Moción de censura presentada en Lugo bajo la sospecha de una plaza a dedo para la transfuga

La moción de censura que arrebatará el gobierno de Lugo al bipartito de PSOE y BNG se hace realidad. El Partido Popular, con Elena Candia al frente, y María Reigosa, la concejala que abandonó el grupo socialista, han formalizado este miércoles su acuerdo en un hotel de la ciudad.

La tensión ha ido creciendo en el Consistorio durante los últimos meses. Los contactos entre ambas partes se intensificaron hace semanas y se daba por descontado que la iniciativa se presentaría en esta misma semana. Frente a las críticas del actual gobierno de PSdeG y BNG, el PPdeG, con Alfonso Rueda y Paula Prado a la cabeza, ha respaldado la operación con el argumento de que los populares fueron el partido más votado en Lugo y tienen "derecho" a gobernar.

Toda moción de censura es siempre polémica. Ésta lo es mucho más, ante las sospechas de que el PP ha creado un puesto a medida de Reigosas para pagarle su apoyo.

Y es que la Xunta de Galicia publicó la convocatoria de una comisión de servicios para cubrir la Jefatura del Servicio de Litoral en Lugo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, con plazo de inscripción abierto hasta el 27 de abril. La plaza exige titulación de arquitecto o ingeniero de Caminos y pertenencia al grupo A1 de cualquier administración pública. Un perfil que encaja con notable precisión con el currículo de Reigosa, ingeniera de Caminos y funcionaria de carrera desde 2008 en la Demarcación de Costas del Estado en Lugo, transferida a la Xunta hace apenas unos meses. 

La retribución del puesto convocado sería superior a la que actualmente percibe Reigosa en su destino en Costas, lo que, a juicio del PSOE y el BNG, refuerza las sospechas sobre la naturaleza de la oferta. Ambas formaciones municipales han solicitado a la Xunta que explique públicamente si existe alguna relación entre la convocatoria y los movimientos políticos en el Ayuntamiento de Lugo.

La exalcaldesa de Lugo , Lara Méndez, ha cargado contra la líder del PP lucense y vicepresidenta del Parlamento, Elena Candia, probable nueva alcaldesa y ha advertido de la convocatoria de una plaza pública de la Xunta que "parece hecha a medida" de la edil no adscrita, María Reigosa.
 

La Xunta defiende la normalidad administrativa

La Xunta ha respondido hoy, un día después de que saltase el escándalo. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha salido al paso de las acusaciones durante un acto público celebrado este miércoles en Pontevedra. 

La titular de la consellería ha rechazado de forma tajante cualquier vínculo entre la oferta laboral y la situación política lucense, insistiendo en que se trata de un procedimiento de gestión ordinaria. Según ha explicado, las tres jefaturas de servicio creadas en las provincias gallegas con litoral —entre ellas la de Lu

go— nacieron en diciembre de 2024 como consecuencia de la asunción autonómica de las competencias en materia de costas, con idénticos requisitos técnicos en los tres casos.

Ángeles Vázquez: "Es un trámite administrativo que ni siquiera pasa por mí"

Vázquez ha precisado que la plaza en Lugo ha quedado desierta en varias ocasiones por su elevada carga de trabajo, y que la convocatoria actual se debe exclusivamente a la renuncia de quien ocupaba el puesto. "En el momento en que una jefatura de servicio queda libre, en el minuto cero, se vuelve a convocar esa plaza porque, si no, el servicio queda estancado", ha argumentado.

La conselleira ha insistido además en que este tipo de procesos son gestionados por el funcionariado y que ni siquiera pasan por su despacho: "Es un trámite administrativo que ni siquiera pasa por mí", alegó esta mañana abordada por la prensa.

Pontón acusa a Rueda de "atropello democrático"

Por su parte, el portavoz del BNG en Lugo, Rubén Arroxo, ha calificado la situación de "el gran escándalo en la historia de Lugo" y ha anunciado que, si se confirma que hubo una compra de voto con una plaza laboral en la Xunta, emprenderán acciones legales. "No descartamos que tanto Elena Candia como María Reigosa se sienten en el banquillo de los acusados", ha advertido.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha desplazado este miércoles hasta Lugo para mostrar su apoyo al equipo municipal y elevar el tono político de la protesta. Pontón ha señalado directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusándole de tolerar lo que ha denominado un "atropello democrático", y ha censurado a Elena Candia por su "afán desmedido de poder", llegando a afirmar que la candidata popular está utilizando "la muerte de tres concejales para hacerse con la Alcaldía".  Hay que recordar que Reigosa no fue electa. Llegó a concejala porque la lista del PSdEG ha corrido mucho, tras la renuncia de la alcaldesa Lara Méndez y tres óbitos. 

Una plataforma ciudadana crítica con la operación política también ha alzado la voz en los últimos días en Lugo, sumándose a las voces que cuestionan la legitimidad del proceso y reclamando transparencia tanto en el ámbito institucional como en el administrativo.

Las aparentes  dudas de Reigosa

La propia concejala no adscrita ha mantenido un argumentario cambiante a lo largo de las últimas semanas. Reigosa justificó su salida del grupo socialista aludiendo a discrepancias internas y a un clima de presión que describió como insoportable. Para avalar su apoyo a la moción, ha señalado razones de gestión: considera que en el actual gobierno "falta xestión, traballo, orde e organización". 

Sin embargo, sus declaraciones más recientes revelaban una llamativa dosis de duda personal. Llegó a admitir que no sabía "si me atrevo o si me apetece" dar el paso, y describió la decisión como "complexa", aludiendo tanto al poco tiempo que le quedaría al nuevo ejecutivo antes de las próximas municipales como a la presión recibida desde que se convirtió en el centro de la política lucense. "Ata agora eu era unha persoa anónima na política. Non estou habituada. Non sei se me atrevo a estar tanto no punto de mira", llegó a confesar.

La legislación sobre tránsfugas supone además un obstáculo práctico: si la moción prosperase, Reigosa no podría percibir salario político en el nuevo gobierno. A pesar de ello, la edila ha indicado que le "gustaría estar en el Gobierno", aunque matizó que "no haría un cambio por hacerlo". La plaza convocada en la Xunta, de confirmarse su candidatura, podría resolver esa ecuación económica al margen del Consistorio.