El Estado decreta la premergencia por la avalancha de incendios de Galicia y otras partes de España
Moncloa avisa de madrugada que mantienen las competencias para la lucha contra el incendio pero que deben reforzar la comunicación con el Gobierno central. El anuncio llega en medio de la polémica por la actuación de los medios Castilla León, que ha pedido ayuda a Galicia. El país no está en mucha disposición de ayudar, pues sigue combatiendo la peor ola de incendios en años, con desalojos en varias localidades.
El Ministerio del Interior ha dado un paso político muy importante ante la grave oleada de incendios forestales que azota España. En la madrugada del martes, Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, declaró la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM), también denominada Situación Operativa 1.
La activación de este protocolo, en torno a las 2:00 h., responde a la proliferación de focos activos que amenazan numerosas comunidades autónomas. Moncloa argumenta que decisión busca reforzar la coordinación nacional para analizar, facilitar y movilizar recursos estatales en apoyo a las administraciones autonómicas, en un verano marcado por altas temperaturas, sequía y riesgo extremo.
PLEGEM: un marco de actuación sin interferir en el mando autonómico
El PLEGEM se erige como el instrumento central del Sistema Nacional de Protección Civil, ofreciendo una planificación integral y definiendo la organización y los mecanismos de movilización de recursos ante emergencias de dimensión relevante. Sin embargo, la fase de preemergencia no supone la intervención directa del Estado en la dirección y gestión de las emergencias que afectan exclusivamente a las comunidades autónomas. Tal como subraya Interior, no existe una usurpación de competencias ni desplazamiento del mando autonómico; las comunidades conservan la plena responsabilidad sobre la gestión operativa en sus territorios.
Tras la activación de la Situación Operativa 1, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) puso en marcha un sistema de comunicación reforzada con los centros de emergencia autonómicos implicados. Este protocolo permite realizar un seguimiento integral, anticipar la evolución de los fuegos y coordinar la movilización de recursos estatales —como medios terrestres, aéreos y expertos técnicos— sin sustituir la capacidad ejecutiva autonómica.
En paralelo, Barcones convocó una reunión urgente del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), especializado en incendios forestales. En este encuentro participan representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, AEMET, DIGENPOL —Dirección General de Política de Defensa— y otras instituciones técnicas relevantes, con el objetivo de evaluar la situación y ajustar las decisiones a una respuesta conjunta y eficiente.
El impacto de estos incendios es especialmente fuerte en zonas como Tres Cantos (Madrid), donde la tragedia ya se ha cobrado una vida humana y cientos de hectáreas han resultado calcinadas, obligando a la evacuación de urbanizaciones enteras y a realojar decenas de personas en polideportivos habilitados por los servicios de emergencia. Castilla y León, Cádiz y, en menor medida, Castilla La Mancha han sufrido también el embate devastador de las llamas, con miles de personas que han tenido que pasar la noche fuera de sus hogares y decenas de medios desplegados por parte de bomberos, Protección Civil y otros dispositivos autonómicos.
La declaración de la fase de preemergencia activa mecanismos extraordinarios de apoyo del Estado, pero sin menoscabar la autonomía de las comunidades, que siguen liderando la dirección operativa y decidiendo la aplicación de sus propios planes territoriales de Protección Civil. El Gobierno recalca que, solo en caso de emergencia nacional —aquella que sobrepase por completo los recursos autonómicos y afecte de modo transversal al país—, el Estado tiene potestad para asumir directamente la gestión, tal y como contempla la legislación vigente. Por ahora, todos los recursos estatales que se movilicen lo harán en coordinación y bajo solicitud autonómica, como la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante situaciones de especial gravedad.
La declaración llega en un contexto meteorológico extremo, con temperaturas elevadas y viento variable que aumentan exponencialmente los riesgos de propagación y dificultan las tareas de extinción. El Ministerio del Interior insistió en la necesidad de prudencia ciudadana, evitar conductas de riesgo en entornos naturales y seguir escrupulosamente las indicaciones oficiales. El refuerzo de la coordinación y la activación de todos los protocolos busca anticipar amenazas, proteger la vida y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.
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