El PSdeG denuncia que el Pladiga llega cinco meses tarde ante un verano que se prevé intenso en incendios

El Pladiga 2026, el plan que regula la prevención y defensa contra los incendios forestales en Galicia, llega a este verano con un retraso de cinco meses sobre el plazo legal. La ley obliga a tenerlo publicado antes del 31 de octubre del año anterior, pero no fue hasta el 23 de marzo cuando el Consello da Xunta abordó su aprobación, lo que la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta califica de planificación caducada. La parlamentaria del PSdeG responde así a las declaraciones del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, quien reconoció que Galicia se enfrenta a incendios en escenarios completamente nuevos, marcados por el cambio climático.

Dacosta subraya que los expertos llevan años advirtiendo de la llegada de incendios de quinta y sexta generación, fuera de toda capacidad de extinción, y que la Xunta ha seguido apostando exclusivamente por un modelo reactivo. A su juicio, el Ejecutivo autonómico llega siempre tarde. La diputada recuerda además que el pasado 23 de marzo la Xunta se limitó a presentar un borrador, sin que llegara la aprobación formal del documento.

Lo más llamativo del propio borrador, según la socialista, es que ya asume un escenario de destrucción mayor: la superficie que se prevé que arda no superaría las 29.200 hectáreas, un umbral muy superior al establecido el año pasado, cuando se situaba en 18.500. Para el PSdeG, ese dato no es una previsión técnica neutra, sino la constatación de que la Xunta sabe que la situación empeorará.

La sombra del 2025

El contexto que rodea este debate es demoledor. El verano de 2025 ardieron cerca de 120.000 hectáreas en Galicia, especialmente en agosto, con 673 fuegos. El incendio de Larouco, en Ourense, fue el más grande de la historia de la comunidad, con cerca de 32.000 hectáreas calcinadas. La campaña dejó 2.200 confinamientos y 400 evacuaciones. Dacosta advierte de que, si la Xunta sigue confiando todo a la reacción y a la propaganda, Galicia está condenada a repetir o incluso a empeorar ese balance catastrófico.

La diputada también reclama el cumplimiento del dictamen parlamentario de julio de 2018, aprobado por tres cuartas partes de la cámara gallega tras la oleada de incendios de octubre de 2017. Ese documento recogía 123 recomendaciones sobre prevención, extinción y ordenación forestal que, a su juicio, siguen sin aplicarse en su totalidad. El anteproyecto de ley de lucha contra incendios, anunciado por la Xunta en 2021 a raíz de aquella comisión parlamentaria, acumula también años de retraso en su tramitación. 

En la última década, un tercio de la superficie de los parques naturales gallegos ha ardido, con más de 15.600 hectáreas y 188 incendios registrados, lo que da dimensión a la magnitud del problema estructural que denuncia la oposición.

La Xunta defiende su plan

Frente a estas críticas, el Ejecutivo gallego defiende que el Pladiga 2026 es el más ambicioso hasta la fecha. El presupuesto para prevención de incendios sube a 75 millones de euros, un 50% más que el año anterior, y se incorporan 42 nuevas brigadas en periodo de alto riesgo, lo que supone 168 efectivos más, además de cuatro medios aéreos adicionales. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, defendió ante las críticas por los plazos que el Pladiga es un documento vivo y que el de 2025 permanece vigente hasta que se apruebe el nuevo, por lo que no existe vacío de planificación.

Gómez también valoró adelantar a marzo la presentación del plan ante el Consello Forestal como una mejora respecto a años anteriores. Sin embargo, algunos representantes de colectivos presentes en esa reunión mostraron su malestar porque el documento del Pladiga se entregó con solo 48 horas de antelación, un plazo que consideraron insuficiente para analizarlo y presentar enmiendas.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) también denunció que la Xunta anunció las novedades del plan ignorando a la representación del personal que trabaja en los fuegos, y reclamó aclarar si el refuerzo irá al SPIF, a la empresa pública Seaga o servirá para profundizar en la externalización hacia los municipios. El PSdeG, por su parte, exige a la Xunta prevención durante todo el año, cumplimiento de plazos, no trasladar competencias a los ayuntamientos sin recursos y poner en marcha los planes de ordenación de recursos forestales.