El derecho de las mujeres a no ser acosadas

Manoel Barbeitos
Economista

En las últimas semanas y con motivo de la tramitación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual estamos asistiendo a un espectáculo político y mediático que pone en evidencia como aún perviven en poderosas capas de las sociedades española y gallega visiones medievales sobre las mujeres y sus derechos democráticos. 

 

Así, y por caso, los insultos que desde no pocos hemiciclos (Parlamentos español y autonómicos...) y muchos medios de comunicación y opinión (La Cope, Antena3, TVG, La Razón, ABC...) por no hablar de las redes (que se están convirtiendo en un auténtico estercolero) se dirigen contra la Ministra de Igualdad, la señora Irene Montero, pone en evidencia el carácter rancio,  totalitario y frívolo de sus autores. Rancio por la forma (insultos), totalitario por el fondo (en esencia parecen negar el derecho de las mujeres a ser protegidas frente a los abusos) y frívolo porque tengo la sensación de que muchos de sus críticos y críticas no se leyeron la ley.  

 

No hay dudas de que la violencia de género en España, y en Galicia, es un problema de la máxima gravedad tal que exige con urgencia medidas tanto de prevención y sensibilización -por parte de las autoridades públicas, agentes económicos y sociales, servicios sanitarios, entidades educativas, partidos políticos...-, como de detección -con una responsabilidad especial por parte de las instituciones públicas-, respuesta -en los ámbitos judiciales, educativos...- y asistencia  -sanitaria, psicológica, laboral...- a las víctimas de las agresiones. Medidas cuya eficacia dependerá de la asunción colectiva de que tenemos un grave problema social que exige el compromiso y la colaboración de todos y todas.

 

Un grave problema social que, a pesar de eso, se volvió a convertir en una batalla partidista y mediática en la que todos tienen su parte de responsabilidad, aunque con grados diferentes. Los partidos del gobierno español de turno (PSOE/UP) tienen su responsabilidad a causa de haber convertido algo tan serio como la violencia de género en una nueva batalla interna que, además de debilitarlo, pone nuevamente en evidencia que, por una parte, Unidas Podemos no termina de entender y aceptar que forma parte del gobierno -en el que es el partido minoritario- y no de la oposición y, por la otra, el PSOE no es quien de aceptar que UP es su socio aunque le saque algunas vergüenzas y lo supere por la izquierda en no pocos casos: si abandonas la izquierda alguien la ocupa. 

 

Pero seguramente que la mayor responsabilidad caiga en los partidos de la oposición (PP, VOX) y sus medios afines (que son mayoría), quienes siguen sin querer aceptar que la democracia supone también alternancia, que el gobierno actual (PSOE/UP) tiene toda la legitimidad democrática, que en democracia no "todo vale" y que determinadas líneas rojas no deberían cruzarse nunca. Porque es posible que esta ley tenga algunos defectos jurídicos -algo sobre lo que, por cierto, no hay coincidencia entre los propios juristas y no olvidemos, por caso, que una de las principales mentoras de esta ley es la señora Maria Vitoria Rosell Aguilar, una jueza (1996) y magistrada (2001) de contrastado y bien ganado prestigio- pero en un régimen democrático no es aceptable este nivel de comportamientos políticos y mediáticos. 

 

Porque mientras esto sucede, y como viene denunciando Amnistía Internacional, desde el año 2003 en España más de mil mujeres fueron asesinadas por sus parejas, el 11% de las mujeres de 16 años -2,2 millones- sufrieron a lo largo de su vida violencia física o sexual de sus parejas o ex parejas. Y la cifra llega al 24,4% (4,49 millones) cuando los agresores  incluyen además a otros hombres sin esa vinculación sentimental. Desde que el gobierno español aprobase la ley (6 de julio del 2021) cerca de 60 mujeres fueron asesinadas en España (4 en Galicia) por sus parejas.


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