Pena Trevinca y otras cumbres calcinadas, la ceniza baja y deja sin agua potable a parte de Ourense mientras las administraciones se pelean

La grave contaminación de las captaciones de agua por el arrastre de residuos quemados ha dejado sin servicio o con importantes restricciones de potabilidad a miles de vecinos en Valdeorras y otras áreas de montaña.  No es de extrañar, el paisaje en las sierras, como Peña Trevinca, es desolador. El problema se agravará ahora que empiezan los primeros trenes de borrascas invernales. Como suele suceder, la culpa es huérfana, con las diferentes administraciones criticándose entre si con la excusa del laberinto competencia.

 El oriente de la provincia de Ourense está lidiando con una nueva y grave consecuencia de la catastrófica ola de incendios forestales que la asoló durante el pasado verano, calificado como uno de los peores de la historia reciente de Galicia. Las primeras lluvias intensas de la semana pasada, prolegómeno del tren de tormentas que se nos viene encima, han precipitado un escenario temido por alcaldes y ecologistas: el arrastre masivo de ceniza y otros residuos desde las cumbres calcinadas hacia las captaciones, contaminando de forma crítica el suministro de agua potable en comarcas como Valdeorras. Numerosas poblaciones, entre las que se encuentran Vilamartín de Valdeorras, O Barco, A Rúa o O Bolo, se han enfrentado a serias restricciones de potabilidad o a cortes completos del servicio.

La magnitud del desastre se gestó en un verano de devastación sin precedentes en Galicia. Las llamas arrasaron una parte sustancial del territorio gallego, con Ourense como la provincia más afectada. Los datos oficiales de la Xunta de Galicia situaron la superficie quemada en la provincia por encima de las 88.000 hectáreas solo en agosto, cifra que el sistema Copernicus de la Unión Europea eleva a 171.000 hectáreas en el conjunto de la comunidad durante el verano. Esta gigantesca destrucción incluyó puntos de altísimo valor ecológico y estratégico para los recursos hídricos gallegos, como el área de Pena Trevinca, el punto más alto de Galicia, donde nacen importantes cursos fluviales que ahora arrastran los residuos de la catástrofe.

El fuego tuvo un impacto desproporcionado en zonas clave para el ciclo del agua. El gigantesco incendio de Valdeorras, que llegó a ser considerado uno de los mayores jamás registrados en España, superó las 30.000 hectáreas, mientras que el de Chandrexa de Queixa afectó a más de 19.000, incluyendo zonas protegidas. La aniquilación de la vegetación en las laderas y cabeceras de los ríos, crucial para la retención del suelo y la filtración natural del agua, ha dejado el terreno completamente desprotegido ante las precipitaciones. Este panorama de gigantesca devastación explica ahora la extrema turbidez, e incluso la inutilización, del agua que llega a los hogares, poniendo en jaque la salubridad de muchas traídas municipales en el oriente ourensano. Hay que tener en cuenta que muchos municipios de la montaña captan el agua para la traída de los arroyos que nacen en las sierras proba.

La crisis de salubridad ha provocado un cruce de acusaciones entre las administraciones implicadas, poniendo en evidencia una posible falta de coordinación ante una emergencia post-incendios que todo el mundo veía venir. Visto lo visto, no se ha hecho lo suficiente.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha defendido las actuaciones realizadas por la Xunta a través de Augas de Galicia, asegurando que se hicieron "desde el minuto cero" y se concluyeron "incluso sábados, domingos y festivos" en las zonas de su competencia. Sin embargo, la conselleira ha instado públicamente a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), responsable de los ríos en parte del oriente de Ourense, a que actúe con "agilidad" frente al arrastre de cenizas, lamentando la lentitud en la respuesta interadministrativa.

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, se ha sumado a esta crítica, defendiendo que el Gobierno gallego ya ha comenzado con trabajos de acolchado con paja para evitar escorrentías. Ha contrapuesto esta acción con la gestión de las áreas dependientes de la CHD, a la que ha pedido "seriedad" y que tome ejemplo de la Xunta. Pazos Couñago ha cuestionado que, mientras en territorio de Augas de Galicia la responsabilidad es compartida con los ayuntamientos, en el ámbito de la Confederación parezca recaer solo en los municipios, instando al Gobierno central a asumir su parte.

Por su parte, la oposición política ha cargado contra la Xunta por su "inacción manifiesta" y la presunta falta de prevención ante esta crisis anunciada. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha advertido que las consecuencias de las escorrentías ya son visibles, dejando sin agua potable a miles de personas, especialmente en Valdeorras. Rodil ha reprochado al Ejecutivo gallego que busque "a quien echarle la culpa en vez de asumir responsabilidades" e intervenir sobre las zonas quemadas "antes de que comenzase a llover", una táctica que, según la nacionalista, es habitual en el Partido Popular. La crítica de la oposición se centra en que, a pesar de las advertencias previas, la Xunta no actuó con la celeridad necesaria. 

