La batalla por el Ulla: una cadena humana unirá en Portomouros a los detractores de Altri y la mina de Touro

Ambos desarrollos industriales cuentan con el respaldo del gobierno gallego, que los ha catalogado como Proyectos Estratégicos. Esta distinción permite una tramitación administrativa más ágil, una medida que la Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda, defiende como necesaria para atraer inversión, industrializar el rural y generar empleo de alto valor. Sin embargo, esta celeridad es vista con extremo recelo por los colectivos opositores, que denuncian una política de "depredación" de los recursos del país y un trato de favor a grandes capitales.

La convocatoria de la protesta está liderada por la Plataforma por unha Ulloa Viva y la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non. La acción simbólica busca rodear el río Ulla, el eje vertebrador que ambas plataformas consideran amenazado por las dos iniciativas. La cita central es a las 12:30 horas en el puente del embalse, pero la organización ha previsto dos marchas previas que partirán a las 11:30 horas: una desde la Fervenza das Hortas en Arzúa y otra desde la Capela de San Ramón en Vila de Cruces, confluyendo ambas en el punto central para formar la cadena.

Un eje fluvial amenazado, desde A Ulloa hasta la Ría de Arousa

El lema de la jornada, “Pola auga e pola vida, nin Altri nin Mina”, resume la principal preocupación de los manifestantes: la salud del Ulla. Esta cuenca, la segunda más larga de Galicia, es el epicentro del conflicto. Los detractores alertan de que la planta de Altri, promovida por la sociedad Greenfiber (participada por la portuguesa Altri y el dueño de la gallega Greenalia), requerirá un consumo ingente de agua del embalse de Portodemouros y una posterior descarga de millones de litros de agua tratada al río, cuyo impacto en la biodiversidad fluvial y en la calidad del agua genera una enorme inquietud social.

A esta preocupación se suma el historial de la mina de Touro-O Pino. El proyecto de Cobre San Rafael para reabrir la explotación a cielo abierto ya fue tumbado en 2020. En aquel momento, la propia Xunta emitió una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable, señalando riesgos severos para la calidad de las aguas por posibles drenajes ácidos, además de afecciones al suelo y a la población de los dos municipios. A pesar de ese rotundo revés administrativo, la compañía ha reformulado su solicitud y vuelve a tramitar los permisos para reactivar la extracción de cobre.

Las plataformas advierten que el impacto no se limita al interior, en las comarcas de A Ulloa y Arzúa. Sostienen que una posible contaminación del Ulla viajaría inevitablemente río abajo hasta la Ría de Arousa. Esta ría no es solo un ecosistema vital, sino el motor económico de miles de familias, ostentando el título de mayor zona de producción marisquera no solo de Galicia o España, sino de toda Europa. Las organizaciones alertan además de la amenaza directa al suministro de agua potable de once municipios y a la salud de más de 145.000 personas que dependen de la cuenca para su abastecimiento.

Visiones enfrentadas: empleo industrial frente a sostenibilidad

Por su parte, las empresas promotoras defienden la viabilidad y sostenibilidad de sus propuestas. Altri ha insistido en que su proyecto en Palas de Rei no es una celulosa tradicional, sino una planta de nueva generación destinada a producir fibras textiles (lyocell), un material que, según argumentan, tiene un ciclo de producción más cerrado y un menor impacto ambiental que las fibras sintéticas. La compañía lusa asegura que cumplirá con toda la estricta normativa ambiental europea y que la iniciativa generará cientos de puestos de trabajo directos en una zona necesitada de industrialización. En la misma línea, Cobre San Rafael argumenta que su nuevo plan minero ha corregido todas las deficiencias técnicas que motivaron la DIA negativa de 2020.

 El debate sobre Altri ha reavivado también la controversia sobre la eucaliptización de Galicia. Los colectivos ecologistas y sindicatos agrarios denuncian que una planta de esta magnitud disparará la demanda de esta especie, incentivando su plantación en detrimento del bosque autóctono y la superficie agraria, algo que la compañía y la Xunta rebaten.