Los ingenieros forestales de la Xunta avisan: la 'nueva' moratoria podría disparar la expansión del eucalipto

 La gestión forestal en Galicia afronta un momento crítico y las voces autorizadas que conocen el terreno desde dentro han decidido no callar. La Asociación de Enxeñeiros Forestais de Galicia (APENFOGA), el colectivo que agrupa a los técnicos expertos que trabajan directamente para la administración autonómica, ha emitido un severo análisis sobre la actualización de la moratoria del eucalipto. 

Su veredicto es claro: la supuesta contención que vende el Gobierno gallego podría convertirse en un efecto bumerán. Según su valoración técnica, las nuevas vías de flexibilización introducidas en la ley de medidas fiscales y administrativas para 2026 amenazan con que esta especie invasora siga ganando terreno de forma silenciosa pero constante.

El núcleo de la polémica reside en la modificación de la disposición transitoria que regula la prohibición de nuevas plantaciones. Aunque sobre el papel la Xunta mantiene el veto hasta 2030, la letra pequeña del texto introduce excepciones que, a juicio de los ingenieros, son agujeros por donde se puede colar la expansión del monocultivo. APENFOGA advierte explícitamente de que temen que estas medidas favorezcan "que el incremento sea aún mayor y nos desviemos cada vez más del objetivo superficial recogido en el Plan Forestal de Galicia". 

La preocupación  no es baladí, porque se está legislando sobre un escenario de fracaso previo: la moratoria estricta vigente desde 2021 no ha logrado detener el avance del eucalipto, y abrir la mano ahora sin corregir los errores pasados puede parecerle a muchos una temeridad.

Para entender la gravedad de la advertencia de los funcionarios, es necesario mirar los datos que han sacudido el sector recientemente. El Inventario Forestal Continuo de Galicia, elaborado por la Universidad de Vigo y hecho público hace escasos días, ha puesto cifras al problema: existen ya cerca de 440.000 hectáreas de eucalipto en la comunidad. Esta cifra no solo supera con creces las previsiones, sino que confirma que durante los cuatro años y medio de prohibición teórica, de  la moratoria vigente hasta hace nada, la superficie ocupada por esta especie ha seguido creciendo. Los ingenieros lamentan profundamente que, ante esta evidencia, no se haya realizado un diagnóstico serio sobre por qué las medidas anteriores fueron ineficaces antes de proponer nuevas fórmulas que relajan la vigilancia.

La crítica de APENFOGA va más allá de la simple estadística y apunta a una clave de la política forestal del Gobierno gallego: la falta de planificación. Los técnicos denuncian que la administración está incumpliendo su propia legislación al no tener desarrolladas las herramientas básicas de ordenación del territorio. Faltan por aprobar los Planes de Ordenación de Recursos Forestales (PORF), los planes de prevención de distrito y el mapa de usos agroforestales. Sin esta brújula que indique qué se puede plantar y dónde, cualquier medida de flexibilización es, en opinión de los expertos de APENFOGA, un ejercicio de improvisación que hipoteca el futuro del medio rural gallego.

Las nuevas excepciones que más inquietan a los ingenieros son las que permiten, en función de la nueva moratoria light, plantar eucalipto en superficies donde los pinos estén afectados por enfermedades, como la banda marrón, y aquellas vinculadas a derechos de superficie. Desde la asociación de expertos alertan de que estas vías generan dudas razonables sobre su repercusión final, ya que carecen de procedimientos claros de control. Advierten que sustituir pinares enfermos por eucaliptales bajo la excusa de la sanidad vegetal es una puerta trasera que puede transformar el paisaje de forma irreversible. Sin un control exhaustivo, estas "excepciones sanitarias" podrían convertirse en la norma habitual para justificar nuevas plantaciones en zonas donde hasta ahora predominaban otras especies, agravando la homogeneización del monte.

La batalla entre la industria y la biodiversidad

Este debate técnico se inserta en una guerra de intereses mucho más amplia que divide a la sociedad gallega. Por un lado, la potente industria maderera y pastera, con Ence a la cabeza, presiona para garantizarse el suministro de materia prima barata y cercana. Por otro, los colectivos ecologistas y una parte creciente de la sociedad rural reclaman un modelo más diverso que apueste por las frondosas autóctonas y reduzca el riesgo de incendios y la pérdida de biodiversidad. En medio de esta polarización, los ingenieros de la Xunta  se quejan de que ellos, que están en primera línea, carecen de herramientas usficientes: denuncian la falta de medios materiales y humanos en los distritos forestales para fiscalizar las nuevas autorizaciones, lo que deja a los empleados públicos en una situación de inseguridad jurídica y al monte a merced de la picaresca. Basta con darse una vuelta por cualquier monte gallego para darse cuenta que la moratoria no se está cumpliendo, como no se cumplió durante décadas la prohibición de plantar eucalipto en terrenos agrícolas.

Además, no existe ningún estudio de impacto sobre cómo afectarán estas medidas de flexibilización de aquí a 2030. APENFOGA subraya que legislar a ciegas, sin estimar las repercusiones en el territorio, es irresponsable. El temor es que, al llegar a la fecha límite de 2030, la realidad haya superado cualquier capacidad de gestión, consolidando una superficie de eucalipto imposible de revertir. Los técnicos insisten en que cualquier regulación debería basarse en una organización espacial del recurso, decidiendo primero qué modelo de país queremos, en lugar de dejar que la inercia económica dicte la configuración del paisaje.

La situación descrita por los ingenieros dibuja una administración que corre detrás de los hechos consumados. Durante casi un lustro de moratoria, no se aprovecharon los tiempos para dotar al territorio de los instrumentos de planificación prometidos. Ahora, con la presión de la industria y los propietarios forestales aumentando, la Xunta opta por una vía intermedia que no satisface los criterios técnicos de sus propios trabajadores. La advertencia es clara: sin rigor, sin medios y sin planes de ordenación (PORF), la flexibilización no es una solución, sino un agravante del problema.