Echan al juez Luis Villares y a sus compañeras de la sala que juzga las eólicas y el Cunqueiro

El magistrado ex-líder de En Marea llevaba años en el punto de mira de los conservadores y de los empresarios vinculados a la energía eólica. Ambos interpretaban que las sentencias contrarias a los intereses de la Xunta y de los empresarios estaban contaminadas por el pasado activismo político de Villares. 

Ahora, la resolución de Recio les da la razón. La nueva  presidenta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia alega que toma la decisión para defender la imagen de imparcialidad de la Sala, argumentando que en el Supremo están pendientes pleitos en los que se alega, precisamente, que Villares no puede juzgar temas sobre los que tomo una posición explícita cuando era líder de la marea. Además, el Supremo ya dictó tres sentencias sobre el Cunqueiro que anula una setencia del TSXG precisamente debido a la participación de Villares.
 

Recio, que derrotó hace poco a Villares en la competición por el puesto, va un paso más allá y traslada a dos magistradas más, compañeras de Villares en la citada Sala, según la resolución que acaba de adelantar Radio Galicia. Eso sí, en su caso no lo hace alegando protección del prestigio de la judicatura, sino indicando que el cambio abre una oportunidad de crecimiento personal para las juezas. 

La decisión levantará polvareda política. Xuíces y xuizas pola Democracia ya ha publicado un comunicado que la crítica, alegando que se sale del cauce habitual. El colectivo que agrupa a los jueces progresistas queda desmantelado. 
 

Hasta ahora, la jurisprudencia había apuntado que un juez que había estado en política no tenía porque apartarse de determinados casos. El argumento era que, de hacerlo, se estaba vulnerando en la práctica el derecho de estas personas a participar en política. 

Sin embargo, en enero el Tribunal Supremo emitió tres sentencias que anulaban decisiones del TSXG sobre el hospital de Vigo alegando que cuando era político tomó partido sobre el tema, demandando que el Hospital Álvaro Cunqueiro pagase el IBI.

Hay que recordar que las decisiones contra los permisos ambientales a las eólicas o referidas al Cunqueiro no las dictó Villares en solitario. Las dictó junto con otros magistrados. Todos ellos son trasladados forzosamente.
 

Luis Villares, un juez con pasado político que levanta ampollas entre la patronal

Luis Villares lleva años siendo el nombre que muchos pronuncian en voz baja  Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Sala a cuya presidencia se postuló recientemente sin éxito,  su historia es la de alguien que dejó la toga por el escaño, y que a su vuelta a los tribunales se encontró juzgando asuntos sobre los que había tomado partido públicamente.

Villares saltó a la primera línea política en 2016, cuando encabezó la candidatura de En Marea a la presidencia de la Xunta de Galicia. Aquella coalición, que aglutinaba a Podemos, Anova y Esquerda Unida, convirtió al magistrado en el rostro de la izquierda rupturista gallega. Durante su etapa parlamentaria, Villares se implicó en numerosas causas, desde la crítica al modelo de gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, defendiendo que la empresa concesionaria debía pagar el IBI sin exenciones, hasta su apoyo público a plataformas vecinales contrarias a determinados proyectos eólicos, como el polémico parque de O Iribio o el de Sasdónigas en Mondoñedo. 

En 2020, sin renovar como líder de una En Marea ya en descomposición, decidió reincorporarse a la judicatura.

Al volver a los juzgados, Villares pasó a integrar la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del TSXG, precisamente el órgano que resuelve los recursos sobre autorizaciones administrativas, permisos medioambientales y contratos públicos. 

EL CASO SASDÓNIGAS: CUANDO EL PROPIO JUEZ PIDE APARTARSE

El primero de los episodios relevantes tuvo lugar con el parque eólico de Sasdónigas, en Mondoñedo. Cuando las sentencias que lo habían anulado entraron en fase de ejecución —el parque seguía funcionando pese a estar judicialmente derogado—, el procedimiento le fue turnado a Villares.

El magistrado decidió pedir voluntariamente su abstención. En su escrito, reconoció que durante su etapa como cargo público había sido informado de forma específica por los colectivos que recurrieron la instalación y que, en alguna de esas reuniones, hizo "manifestaciones públicas sobre los concretos motivos de impugnación que afectaban al parque eólico Sasdónigas". Fue claro: "Mi intervención no fue una crítica política más o menos general, sino particularizada en un procedimiento concreto que estaba judicializado". Una autocrítica que, sin embargo, no se extendió a otros casos igualmente polémicos.

