El oligopolio eléctrico y el interés común

Hace unas semanas en Galicia tuvimos ocasión de comprobar el enorme poder político y judicial, además del económico, que tiene el oligopolio eléctrico en España. Un poder que viene de antiguo y al que no le importa subvertir la democracia si lo considera necesario para conservar, e incluso incrementar, sus enormes ganancias.

En este marco es donde tenemos que situar lo que acaba de pasar en el TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) en relación con el cambio de titulares de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del susodicho tribunal. Algo que, en principio, no parecería relevante si no fuera porque en esa sala era donde se ejercía el control judicial sobre la legalidad de los nuevos proyectos eólicos y se atendían las demandas populares. Un control que venía siendo muy bien valorado por la ciudadanía, ya que estaba frenando muchos de los continuos y reiterados abusos de las eléctricas que, en estos menesteres, contaban con el apoyo de la Xunta de Galicia, a la que no parecía importarle que no pocos de esos proyectos se quisieran instalar, por ejemplo, en parques naturales o áreas de especial relevancia ecológica. Una vez más, el poder del oligopolio eléctrico español pasa por encima del interés general para lo cual, en este caso, cuenta con el apoyo del gobierno gallego de turno.

Señalemos que, según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), las operadoras eléctricas que dominan el sector en España son Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Casualmente esas mismas operadoras (a las que tendríamos que sumar Acciona, Eurovento y Enel Green Power, entre otras menores) son quienes, a su vez, se están llevando una gran tajada de los parques eólicos en Galicia gracias a "concesiones irregulares" por parte de la Xunta de Galicia, en las que la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático pareciera actuar como si formara parte de ese oligopolio más que como una administración pública que vela por el interés general.

¿De dónde le viene ese enorme poder al sector eléctrico español? En primer lugar, de su condición de oligopolio. En segundo lugar, de que en los Consejos de Administración de las principales eléctricas que lo componen se sienta un número incontable de antiguos gobernantes y dirigentes políticos (presidentes de gobierno, ministros, directores generales, consejeros autonómicos) generosamente retribuidos. Una práctica que se dispararía tras la liberalización del sector (1997) y que se conoce como "puertas giratorias". Como dato curioso a destacar, está el hecho de que estas empresas, a la hora de escoger sus fichajes, tienen gustos políticos diferentes: mientras que, por ejemplo, Iberdrola escoge políticos de derechas (PP, PNV), Endesa no pone reparos ideológicos (PP, PSOE, CiU), aunque globalmente son el PP y el PSOE quienes se llevan la parte del león.

Esta fluida comunicación con el poder político —también con el poder judicial— es la que explica que este oligopolio pueda cometer continuos abusos y gozar de incontables privilegios que pagamos los ciudadanos. Es una situación que viene de bastante atrás, del franquismo, cuando se fraguó el citado oligopolio que permitiría a un número reducido de empresas actuar a su antojo. Una situación que no cambiaría con la democracia; así, si en el año 1983 las eléctricas fueron "rescatadas" con dinero público —rescate justificado como "compensación" por los perjuicios derivados de la moratoria nuclear—, en los años siguientes la fijación de precios de la electricidad fue un rosario de continuos abusos: consumos sobrevalorados por fallos en los contadores, cobros por el "término de potencia", fijación arbitraria y excesiva de las tarifas eléctricas o cobros abusivos por el alquiler de los contadores.

Estos abusos aumentaron con la liberalización del sector (1994-1997), cuando se abrió la puerta tanto a que este oligopolio llegara a controlar todas las fases y niveles del mercado eléctrico como a que continuaran, e incluso se ampliaran, los abusos. Ejemplo de ello fue la imposición de los llamados "costes de transición a la competencia" (1997), que fueron un auténtico escándalo, o la aprobación del "déficit de tarifa" (2000), un sistema maximalista de cálculo del precio de la luz que supuso un nuevo privilegio para las eléctricas que controlan la oferta y la demanda mayorista. Y podríamos seguir, incluso citando ciertas prácticas mafiosas como las que puso en marcha este oligopolio (amenazando con un cierre "desordenado" de las centrales nucleares) cuando el gobierno de Pedro Sánchez (2021) intentó frenar una subida desmesurada e injustificada del recibo de la luz.

Solo cabe añadir que este poder de influencia sobre los gobiernos de turno y también sobre instancias del poder judicial (gracias a tener a sueldo a figuras relevantes de ambos poderes) se ve ampliado por la protección que le aportan no pocos medios de información y comunicación, quienes les garantizan la ausencia de críticas o la puesta en cuestión de su comportamiento abusivo y avaricioso.

Un poder de influencia que le permite al sector eléctrico español seguir gozando de inauditos privilegios que nada tienen que ver con razones de mercado y que continúan con la expansión de las energías renovables cuando, como señalaba antes, gracias al apoyo de los gobiernos de turno, vuelven a gozar de las ventajas de ser un oligopolio. Ventajas que, como estamos viendo ahora, les permiten forzar el desplazamiento de magistrados que, cumpliendo con su obligación profesional, intentan frenar sus abusos defendiendo los derechos de la ciudadanía.

Finalmente, quedaría agradecer a estos magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG su valiente defensa del interés público, que sirve para sacar a la luz los abusos del oligopolio eléctrico y para que muchos políticos, juristas y periodistas queden retratados.