¿Última oportunidad para el lobo? La Xunta busca que se pueda cazar este animal frente a la resolución del TSXG

La Xunta de Galicia ha pasado a la ofensiva legal, solicitando el levantamiento urgente del veto bajo el argumento de una escalada "escalofriante" de ataques al ganado y riesgos para la población rural, mientras 13 comunidades autónomas se alían para exigir al Ministerio un cambio de rumbo nacional. De esta forma, la coexistencia entre el hombre y el lobo en el rural gallego atraviesa un momento crítico incluso ante los tribunales. Y es que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha vuelto a frenar en seco las intenciones de la Xunta para retomar las batidas de control, al prorrogar la suspensión cautelar de la caza de este cánido para la presente campaña. Según el alto tribunal gallego, prima el "principio de precaución ambiental" sobre cualquier interés cinegético o ganadero, recordando que el lobo es una especie de interés comunitario cuya protección debe garantizarse de forma rigurosa.
 

Sin embargo, la administración autonómica no se ha quedado de brazos cruzados y ha empezado a mover ficha. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha iniciado una campaña de consultas y encuentros con municipios y asociaciones para buscar apoyos y levantar el veto a la caza de lobos. Vázquez se basa en las denuncias de ayuntamientos como Curtis y Ferrol, que alertan de un aumento insoportable de la conflictividad con este animal salvaje en sus territorios. Al parecer, el malestar ha escalado hasta el punto de que Galicia forma parte de un frente común con otras doce autonomías para exigir al Gobierno central que deje de "dar la espalda" a la realidad del campo.

Ayuntamientos y Xunta alegan "emergencia rural"
La Xunta tiene claro que el lobo ya no es una especie en peligro en Galicia, sino un riesgo para la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas. Ángeles Vázquez ha calificado los datos de ataques como "escalofriantes", señalando un incremento de los daños a animales de un 72% desde 2021, lo que se traduce en una media de diez ataques diarios en la comunidad. Especialmente preocupante es la situación de los caballos, con un aumento de muertes del 85% en el mismo periodo.
 

Desde el ámbito local, el Ayuntamiento de Curtis ha solicitado formalmente autorizaciones urgentes para realizar batidas de control, denunciando que la burocracia está asfixiando al sector primario ante ataques reiterados que causan "graves pérdidas económicas". En Ferrol, la tensión ha llegado al pleno municipal, donde vecinos de parroquias como Viladóniga y Vilasanche han expresado su "miedo" ante la presencia de lobos cada vez más cerca de las viviendas. La Xunta utiliza estos testimonios y escritos municipales como testimonios frente al TSXG y, de esta forma, pedir la suspensión de las medidas de control. Añade además que la presencia de los cánidos en estas y otras áreas habitadas está generando una situación de inseguridad ciudadana y de desamparo para los ganaderos.
 

El ecologismo se blinda: "la Xunta usa cortinas de humo"
En la otra orilla del conflicto, organizaciones como ADEGA y WWF defienden a ultranza el dictamen judicial. Para WWF, el TSXG ha actuado con coherencia al entender que los daños a la ganadería son "indemnizables" y no justifican la muerte de ejemplares en una especie cuyo estado de conservación a nivel ibérico sigue siendo "precario". Los ambientalistas subrayan que la población de lobos en Portugal está en retroceso, y que Galicia, como territorio fronterizo, es vital para la supervivencia genética de la especie en toda la península.
 

Por su parte, ADEGA ha sido especialmente dura con la Consellería de Medio Ambiente, acusando a la Xunta de crear una "falsa sensación de inseguridad" para ocultar su apoyo al tratado MERCOSUR, que consideran la verdadera amenaza para la ganadería gallega. Según Fins Eirexas, miembro ADEGA, los datos de ataques que maneja la Xunta están "sin contrastar" y responden a un aumento de las denuncias por la mayor agilidad de las ayudas, no a un incremento real de los ataques o de la población de lobos. Los ecologistas instan a la administración a abandonar el "chivo expiatorio" del lobo y apostar por medidas preventivas y un manejo de ganado más eficaz.

El rural, dividido entre la legalidad ambiental y la rentabilidad
A tenor de los argumentos presentados por la Administración, el conflicto ha dejado de ser meramente ambiental para convertirse en un problema socioeconómico. Mientras la justicia prioriza el principio de precaución ante la falta de censos actualizados y coordinados con Portugal, la Xunta y los ganaderos ven en cada ataque una prueba de que el actual modelo de protección absoluta es incompatible con la vida en el campo. La falta de consenso científico sobre si la población es realmente estable o está en expansión sigue alimentando una brecha que parece difícil de cerrar solo con indemnizaciones económicas.

Trece comunidades exigen una reunión urgente al Ministerio
Galicia no está sola en esta batalla. Un total de trece comunidades autónomas, lideradas por las regiones "loberas" del norte (Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia), han firmado un documento conjunto exigiendo una Conferencia Sectorial inmediata al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Las autonomías denuncian una "gran inseguridad jurídica" y acusan al Gobierno de España de ocultar informes a la Comisión Europea que avalarían un estado de conservación favorable del lobo, permitiendo así una gestión cinegética sostenible.
 

Estas comunidades esperan obtener el traspaso de fondos estatales para compensar los daños y, sobre todo, que se respete su autonomía para aplicar planes de gestión que incluyan controles poblacionales. La actitud de este bloque es de confrontación directa contra lo que consideran una "ideología" impuesta desde Madrid que ignora los problemas reales de quienes conviven a diario con el depredador más emblemático de la fauna ibérica.