Yolanda Díaz advierte a la Xunta que el plan para limitar las bajas por depresión es ilegal

Alfonso Rueda anunció durante el Debate sobre o Estado da Autonomía, celebrado esta semana en el Parlamento de Galicia, un programa integral para intensificar el control sobre las bajas laborales en la comunidad. 

El presidente de la Xunta lo presentó como una respuesta urgente a un problema que, según sus palabras, está "lastrando la productividad" de la economía gallega: cada día, cerca de 70.000 personas se ausentan del trabajo por incapacidad temporal, y las bajas supusieron una pérdida estimada de más de 2.200 millones de euros, en torno al 3% del PIB regional. El plan prevé crear unidades especializadas centradas en las patologías más frecuentes, como las lesiones musculoesqueléticas y los trastornos de lo que Rueda denominó "psiquiatría menor", y otorgar a las mutuas privadas mayor protagonismo en la revisión de esas incapacidades. Si una mutua propone el alta, la inspección sanitaria del Sergas la ratificaría, salvo en caso de duda.

 “Estas unidades servirán de apoyo a los médicos de atención primaria que gestionan las bajas”, explicó Rueda, al tiempo que indicó que también se reforzará el papel de las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales.

La respuesta del Gobierno central no tardó en llegar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, calificó hoy  la iniciativa de "absolutamente ilegal" y advirtió que si la Xunta la materializa, el Ejecutivo presentará un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias estatales. Díaz realizó estas declaraciones en A Coruña, donde participaba en el cierre del proyecto itinerante Formación en Ruta. La ministra argumentó que la competencia para decretar altas y bajas corresponde exclusivamente a los médicos de la sanidad pública, y que ampliar el papel de las mutuas supone una privatización encubierta de la gestión sanitaria.

Una medida que "mata dos pájaros de un tiro"

Díaz fue más allá de la crítica técnica. Según la ministra, el plan de Rueda "pone en cuestión la profesionalidad de los sanitarios públicos" y cuestiona al mismo tiempo la propia gestión autonómica de la sanidad gallega. Lo calificó de medida que "mata dos pájaros de un tiro": daña la imagen de los profesionales sanitarios y traslada a entidades privadas funciones que deben recaer sobre el sistema público. "Si lo lleva adelante, vamos a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional", insistió.

La polémica también se trasladó al Parlamento gallego, donde los grupos de la oposición registraron sus propuestas de resolución tras el debate. El BNG fue el más combativo: en una de sus resoluciones, exige que la Xunta pida disculpas públicas a los trabajadores gallegos por haberlos tratado, en sus palabras, de "vagos y defraudadores". La portavoz nacionalista Olalla Rodil fue directa al señalar que el problema no reside en que los trabajadores cometan fraude, sino en que el sistema sanitario está "colapsado". Los socialistas, por boca de su líder José Ramón Gómez Besteiro, coincidieron en señalar que el discurso de Rueda acusaba a los médicos de emitir bajas que no corresponden a la realidad, algo que, a su juicio, no refleja el verdadero problema de fondo.

Los médicos piden estructura y recursos

Desde los colegios y sociedades profesionales, la reacción fue de cautela. La presidenta del Colegio de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, reconoció que la duración de las bajas es una "asignatura pendiente", pero advirtió de que el sistema está en la saturación. Ese exceso de demanda hace que procesos que podrían resolverse en uno o dos meses se prolonguen hasta un año. Sin forma ni estructura clara, el anuncio se queda, a su juicio, en un simple titular. 

Lorenzo Armenteros, de la Sociedad Española de Médicos de Familia, también comparte la necesidad de abordar el problema, pero lamenta que se haga "por un interés empresarial" y no para aliviar la carga burocrática de los médicos. Apunta que una interconsulta coordinada entre atención primaria y especialistas hospitalarios aportaría mucho más valor que el esquema propuesto.

Los profesionales alertan además de que la inspección sanitaria, que sería la encargada de ratificar las altas propuestas por las mutuas, también está sobrecargada. Trasladarle más funciones sin reforzarla no haría sino agravar el problema.

Los empresarios, a favor

El presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, saludó la medida y reclamó que se aborde "sin trincheras ideológicas". Señaló que el diálogo social ya cuenta con un grupo de trabajo específico sobre esta cuestión y pidió que las soluciones abarquen también el refuerzo de la atención primaria, la reducción de listas de espera y la mejora de la coordinación entre el sistema sanitario público, las mutuas y las empresas.

El debate se produce mientras Galicia registra una nueva jornada de huelga en atención primaria, convocada por la CIGA, que reclama más personal para paliar la sobrecarga en centros de salud y puntos de atención continuada. La Consellería de Sanidade situó el seguimiento de ese paro por debajo del 2%.

