa de incapacidad temporal en el conjunto del país multiplica por 1,8 la media europea, y crece a un ritmo 4,6 veces superior al de los países del entorno. En seis años, España ha pasado de una tasa de absentismo del 18,5 % en 2019 al 21,5 % en 2025. 

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, por su parte, recordó que puso a disposición de las comunidades autónomas convenios de colaboración con medios económicos y materiales para aliviar la carga asistencial, aunque señaló que la mayoría, incluida Galicia, no han aprovechado plenamente ese potencial.