Un debate descafeinado

Cabría esperar que el Debate sobre el estado de la Autonomía fuese uno de los momentos estelares de la actividad parlamentaria en Galicia. Un momento en el que el Gobierno gallego explicase, y defendiese, su acción de gobierno y la oposición hiciese su crítica al tiempo que presenta una alternativa. Todo ello dentro de una atmósfera de respeto y comportamiento democráticos. Nada de esto sucede. Las evidencias nos muestran cómo desde que se viene celebrando este debate, con el Partido Popular de Galicia disponiendo de una mayoría absoluta parlamentaria, aquel es un debate descafeinado sin apenas resonancia entre la ciudadanía. Las razones aparecen muy claras.

El Partido Popular de Galicia (PPdeG) utiliza su mayoría absoluta para controlar con mano de hierro que la actividad parlamentaria de los demás pueda servir para cuestionar su hegemonía y sí para confirmarla. Con un reglamento hecho a su medida, pensado para el lucimiento del PPdeG y el paralelo oscurecimiento de la oposición (BNG, PSdeG), el debate sobre el estado de la autonomía termina convirtiéndose en un acto que el primero aprovecha tanto para atacar al Gobierno español de turno (PSOE/Sumar) como para buscar deslegitimar y ridiculizar a la oposición (BNG/PSdeG).

En el último Debate sobre el estado de la Autonomía, celebrado en estos días, el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Alfonso Rueda, en vez de aprovechar la ocasión para explicar y defender su acción de gobierno, dedicó la mayor parte del tiempo, como señalaba, a criticar al Gobierno central. Como prueba de lo subrayado tenemos la evidencia, recogida por la prensa independiente de Galicia, de que una gran parte de su intervención se centró en reclamaciones al Gobierno central: el 70% de las propostas de resolución fueron reclamaciones al Ejecutivo central.

Con este proceder, los ciudadanos interesados en el debate se quedan sin saber, por boca del presidente de la Xunta, el estado de la autonomía en materias tan relevantes como el marco institucional, la financiación y la fiscalidad, el medioambiente, el empleo y el bienestar, la igualdad de género, etc. Asuntos que afectan a la vida diaria de los ciudadanos gallegos, en los que la Xunta de Galicia tiene amplas competencias y, por tanto, responsabilidades de las que debe dar cuenta.

Como triste anécdota que revela el nivel de la intervención del señor Rueda, digamos que, por ejemplo, en algo tan relevante como el empleo, la preocupación del Gobierno gallego parece estar en las bajas laborales; en vivienda —que ocupa el centro de la preocupación de muchos ciudadanos—, centrarse en la demanda cuando el problema está en la oferta; en enseñanza, poner el foco en la preocupación por las agresiones al personal docente; en sanidad, repetir el enésimo anuncio sobre unas reformas de la atención primaria que nunca se ponen en marcha ignorando las demandas ciudadanas; en atención a los mayores y a los dependientes, insistencia por las ayudas al sector privado pareciendo ignorar el lamentable estado en que está el sector, y así sucesivamente.

En el turno de intervenciones de los miembros del Gobierno, su portavoz parlamentario, el señor Pazos Couñago, siguiendo la senda marcada por su antecesor, el señor Tellado Filgueira, utilizaría su tiempo para, en el más puro estilo tabernario, insultar a la oposición («señorías, tengo aquí la güija del BNG que nunca falla»). Un comportamiento que le hace un enorme daño a una institución democrática tan relevante como es el Parlamento, al tiempo que sitúa a la clase política gallega en la diana a la hora de las descalificaciones ciudadanas, lo que favorece el auge de las fuerzas antisistema y totalitarias que siembran odio.

En este escenario parlamentario fijado por el Partido Popular de Galicia, que se ve alimentado y defendido por una prensa subvencionada que es atronadoramente mayoritaria, los partidos de la oposición, empeñados en el lucimiento particular, no parecen ser capaces de romper los estrechos e incómodos marcos. Una situación de la que no se debería culpar en exclusiva a la forma caciquil y antidemocrática de ejercer el poder por parte de las derechas gallegas, porque hay algo que debería estar clarísimo: esa hegemonía no la va a romper un solo partido político, sino la unión de todos los partidos progresistas a caballo de las reivindicaciones ciudadanas. Una unión que precisa de trabajo común y confianza mutua sin por ello renunciar, en absoluto, a la propia ideología y estrategia a largo plazo, a la propia personalidad política.

¿Tan difícil es que, por ejemplo, el BNG y el PSdeG-PSOE lleguen a un acuerdo, aunque sea de mínimos, sobre temas estratégicos como la reforma institucional, la financiación y la fiscalización autonómicas, el medioambiente, el empleo y los servicios públicos, la igualdad de género...? Un acuerdo que las mayorías sociales apoyen para así cabalgar juntos hacia una meta que no deberá ser otra que la de un cambio de gobierno y de políticas.