Las obscenidades de los que echan a Luis Villares

Se trata de apartar a quienes buscan una justicia independiente y garante de la igualdad ante la ley para evitar que continúen los abusos en Galicia

Una de las muchas pruebas de los déficits democráticos que esconde España es la obscenidad con la que los poderosos —bancos, constructoras, oligopolios— ejercen su poder y garantizan sus enormes ganancias. Este poder cuenta con el apoyo de élites políticas, judiciales y de los cuerpos de seguridad, recibiendo además la cobertura mediática de medios de información y opinión subvencionados. Se trata de un poder que, después de cinco décadas, permanece inamovible, evidenciando que para estos poderosos las ganancias nunca son suficientes; por ello, revierten con regularidad el funcionamiento de la democracia sin importarles que sea de forma escandalosa.

Esta subversión adopta múltiples formas que van desde corromper a una clase política fácilmente manejable hasta subvencionar una prensa para que ataque a las fuerzas sociales democráticas, mientras oculta la realidad y monta una paralela acorde a sus intereses. También incluye el uso de miembros destacados de los poderes judicial y policial para defender esos intereses, incluso saltándose las leyes y la democracia. Un método clave para conseguir los favores de estas élites es el fenómeno conocido como "puertas giratorias".

Las "puertas giratorias" son un procedimiento que facilita el paso de políticos y magistrados del servicio público a la empresa privada, y viceversa, lo que permite a las corporaciones mantener un enorme poder de influencia en los gobiernos y en la justicia. En España son célebres los casos de expolíticos socialdemócratas y conservadores que pasaron de altos cargos en la administración pública a puestos directivos en empresas del IBEX35.También se dan casos de miembros del poder judicial que se trasladan a la gran empresa privada.

Este funcionamiento explica que en España asistamos a escándalos de corrupción política y judicial que parecen no tener fin. Ejemplos de esto son gobiernos legislando a favor de los poderosos, como el rescate bancario tras una crisis provocada por la avaricia, o el marco legal de los oligopolios que permite estafas en los precios de carburantes y electricidad]. Asimismo, existen instituciones destacadas del poder judicial que favorecen a estas élites mientras persiguen a dirigentes de izquierdas.

Estos escándalos evidencian cómo hay partidos que se alimentan de la corrupción, como el Partido Popular (PP), con una lista infinita de casos que afectan tanto a la organización como a sus directivos. La situación afecta también a magistrados que parecen pensar que "la justicia soy yo", dictando sentencias increíbles y sin límites aparentes. Es notable el trato diferenciado: mientras se persigue con saña a políticos de izquierda como Pablo Iglesias, Irene Montero o Pedro Sánchez, se protege a políticos de derecha involucrados en numerosos casos, como ha ocurrido con figuras vinculadas al PP en Valencia o Madrid.

Si defiendes los intereses de los poderosos, no tendrás problemas con la justicia; si los atacas o intentas rebajar sus ganancias, serás perseguido. Esta lectura afecta incluso a magistrados honestos. Recientemente, hemos visto la injusta defenestración del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por defender la honorabilidad de la Fiscalía frente a las mentiras de las derechas madrileñas lideradas por Isabel Ayuso, cuya pareja cometió delitos de fraude fiscal y corrupción.

En Galicia, la nueva Presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha desmantelado la Sección 3ª, la cual casualmente gestionaba los procesos judiciales sobre parques eólicos y concesiones hospitalarias, como la del Hospital Álvaro Cunqueiro. Este criterio presidencial se percibe como arbitrario y solo comprensible por la influencia de los poderosos sobre el poder judicial, al que le molestan magistrados como Luis Villares Naveira que defienden una justicia igual para todos.

Estas decisiones arbitrarias afectan gravemente a la imagen e independencia del TSXG, sugiriendo que el poder judicial podría estar doblegándose a intereses particulares. En definitiva, se trata de apartar a quienes buscan una justicia independiente y garante de la igualdad ante la ley para evitar que continúen los abusos en Galicia.