Porque Villares siguió participando en sentencias que paralizaban proyectos eólicos en Galicia. Durante los últimos años, el TSXG tumbó o suspendió cautelarmente docenas de parques eólicos que contaban con el visto bueno de la Xunta: el Lagoa II en Zas, el Roncudo en Corme, el Bustelo de Greenalia en Coristanco, y los parques de Campelo y Monte Toural, entre otros. En varios de estos fallos, Villares fue el magistrado ponente. Ningún compañero de sala votó en contra de sus dictámenes, lo que dificulta la acusación directa pero no frenó las suspicacias. La Xunta y la patronal eólica cargaron -sin nombrar al juez, tirando la piedra y escondiendo la mano- contra las sentencias sin atreverse a citarle por su nombre, mientras el sector energético alertaba de que estaban en solfa más de 4.200 millones de euros en inversiones y la creación de unos 4.800 empleos a cinco años vista.

En defensa del magistrado, la sección gallega de Jueces para la Democracia denunció lo que calificó de "ataque personal a un órgano judicial entero a través del ataque a un magistrado". El BNG y el PSdeG también salieron en su apoyo, denunciando una campaña de presión contra el tribunal.

EL SUPREMO INTERVIENE: CUATRO SENTENCIAS ANULADAS

Sin embargo, el caso que más daño hizo a la imagen de Villares fue el del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La concesionaria del único hospital gallego construido bajo la polémica  fórmula de colaboración público-privada acumuló varios litigios contra la Xunta y el Sergas por cuestiones económicas: el pago del IBI de 2019, la compensación por la reducción de tarifas del aparcamiento y la liquidación de servicios de los primeros meses de funcionamiento. En primera instancia, un juzgado de Santiago dio la razón a la empresa. La Xunta recurrió y el TSXG, en sentencias en las que participó Villares, revocó esos fallos favorables a la concesionaria. 

La empresa denunció un "cambio en el sentido de las resoluciones" desde la incorporación del magistrado a la sala y solicitó su recusación, argumentando que durante su etapa política había exigido públicamente que la concesionaria pagase el IBI y había promovido iniciativas contra el modelo de gestión del hospital. La recusación inicial fue rechazada por el propio TSXG.

Pero el Tribunal Supremo dio la razón a la empresa. En una serie de fallos dictados entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el alto tribunal anuló cuatro sentencias del TSXG y ordenó rehacer los procedimientos con una sala de composición diferente, que garantizase "el derecho a un juez imparcial" conforme al artículo 24 de la Constitución. El Supremo consideró que las manifestaciones políticas previas del magistrado generaban un "riesgo objetivo" de parcialidad. No entró en el fondo de los asuntos económicos, pero su mensaje fue inequívoco: Villares no debió haber participado.

LA PRESIDENCIA QUE NO LLEGÓ

Las turbulencias judiciales tuvieron consecuencias directas en las aspiraciones profesionales de Villares. Cuando la presidencia de la Sala Tercera del TSXG quedó vacante en septiembre de 2025, el magistrado optó a la plaza, compitiendo con la magistrada María Azucena Recio. Ambos defendieron sus propuestas ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial el 4 de diciembre. Pero la falta de consenso, en buena parte motivada por las reticencias ante el perfil político del candidato, obligó a retirar la designación del orden del día. Días después, el Supremo dictó el primer fallo anulando una de sus sentencias sobre el Cunqueiro. En enero de 2026, con la polémica en su punto más alto, el Consejo finalmente concedió la plaza a su rival. Villares se quedó sin la presidencia.

El magistrado no ha hecho declaraciones públicas sobre los fallos del Supremo relativos al Cunqueiro. Su posición más cercana al asunto la expresó en el caso Sasdónigas, cuando reconoció que su pasado político le hacía susceptible de que "a vista de un observador externo, podría verse comprometida" su imparcialidad. Una frase que, a la luz de lo ocurrido después, retrata bien los argumentos que sus rivales han utilizado para hacer descarrilar su carrera judicial.