Una sentencia histórica obliga a la Xunta a pagar la nocturnidad y los festivos a los bomberos forestales en vacaciones y bajas

El Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia —conocido como SPIF— protagoniza un nuevo capítulo en su dilatado conflicto laboral con la Xunta de Galicia. Una sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa, la primera de estas características en el ámbito de la Administración General de la Xunta, reconoce el derecho de un bombero forestal funcionario a cobrar las compensaciones por horas nocturnas, domingos y festivos no solo cuando trabaja, sino también cuando está de baja, de vacaciones o disfrutando de permisos por asuntos propios.

El trabajador afectado, defendido por los servicios jurídicos de CSIF en A Coruña, reclamó el abono de unas cantidades que la administración autonómica venía reteniendo pese a que dichos servicios figuraban en su cuadrante de trabajo. La resolución judicial le da la razón y condena a la Xunta al pago de más de 2.000 euros correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, además de reconocer el derecho a seguir percibiendo esas cantidades en el futuro. La sentencia, no obstante, todavía puede ser recurrida por la administración autonómica.

La clave jurídica del fallo es que estos complementos forman parte de las retribuciones ordinarias del puesto y, por tanto, no pueden suprimirse durante situaciones de incapacidad temporal, vacaciones u otros permisos retribuidos. Se trata del mismo criterio que los tribunales europeos y españoles han venido aplicando en los últimos años a distintos ámbitos del sector público y privado, y que ahora llega por primera vez al personal funcionario del servicio de extinción de incendios gallego.

Miles de afectados en toda la Xunta

El alcance potencial de esta resolución es considerable. Según los cálculos del propio sindicato, en torno a 2.000 empleados del SPIF no están percibiendo en la actualidad estas compensaciones durante los períodos de baja y descanso, y la cifra asciende a aproximadamente 5.000 trabajadores si se tiene en cuenta el conjunto de la administración autonómica gallega. Todos ellos prestan servicios en horarios nocturnos o en domingos y festivos, y ninguno recibe los complementos correspondientes cuando no está activo en su puesto.

Desde CSIF advierten de que, si la Xunta no modifica su criterio de manera voluntaria, el escenario más probable es una avalancha de demandas individuales ante los juzgados. El propio sindicato señala que ya vivió un proceso similar en marzo de 2025, cuando una primera sentencia favorable en materia de trienios consolidados obligó a la Dirección Xeral de Emprego Público a cambiar su postura y mejorar las retribuciones de miles de funcionarios, evitando así una judicialización masiva. La organización sindical confía en que el mismo efecto se repita en esta ocasión.

La situación se enmarca en un conflicto laboral de largo recorrido en el SPIF. El sector lleva años reclamando mejoras en las compensaciones por nocturnidad, domingos y festivos, así como en la estabilidad del personal fijo-discontinuo. En julio de 2024, la Consellería do Medio Rural firmó un acuerdo con varios sindicatos para regular estas materias, estableciendo compensaciones económicas por festivos trabajados con una progresión prevista hasta alcanzar el 100% —entre 160 y 180 euros según el grupo profesional— a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, ese acuerdo no contemplaba el abono de dichos complementos durante las situaciones de baja o descanso, laguna que ahora cubre la sentencia.

Un operativo de más de 7.000 efectivos

El SPIF es la columna vertebral del dispositivo de extinción de Galicia. La administración autonómica cuenta con alrededor de 2.000 trabajadores propios, entre aproximadamente 1.200 profesionales fijos con contrato durante todo el año y entre 800 y 1.000 fijos-discontinuos. Este segundo colectivo, uno de los más vulnerables en términos de estabilidad, ha visto ampliado progresivamente su período de contratación: de los seis meses anteriores a los ocho de 2025 y los nueve previstos para 2026. En campaña de alto riesgo, el operativo total del PLADIGA supera los 7.000 efectivos, sumando al personal propio los medios municipales, estatales y de la empresa pública SEAGA.

Desde CSIF anunciaron que volverán a exigir a la Dirección Xeral de Emprego Público que reconozca este derecho de forma negociada, sin necesidad de que miles de empleados tengan que acudir individualmente a los tribunales. Mientras tanto, todos los delegados del sindicato están disponibles para asesorar a los afectados sobre los plazos, requisitos y posibles prescripciones de sus reclamaciones. La Xunta de Galicia no se ha pronunciado públicamente sobre la sentencia ni sobre su posible recurso.