La Justicia obliga a la Consellería de Educación a restablecer los derechos de apoyo de alumnos con necesidades

Otro gulpe judicial -uno más- a la Consellería de Educación, que de nuevo reciben un toque de atención mediante una orden judicial celebrada con efusividad por las familias de los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo y por el sindicato CIG-Ensino, que se hace eco de esta orden, un recurso por el que la Xunta tendrá que "hacer valer unos derechos que deberían estar garantizados de oficio".

ATENCIÓN DE PEOR CALIDAD Y "PARCHES"

Desde la central sindical recuerdan casos como los de centros de Cee que desde principios de curso están sufriendo la "falta de planificación y recursos" de la Consellería. Esto esta provocando que muchos estudiantes vean "vulnerados sus derechos", concretamente aquellos escolares con necesidades específicas de apoyo educativo.

Estas carencias en la atención a la diversidad han motivado, entre otras cuestiones como las ratios y la excesiva burocracia que asumen los docentes, las huelgas de profesores celebradas a lo largo del curso 25/26, con la enésima convocatoria a los paros para el próximo 28 de abril. 

El ejemplo de esta crisis lo encontramos en el IES Agra de Raíces, donde no cuentan con suficientes especialistas en Audición e Linguaxe para atender a los alumnos con necesidades especiales. Por lo que consideran una "inacción" de la Xunta, algunas familias acudieron a los tribunales, que han terminado dando la razón al colectivo, dando orden a la Consellería de "restituir el mismo nivel de apoyo existente en el curso pasado". 

"Sin embargo, lejos de asumir su responsabilidad y dotar de recursos adicionales al sistema educativo, la respuesta de la administración fue, una vez más, un parche improvisado e inaceptable. Lo que hizo fue nombrar en marzo a una docente de AL a media jornada en el CEIP Virxe da Barca de Muxía que debía ir también, pero solo dos horas, al IES Agra de Raíces", abunda CIG-Ensino en su nota sobre una medida que lo que hizo fue, a juicio del sindicato, "desvestir a unos centros para vestir a otros", con los efectos que esto supuso sobre los profesionales que vieron trastocados sus horarios y los alumnos sujetos a estas improvisaciones y a la evaluación de "dos especialistas distintas", con al consecuencia fragmentación de la intervención requerida. 

"La educación pública no puede seguir sosteniéndose a base de parches", censuran desde la CIG, al tiempo que recalcan que la situación acutal es fruto de la "política de recortes encubiertos" practicada desde San Caetano, "obligando a enfrentar a centros y comunidades educativas entre sí y trasladando los problemas de un lugar a otro en vez de resolverlos de raíz". 

"Esta forma de actuar no solo incumple el espíritu de la resolución judicial, sino que perpetúa un modelo educativo injusto e insuficiente. No se puede hablar de inclusión mientras se niega el profesorado necesario. No se puede garantizar la equidad mientras se retiran recursos de un centro para tapar las carencias de otro", insisten desde el sindicato, que vuelve a pedir la dotación inmediata de personal especialista suficiente en todos los centros que componen la enseñanza pública en Galicia.