Condena a Carlos Somoza, fundador de la "pirata" Alcor Seguridad, por explotar a decenas de vigilantes

Tras muchos meses de denuncias, juicios suspendidos y un larguísimo proceso judicial -una década de instrucción-, hoy se ha conocido la sentencia contra Carlos Somoza y otros miembros de la empresa investigados por vulnerar las condiciones laborales de los vigilantes que prestaban servicio en la firma con sede en Monforte de Lemos, tachada en más de una ocasión por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) como una de las compañías "pirata" del sector de la seguridad privada. 

CONDENAS DE PRISIÓN

En un juicio en el que se citó a más de un centenar de testigos a prestar declaración y que se vio suspendido en un primer momento por la huelga de los Funcionarios de la Administración de Justicia, que obligó a aplazar el proceso hasta el pasado mes de noviembre, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a cinco meses de cárcel a Somoza, que por entonces dirigía y administraba Alcor Seguridad. 

La Justicia lo responsabiliza de haber cometido un delito contra los derechos de los trabajadores y tuvo en cuenta atenuantes como las dilaciones indebidas o la reparación de daños. Al tiempo, existen otras condenas contra otros tres cargos, una de ellas a la por entonces delegada de Alcor en Asturias y Cataluña, al jefe de servicios en las Islas Canarias y a una administrativa de la sede de Monforte. 

Los hechos juzgados corresponden a episodios sucedidos entre 2011 y 2015 y la sentencia refleja que en Alcor se empleó "a múltiples trabajadores como vigilantes de seguridad, a quienes imponía, mediante engaño y abusando en algunos casos de su situación de necesidad, condiciones laborales que vulneraban los derechos reconocidos a los mismos en las disposiciones legales vigentes". Los agentes que participaron en el proceso calificaron de "infrahumanas" las condiciones a las que eran sometidos los trabajadores.
 

ABUSOS Y PRESIONES

Jornadas maratonianas con turnos de 24 horas durante varios días, sin respetar los descansos, presiones para renunciar a la antigüedad y poder realizar horas extra, firmar documentos en blanco o con posteridad a la fecha del propio contrato, o "manifestación de que no tenían nada que reclamar a la empresa, de haber recibido formación e información en relación con su puesto de trabajo o de conformidad con el convenio colectivo" son algunos de los hechos que la Justicia considera probados y por los que se decretan los cinco meses de prisión a Somoza. 

También consideran constatada la "no realización de cursos de formación de obligado desarrollo, presentando la empresa justificantes inveraces firmados por los trabajadores acreditativos de haberlos realizado e instruyendo a los mismos a realizar manifestaciones en tal sentido si fueren requeridos por los servicios de inspección".
 

"Estimamos que el modus operandi de la entidad en el periodo enjuiciado, engañoso y coactivo, imponiendo a los trabajadores condiciones ilegales, beneficiosas para la misma y claramente perjudiciales en sus derechos laborales, es subsumible en el tipo penal", concluye el auto, contra el que cabe presentar recurso ante el TSXG.