La Xunta traslada centro para mujeres con adicciones de O Porriño, donde gobierna el PP, a Santiago, del BNG

Más de un año después de prometer que Galicia contaría con un centro pionero para atender a mujeres víctimas de violencia de género con problemas de adicciones, la Xunta de Galicia ha decidido cambiar radicalmente de estrategia y de ubicación. Lo que en septiembre de 2024 fue presentado por el presidente Alfonso Rueda como un proyecto estrella para O Porriño, municipio dirigido por sus compañeros de partido, ha terminado aterrizando en Santiago de Compostela. La administración autonómica ubica así en  la capital gallega, bajo el mando de la nacionalista Goretti Sanmartín, un recurso asistencial de gestión compleja que no ha logrado materializar en el feudo popular tras doce meses de gestiones infructuosas.

La maniobra ha sorprendido por el cambio de guion y por los tiempos manejados desde San Caetano. Fue a finales del verano de 2024 cuando el Ejecutivo autonómico garantizó que el primer centro de acogida integral para mujeres con patología dual —la combinación de violencia machista y drogodependencias— se instalaría en la localidad pontevedresa. Sin embargo, el proyecto se ha topado con la realidad de una gestión que no ha avanzado al ritmo esperado, llevando a la Consellería de Política Social a buscar una alternativa urgente para no perder la financiación comprometida. El traslado a Santiago se presenta ahora como la solución de emergencia ante el evidente retraso acumulado en la ejecución de este servicio. Más de un año después del primer anuncio de una inversión de 3,6 millones, la Xunta no tiene nada concreto qué mostrar, más allá del anuncio de cambio de ubicación. Hay que tener en cuenta que el Gobierno anunció que el centro se haría con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el acceso a esos fondos caduca.

El movimiento tiene una innegable lectura política que va más allá de la mera gestión de servicios sociales. La Xunta retira este recurso de un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, donde su alcalde Alejandro Lorenzo acogió inicialmente la idea con entusiasmo, para implantarlo en una ciudad regida por el Bloque Nacionalista Galego. No es la primera vez que desde la administración autonómica se toman decisiones de calado que afectan a la capital sin que exista una sintonía previa o una planificación conjunta con el gobierno local, lo que suele tensar las costuras de la lealtad institucional entre ambas administraciones.

Un perfil de alta complejidad

La naturaleza del centro requiere una ubicación y unos recursos muy específicos, dado que las usuarias son mujeres que sufren una doble vulnerabilidad extrema: el maltrato y la dependencia de sustancias. Los expertos en intervención social advierten que estos dispositivos no son simples albergues, sino unidades terapéuticas que necesitan personal altamente cualificado y un entorno que garantice la seguridad tanto de las víctimas como de la convivencia en la zona. La elección de O Porriño se justificó en su momento por la disponibilidad de un inmueble y la supuesta agilidad administrativa, pero la realidad ha demostrado que la planificación inicial no fue tan sólida como se vendió en la propaganda institucional. 

Es habitual que este tipo de infraestructuras generen cierta inquietud vecinal si no se explican con pedagogía y transparencia antes de su apertura. Los centros de atención a adicciones, aunque necesarios y obligatorios por ley, a menudo despiertan el temor al deterioro de la convivencia o a problemas de seguridad en los barrios receptores. Al trasladar el proyecto a Santiago, la Xunta traslada también esa posible tensión social a un ayuntamiento de distinto color político, liberando al gobierno local de O Porriño de gestionar el posible rechazo social o las dudas que pudieran surgir entre sus vecinos. 

Por su parte, el gobierno de Goretti Sanmartín en Santiago se encuentra con un hecho consumado que deberá gestionar de la mejor manera posible para, sin poner obstáculos a la atención a las mujeres, lidiar con los temores de inseguridad que pueda provocar.