Condenados cinco sindicalistas de la huelga del metal de Ourense por agredir a vigilantes de seguridad en Revi

Tres años después de que las cámaras de seguridad de la planta de REVI, en Quintela de Canedo (Ourense), captaran uno de los episodios más tensos de la huelga del metal en la provincia, un juzgado ha puesto nombre y condena a lo que ocurrió aquella noche del 6 de octubre de 2022. El Juzgado de lo Penal nº 2 de Ourense ha dictado sentencia condenatoria contra cinco personas que formaban parte de un piquete informativo por delitos de daños y lesiones contra dos vigilantes de seguridad que estaban prestando servicio en las instalaciones.

La resolución judicial declara acreditado que los cinco acusados se personaron en la planta e impidieron por la fuerza que los vigilantes cerraran las puertas de acceso. Según el fallo, una vez dentro del recinto, dos de ellos lanzaron bobinas de cobre contra los profesionales de seguridad, provocando daños materiales. Durante el forcejeo posterior, otros participantes golpearon a los dos guardas, que necesitaron asistencia médica y varios días de curación. Tres de los acusados también hicieron rodar una tercera bobina carretera abajo, causando nuevos desperfectos. Los daños materiales causados a la empresa han sido fijados en 1.937,65 euros.

La sentencia impone condenas diferenciadas según el grado de participación de cada acusado: dos de ellos han sido condenados por un delito de daños; otros tres, por delito leve de daños; y dos de los anteriores responden además por delitos de lesiones cometidos contra los vigilantes. La resolución incluye también el pago de indemnizaciones a los dos profesionales agredidos.

Tres años de espera para los vigilantes

Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la planta, difundidas en su momento por el diario La Región, mostraron con claridad la secuencia de los hechos: un grupo de en torno a una decena de huelguistas corriendo para abrir una gran puerta corredera, un vigilante intentando cerrarla de nuevo sin éxito ante la superioridad numérica del grupo, y un integrante del piquete adentrándose en las instalaciones para zarandear una torre de bobinas de cableado hasta tumbarlas.

 Según informaciones publicadas entonces por ese mismo diario, el secretario comarcal de CIG-Industria en Ourense habría sido la persona que inició las agresiones y los destrozos, aunque la sentencia no ha sido objeto de pronunciamiento público por parte de esa organización sindical.

Lo ocurrido aquella noche tuvo lugar en el contexto de una huelga indefinida del sector siderometal ourensano que acumulaba entonces varios días de parón y cuya resolución se veía cada vez más lejana. Los empresarios habían propuesto un incremento salarial del 13% en tres años sin lograr desbloquear el conflicto, mientras los piquetes informativos se multiplicaban en los polígonos industriales de la provincia en medio de una polémica creciente por presuntas coacciones a trabajadores que querían continuar con su actividad.

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) se personó desde el primer momento como acusación particular en la causa, una vez que la Policía Nacional concluyó las investigaciones preliminares. 

Crítica a otros sindicatos

Ahora, con la sentencia en la mano, FTSP-USO vuelve a cargar contra las organizaciones sindicales que organizaron aquellos piquetes. El sindicato expresa su condena hacia quienes optaron por amparar, justificar o defender públicamente a los agresores en lugar de posicionarse del lado de los trabajadores agredidos. "Lo sucedido en Ourense no fue un malentendido, ni un exceso verbal, ni un episodio confuso. Fue una agresión contra dos vigilantes de seguridad en el ejercicio de sus funciones, y así ha quedado acreditado judicialmente", señala la federación en su nota de prensa.

La federación también reitera su respeto al derecho de huelga como derecho fundamental, pero advierte con igual firmeza de que ese derecho no puede utilizarse como cobertura para la violencia, las coacciones o las agresiones. "Los vigilantes de seguridad no pueden convertirse en objetivo de ningún conflicto ni ser tratados como si fueran responsables de una situación ajena a ellos", concluye el comunicado.