La discrepancia se paga cara: la libertad de expresión en los partidos políticos

Esta semana el presidente socialista de Castilla - La Mancha (CLM) Emiliano García Page ha alzado la voz contra la cúpula de su partido. En declaraciones a los periodistas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), afirmó que el PSOE se encuentra ahora mismo "en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional" después del último pacto alcanzado con Junts para acotar los delitos de terrorismo que estarán incluidos en la Ley de Amnistía, aseverando además que "no hay terrorismo bueno y terrorismo malo". 

Las declaraciones de Page fueron mal recibidas por la Ejecutiva del partido, que inició una campaña contra el presidente castellano-manchego sacando al ring a tres figuras clave del PSOE: el exministro Ábalos, que acusó a Page de denostar "permanentemente" a sus compañeros socialistas; el Secretario de Organización Santos Cerdán, que matizó que Page debería saber "qué es terrorismo"; y el ministro Óscar Puente, que situó al presidente de CLM "en el extraradio del PSOE". 

Estas últimas declaraciones han abierto un debate sobre la libertad de expresión en los partidos españoles, teniendo en cuenta que la Ejecutiva socialista ha situado a Page en el "extraradio" de su partido - es decir, fuera- por discrepar en solo un ámbito de sus políticas. El presidente manchego se ha convertido en un disidente del PSOE, y lo podría pagar caro. "A mí están a punto prácticamente de extraditarme", dijo Page esta semana en un encuentro con los presidentes Moreno, Mazón y López Miras en Fitur. 

Page podría estar en la cuerda floja teniendo en cuenta los precedentes. En septiembre de 2023, el PSOE expulsó al exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, bajo la acusación de "reiterado menosprecio" a las siglas del partido. El PSOE tomó la decisión basándose en las repetidas discrepancias de Redondo hacia las decisiones de la Ejecutiva Federal socialista, condenando los posibles pactos con Junts para sacar adelante la Ley de Amnistía. Redondo afirmó que los pactos con Junts iban a "destruir el sistema del 78, romper la ciudadanía española y establecer una sociedad de privilegios y medieval". Y pagó caras sus palabras, siendo desterrado para siempre de las filas socialistas. 

Pagar un alto precio por la disidencia es habitual en el PSOE, pero también en el resto de formaciones. Pablo Casado, con su escudero Teodoro García Egea, intentaron desafiar al verdadero liderazgo del PP, Isabel Díaz Ayuso, y ambos han acabado en la papelera de la historia. Fueron verdugos ejecutados, ya que ellos también habían apartaron a algunas figuras del PP cuando tenían el poder. Un ejemplo es Cayetana Álvarez de Toledo, que fue cesada apartada de la portavocía de Casado por fuertes discrepancias con la cúpula.

El peso de la disciplina de partido

En el Congreso de los Diputados español y el resto de Parlamentos de las Comunidades Autónomas, lo normal es que los votos de los diputados vayan en bloque. Es decir, la decisión sobre el voto no la toma cada diputado, sino que se consensúa de forma colectiva y el sentido del mismo es justificado al unísono por todo el grupo parlamentario. Esta lógica provoca que las formaciones políticas sean lideradas de forma totalmente vertical: la dirección elige el camino y el resto lo sigue. Y quien no lo hace, normalmente es señalado y corre el peligro de quedarse sin trabajo. De este modo, queda seriamente comprometida la libertad de expresión de cada diputado.

La disciplina de partido está regulada dentro de las formaciones, y no cumplirla puede conllevar multas. En el caso del PP, los diputados que incumplan la disciplina de voto se enfrentan a multas de entre 500 y 700 euros. En el lado socialista, la multa es de 600 euros. La exministra Carmen Calvo la tuvo que pagar por abstenerse en la votación de la Ley Trans, y ahora ha sido apartada de las primeras líneas del PSOE. 

La razón de la existencia de la disciplina de voto es que los diputados voten en el mismo sentido por el que fueron elegidos por sus ciudadanos. Es decir, para que un diputado socialista no acabe invistiendo presidente a un candidato popular, como ocurrió con el tamayazo de Esperanza Aguirre, o viceversa. Sin embargo, esta naturaleza justificable de la disciplina de voto está comprometida por el uso que están haciendo los partidos políticos de la misma, agarrándose a ella para construir estructuras jerarquizadas donde no hay lugar para el debate y sí para cortar cabezas.