Alcalde gasta 37.000€ en comidas sin justificar, advierte Contas tras investigar a Trazo, Catoira, Vilasantar y Valga

Las dietas en las administraciones públicas españolas son compensaciones económicas que se otorgan a los empleados públicos para cubrir los gastos de alimentación, alojamiento y otros gastos adicionales que surgen cuando se desplazan fuera de su lugar habitual de trabajo en el desempeño de sus funciones.

La justificación de las dietas es un proceso reglado, para garantizar la transparencia y la legalidad en el uso de los fondos públicos. Así, los empleados públicos deben presentar los justificantes de gastos correspondientes, tales como facturas, recibos y comprobantes de pago.

Además, es necesario que se justifique la necesidad y la razón de la asignación de la dieta, demostrando que el desplazamiento estaba relacionado con el desempeño de sus funciones laborales y que se han cumplido con los requisitos establecidos en las normativas aplicables. 

Algo que, a vista de la último informe del Consello de Contas de Galicia, los ediles de Trazo y Vilasantar no hicieron. Las irregularidades en Valga y Catoria también existieron, pero son de otro cariz.

Hay que recordar que Contas de Galicia no tiene capacidad sancionadora. Su función principal es la fiscalización y el control de la gestión económica, financiera y presupuestaria de las entidades del sector público de Galicia, con el fin de garantizar la legalidad, eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos.

El Consello de Contas de Galicia puede emitir informes y recomendaciones, pero no tiene capacidad para imponer o multas. En caso de detectar irregularidades en la gestión económica de las entidades del sector público, el Consello de Contas de Galicia puede informar de ello a los órganos competentes, como sería en este caso la Fiscalía. Sin embargo, no ha transcendido que Contas -controlado por el PP- haya dado este paso en ninguno de los cuatro ayuntamientos investigados, en parte porque estos asuntos ya fueron sujeto de pelea judicial sin que los juzgados encontraran reproche penal, a pesar de que Contas si señala ahora serios reproches contables.

Este viernes el Consello de Contas de Galicia ha publicado un informe de fiscalización sobre las percepciones económicas no salariales en las entidades locales, en el cual pone en duda la justificación de más de 200.000 euros en dietas de cargos públicos y funcionarios de al menos cuatro ayuntamientos gallegos.
 

TRAZO Y VALGA NO COLABORAN HASTA EL FINAL EN LA FISCALIZACIÓN
En concreto, se trata de las localidades coruñesas de Vilasantar y Trazo, y de los municipios pontevedreses de Valga y Catoira. Entre todos ellos se habrían contabilizado más de 200.000 euros en diferentes dietas o gastos de transporte, entre otros, que no estarían debidamente justificados.
 

Pese a que Contas reconoce que todos los ayuntamientos "prestaron la colaboración necesaria para la realización de los trabajos de campo, aportando la documentación que se estimó necesaria para la realización de esta fiscalización", también asegura que tanto Trazo como Valga no respondieron a los últimos requerimientos por este Consello, en relación con ciertos papeles solicitados.
 

IRREGULADADES DEL ALCALDE DE VILASANTAR
Sin embargo, hay grandes diferencias entre las cuantías y los motivos por los que Contas cuestiona los gastos de estos cuatro ayuntamientos. 

En este sentido, la fiscalización de Vilasantar se llevó a cabo a raíz de que el Pleno del Consello de Contas consideró conveniente este examen tras ser informado de la falta de la correcta justificación de las dietas y gastos de locomoción pagados desde noviembre de 2017 a enero de 2019.

En sus conclusiones, el Consello explica que la cuantía percibida por la Alcaldía-Presidencia por estos gastos ascendía a más de 7.740 euros, de los que unos 5.950 corresponden a gastos de locomoción.

"La entidad contabiliza erróneamente los gastos de locomoción en concepto de dietas, cuando estos deberían figurar en concepto de gastos de desplazamiento y locomoción", explica en el documento.