En la misma línea, la diputada del PSdeG, Carmen R. Dacosta, ha recordado que los socialistas ya habían avisado de que esta situación "iba a ocurrir" y que el Gobierno gallego "miró hacia otro lado". Dacosta ha puesto en valor el trabajo de la CHD, destacando que "está realizando actuaciones con 17 brigadas con cinco personas cada una en esta cuestión", contradiciendo las acusaciones de inactividad de la Xunta. La diputada socialista también ha señalado directamente a la Diputación de Ourense y a su presidente, Luis Menor, por supuestamente limitarse a "sacarse fotos y titulares" sin concretar la gestión prometida para abordar el problema.

Los regidores municipales, en primera línea de la emergencia, han expresado su profunda frustración. El alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, del PSOE, ha lamentado públicamente que la ayuda de las administraciones superiores haya llegado "tarde y a cuentagotas", a pesar de las dificultades inherentes para frenar un arrastre de tales dimensiones. El regidor de O Barco, Aurentino Alonso, ha confirmado los cortes de agua corriente en varias aldeas. La preocupación se ha intensificado al verse comprometido el servicio de la residencia de la tercera edad de Vilamartín, que atiende a unas 300 personas, subrayando el impacto social de la crisis de salubridad.

El regidor de Vilamartín ha insistido en la imperiosa necesidad de contar con personal técnico cualificado para evaluar la situación en profundidad y diseñar un proyecto integral que permita atajar el riesgo que suponen estas escorrentías. Los alcaldes han sido claros al señalar que conocen el terreno y habían estado advirtiendo de la posibilidad de este colapso en las captaciones desde hace meses. Además, el alcalde de Vilamartín ha alertado del peligro de riadas en caso de tormentas intensas, ya que la capacidad de encauzamiento de los arroyos se ha reducido significativamente a causa de la ceniza y los escombros.

Ante la emergencia, la Diputación de Ourense, a través del Consorcio de Augas de Valdeorras, y con la colaboración de la empresa AquaOurense, ha implementado medidas paliativas. Se han instalado fuentes provisionales de agua potable en áreas de O Barco, como la Praza de Viloira y la Avenida de Portugal, a petición del ayuntamiento, con el objetivo de mitigar las graves restricciones de potabilidad que afectan a la vida diaria de los vecinos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por establecer puntos de suministro alternativos y las labores de limpieza en las captaciones, la amenaza de la turbidez y la contaminación persiste, alimentada por las previsiones de nuevas lluvias intensas. La ceniza depositada en el terreno es movilizada constantemente por el agua, llegando a colapsar los sistemas de las traídas.  La urgencia pasa ahora por reforzar la asistencia a las personas con dificultades de movilidad, para quienes Protección Civil ha habilitado la distribución de agua embotellada.

Más allá de la emergencia coyuntural, este colapso en el suministro hídrico es la punta del iceberg de las consecuencias a largo plazo de los macroincendios. La extensión de la superficie calcinada, que superó el 15% del terreno forestal de Ourense según algunas estimaciones, deja claro que la magnitud de la tragedia va más allá de la temporada de fuego, afectando a la geología, la biodiversidad y, ahora, a la calidad de un recurso tan esencial como es el agua. Los regidores insisten en la necesidad de un proyecto integral y una dotación adecuada de medios y recursos para evitar que el monte gallego continúe siendo extremadamente vulnerable a la devastación y sus habitantes, a sus consecuencias.  

La Confederación Hidrográfica del Duero, a pesar de las críticas manifestadas por la Xunta , no ha respondido, pese a que Galiciapress le solicitó su punto de vista ayer.

Con todo, en semanas anteriores informó quedestinará 1,5 millones de euros a la restauración hidrológico-forestal de las zonas devastadas por los incendios en la provincia de Ourense (en la parte que pertenece a su demarcación). Se ha comenzado a actuar en la cuenca del río Bubal, que desemboca en el Támega, afectado por el incendio de Oímbra.

Estas acciones incluyen la ejecución de albarradas localizadas estratégicamente en vaguadas y torrenteras para frenar el sedimento que se origina con las lluvias. 

Hay que recordar que la comarca de Valdeorras está gestionada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). Esta institución no ha recibido las críticas de la Xunta. La CHMS inició trabajos de restauración en Valdeorras tras los incendios del verano. Se desplegaron cinco brigadas en municipios como Carballeda, Vilamartín, O Barco y Rubiá, con una inversión estimada que superaría los 3 millones de euros en una primera fase de seis meses. as intervenciones se centran en el dominio público hidráulico, con atención especial a las áreas próximas a las captaciones de agua de abastecimiento.