El peso de las bajas por "psiquiatría menor" en Galicia y España

Qué entendemos por "psiquiatría menor"

El término que usó Rueda no es un concepto clínico oficial. En la práctica médica y en la literatura de atención primaria se habla de patología psiquiátrica menor para referirse a trastornos de intensidad leve o moderada que no requieren hospitalización ni tratamiento especializado de alta complejidad. Los diagnósticos que habitualmente se engloban aquí son el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno adaptativo con ansiedad o depresión —quizás el más frecuente en consulta, asociado a un estresor identificable como un conflicto laboral o una pérdida—, los episodios depresivos leves o moderados, el trastorno mixto ansioso-depresivo, el síndrome de burnout, los trastornos de pánico sin agorafobia, la distimia y el insomnio crónico de base emocional.

Lo que Rueda excluye implícitamente con el adjetivo "menor" son los trastornos graves: esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor con riesgo suicida, psicosis o trastornos de personalidad severos. Nadie discute esos como causa legítima de baja. El problema es que la frontera entre "menor" y "mayor" es clínicamente difusa y solo puede trazarla el médico que explora al paciente, lo que está en el centro del debate sobre quién tiene competencia para revisar esas bajas.

El peso real en las estadísticas

En España, las bajas por salud mental representan en torno al 1% del indicador de absentismo entre asalariados, y junto con las lesiones musculoesqueléticas explican conjuntamente dos tercios del incremento del absentismo registrado entre 2018 y 2023. En número de procesos, pasaron del 5,8% del total en 2019 a cerca del 8% en 2023. Lo que las hace especialmente pesadas en términos económicos no es su frecuencia sino su duración: aunque suponen algo más del 7% de los procesos, acumulan más del 16% de los días totales de baja en España. Su duración media ronda los 65 días, más del doble que la media del resto de diagnósticos.

En Galicia el panorama es especialmente marcado. La comunidad encabeza junto a Canarias el ranking de prevalencia de bajas laborales, con 74,7 procesos por cada 1.000 trabajadores. En cuanto a la evolución de los procesos por salud mental específicamente, su prevalencia ha crecido más de un 100% en Galicia entre 2018 y 2023, una de las subidas más acusadas del país. Galicia es además la segunda comunidad con mayor proporción de bajas de larga duración —más de 12 meses—, con 12 procesos por cada 1.000 trabajadores protegidos frente a los apenas 5 de 2018, lo que supone un incremento de más del 160%.

Por grupos de edad, los problemas psicológicos se han convertido en la primera causa de días de baja entre los menores de 30 años. Entre las mujeres jóvenes de 20 a 29 años, los procesos por salud mental ya suponen el 30% del total de jornadas perdidas.

Cómo se tramitan y quién las revisa

El circuito es el siguiente. Es el médico de atención primaria quien emite el parte de baja inicial, salvo que se trate de un accidente o enfermedad laboral, caso en que interviene directamente la mutua. En los casos de "psiquiatría menor", la baja llega casi siempre por la vía del médico de cabecera, como enfermedad común.

La Seguridad Social gestiona la prestación económica. Los primeros tres días no se cobran salvo que el convenio colectivo lo cubra; del día 4 al 15 el trabajador percibe el 60% de su base de cotización, y a partir del 16 el 75%. El seguimiento lo hace el médico de familia, que emite partes de confirmación periódicos. El Manual de Tiempos Óptimos de Incapacidad Temporal del INSS fija duraciones orientativas —15 días para un trastorno adaptativo, 30 para ansiedad generalizada, 45 para trastornos fóbicos o pánico—, pero son referencias no vinculantes.

La inspección médica del Sergas puede revisar la baja en cualquier momento y emitir un alta que el trabajador puede recurrir. Ese es precisamente el órgano que, según el plan de Rueda, ratificaría de manera automática las propuestas de alta de las mutuas. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social pueden proponer el alta, pero en el sistema actual no pueden imponerla en enfermedades comunes. Solo el médico del sistema público tiene esa competencia, y ahí está el nudo legal de toda la polémica.

El problema de fondo: diagnóstico subjetivo y saturación

Las causas más comunes de baja por salud mental —ansiedad y depresión— son condiciones que solo se detectan a través de la exploración clínica, sin marcador biológico objetivo. Eso las hace especialmente vulnerables a la sospecha de fraude, pero también especialmente difíciles de revisar por un tercero ajeno al médico tratante.

Los propios profesionales reconocen que puede haber pacientes que acuden a consulta sin un trastorno mental como tal, y que algunos buscan la baja como vía de escape ante dificultades. Sin embargo, la lectura dominante entre los clínicos es que el aumento de estos procesos refleja un incremento real del malestar psicológico en la población trabajadora, agravado por la sobrecarga asistencial, la precariedad laboral y las secuelas de la pandemia, más que una oleada de fraude. Y en cualquier caso, señalan, el instrumento para detectarlo es el médico de familia con tiempo suficiente para explorar al paciente, no una mutua con intereses económicos en acortar la baja.