Además, no se justifican los desplazamientos realizados. En cuando a los servicios de restauración, no se identifica a los comensales o si redundan en beneficio o utilidad de la Administración. Por todo ello, recomienda al municipio que recoja de forma correcta estas operaciones.

Fernando Javier Pérez Fernández gobierna en Vilasantar desde 2011 por el PPdeG.
 

CATOIRA: 15.000€ EN DIETAS QUE DEBÍAN HABER SIDO EN SALARIO

Alberto García García (PSOE) gobernó Catoira entre 1989 y 2019 y recuperó el poder en esta legislatura. Allí, Contas decidió iniciar su fiscalización a raíz de la detección de posibles irregularidades en las cuantías de las dietas percibidas por el gobierno local desde el mes de septiembre de 2018.

Así, cuantifica que hasta 2021 el alcalde percibió casi 17.500 euros por diferentes gastos de locomoción y 14.000 euros en dietas. Además, unos 15.600 euros cobró por su asistencia diaria y desarrollo de las funciones de Alcaldía-Presidencia por lo que Contas considera que "tendrían que ser retribuidas por las percepciones salariales".
 

TRAZO GASTÓ CASI 40.000 EN COMIDAS SIN IDENTIFICAR A LOS COMENSALES
Por su parte, en Trazo el Consello de Contas comenzó su fiscalización después de un litigio en los tribunales por supuesta malversación en el Ayuntamiento, que finalmente fue sobreseído. 

Sin embargo, se detectaron más de 87.000 euros en gastos incurridos por el alcalde entre 2014 y 2019 de los cuales más de 30.000 euros eran por dietas y unos 53.900 euros se registraron como gastos protocolarios. De estos últimos, casi 37.000 euros se destinaron a restauración.

Entre 2014 y 2019 gobernaba Trazo José Dafonte Varela (PP), que fue sucedido por su compañera de partido Josefina Suárez.  Dafonte Varela ya no está en el PP, contra el que piensa competir en los comicios de esta primavera.

"Los expedientes de los gastos por atenciones protocolarias solo contienen los justificantes de establecimientos de restauración, sin que se acredite la necesidad del gasto y se identifiquen los comensales, muchos de los cuales no reúnen los requisitos legales incluyendo la identificación del cliente, sin que se pueda determinar si efectivamente los gastos se realizan con fines protocolarios o representativos, su necesidad, y, en definitiva, si redundan en beneficio o utilidad de la Administración", explica Contas en el informe, que recomienda al municipio registrar sus gastos conforme se recoge en la legislación.
 

VALGA PAGÓ IRREGULARMENTE A VARIOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
José María Bello Maneiro (PPdeG) gobierna en Valga desde 1991 hasta ahora. En este municipio, Contas comenzó su fiscalización a partir de 2021 debido a las indemnizaciones por razón de servicio percibidas por los habilitados nacionales con nombramiento por acumulación en el Ayuntamiento, debido a que cuentan con otro puesto en otra localidad y también en esta.

"Las percepciones de dietas por desplazamiento de los funcionarios con habilitación nacional al Ayuntamiento acumulado no están previstas en el régimen jurídico aplicable, ni la justificación documental aportada puede considerarse como suficiente, motivo por lo que no se considera suficientemente justificada ni la percepción de las dietas, ni la justificación de estas", indica Contas, que cifra en más de 19.600 y casi 20.700 euros lo percibido por el interventor y el secretario, respectivamente, en gastos de desplazamiento y manutención entre 2017 y 2021.

Asimismo, también fiscalizó los importes percibidos por siete concejales por asistencia, que suman 87.440 euros entre junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, observando que se "incumplió" por parte del Ayuntamiento la normativa "en varios aspectos". Precisamente en 2019 se dio carpetazo judicial a una denuncia contra el gobierno local por el cobro de comisiones ilegales.