Protestas en toda Galicia por "caos y colapso" en la Justicia a causa de la Ley de Eficiencia

Este jueves 30 de abril ha tenido lugar una nueva tanda en la retahila de protestas de los Funcionarios de la Administración de Justicia a lo largo y ancho de la geografía gallega. De A Coruña a Vigo, pasando por Santiago, los profesionales se han movilizado contra los que califican de "caos y colapso" en el servicio, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia Organizativa, que lejos de ser una solución, dicen, ha embarullado todavía más sus labores. 

RECLAMACIONES

Así los denuncian desde CSIF Xustiza, que ha participado en las protestas de manera conjunta junto a USO, donde también reclaman la recuperación de la plaza nº 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, "fundamental para aliviar la sobrecarga del servicio y respaldada por instituciones gallegas". Esta solicitud, además, recalcan que cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la Xunta, la alcaldesa de A Coruña y distintos grupos parlamentarios.

El sindicato entiende que la postura del colectivo es una "respuesta conjunta" frente a la reforma, que creen se viene aplicando "sin la planificación, los medios, ni la coordinación necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia". En ese sentido, el colectivo denuncia que, se pese a ser presentada como un avance en la modernización del sistema, las consecuencias son "una sobrecarga de trabajo insostenible, una evidente falta de personal y un deterioro progresivo del servicio público".

En esa línea, subrayan que la realidad hoy de los juzgados gallegos está muy lejos de los objetivos fijados por las "carencias estructurales" presentes en la comunidad gallega, como la falta de cobertura de plazas vacantes, la movilidad funcional sin límites claros, la implantación incompleta de herramientas tecnológicas o la ausencia de formación adecuada, entre algunas de las cuestiones que citan desde CSIF. 

"Si la comunidad autónoma no es capaz de gestionar esto, hay que decir las cosas como son: el principal responsable es el Ministerio de Justicia, porque diseñó esta ley de forma apresurada y nos colocó a todos en un escenario sin medios ni garantías", reprende Auri Fernández, presidenta de CSIF Xustiza, que reclama la apertura de un "proceso real de negociación".