El ministro de Industria lanza un mensaje ambivalente sobre Altri

En un momento de máxima atención mediática sobre el desarrollo industrial de la comunidad, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha enfriado cualquier expectativa sobre un no tajante hacia el proyecto de planta de celulosa de la multinacional lusa Altri en Palas de Rei. 

Durante su reciente paso por Ferrol para supervisar la carga de trabajo en Navantia, el titular de la cartera ha dejado claro que el proyecto para instalar una planta de celulosa y fibras textiles en la comarca de la Ulloa no tiene el camino libre. La hoja de ruta del Ejecutivo central pasa por una rigurosidad técnica que no admite atajos, arumenta, vinculando cualquier posible apoyo estatal a que la empresa supere con éxito todos los filtros normativos vigentes.

Las palabras del ministro reflejan una cautela institucional que busca proteger la seguridad jurídica o. Hereu ha insistido en que su departamento no actúa bajo impulsos políticos, sino como un gestor que vigila el cumplimiento legal de cada propuesta que llega a su mesa. Según ha detallado ante los medios durante una visita a Navantia, si la iniciativa de Palas de Rei logra encajar en el complejo marco de requisitos actuales, seguirá su curso natural; de lo contrario, el Gobierno no dudará en frenar su avance si se detectan carencias en los estándares exigidos.

 Consciente de que la planta de lyocell ha dividido a la opinión pública gallega, el representante del Gobierno ha querido proyectar una imagen de neutralidad, asegurando que la administración central se limitará a aplicar con lupa los criterios técnicos para garantizar que el interés general y la protección del medio ambiente prevalezcan sobre cualquier otra consideración económica. "Es un proyecto que, si cumple condiciones, lo vamos tramitando" dijo antes de añadir que "si no cumple los requisitos, no lo podemos tramitar".

Un examen técnico sin concesiones

El escenario administrativo en el que se mueve Altri a comienzos de este 2026 sigue marcado por la espera y la complejidad burocrática. El proyecto se encuentra todavía pendiente de la resolución definitiva de su expediente ambiental, una etapa crucial donde la Xunta de Galicia debe evaluar los miles de alegaciones presentadas por colectivos ciudadanos y ecologistas. 

Tras concederle la Declaración de Impacto Ambiental, la Xunta debe aprobar en su caso ahora la Autorización Ambiental Integrada. La Administración autonómica ha reiterado en diversas ocasiones que el examen será minucioso 

A este escenario de incertidumbre se suma la gestión de los fondos europeos vinculados a los PERTE, una partida que Altri considera imprescindible para la viabilidad financiera de su desembarco en Lugo. El Gobierno de España ha mantenido una posición firme al respecto, señalando que la adjudicación de estas ayudas está estrictamente supeditada a que el proyecto cuente con todas las autorizaciones ambientales en regla. De momento, es evidente que no las tiene, así que no hay subvenciones y in subuvenciones, no hay Altri. 

Sin ese visto bueno previo, el grifo de la financiación comunitaria permanecerá cerrado, lo que sitúa a la multinacional contra las cuerdas.  Con todo, a nadie se le escapa que si el gobierno de España pasa a ser liderado por el PP, el grifo de las ayudas públicas puede terminar abriéndose. De ahí la importancia de la autorización ambiental integrada que está en manos de la Xunta. 

Conflicto social 

La contestación en las calles de Galicia no ha perdido fuerza con el paso del tiempo y sigue siendo un factor que condiciona el discurso político. De hecho, ante la evidencia que Altri no saldrá adelante a corto plazo tras las trabas puestas por el Estado, se percibe que en las declaraciones de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, el grado de apoyo al proyecto ha sido cada vez menos explícito. 

La Plataforma Ulloa Viva y otros colectivos han mantenido una movilización constante, denunciando que el modelo industrial que propone Altri es incompatible con el desarrollo sostenible de la zona y con la preservación de las explotaciones agroganaderas tradicionales. Esta presión ciudadana ha conseguido que el debate trascienda lo técnico para convertirse en una cuestión de modelo de país, obligando a las instituciones a ser mucho más cuidadosas en sus declaraciones y movimientos administrativos para evitar un estallido de descontento mayor.

Uno de los puntos que más preocupa a los expertos y que el Ministerio sigue de cerca es el impacto sobre la cuenca del río Ulla, una arteria vital que abastece a numerosas poblaciones y desemboca en la ría de Arousa. El temor a que la captación masiva de agua y los vertidos posteriores afecten a la biodiversidad y a la actividad marisquera ha unido a sectores muy diversos de la sociedad gallega contra la planta. Mientras la empresa defiende que su tecnología es de vanguardia y circular, los informes críticos de organismos independientes mantienen las espadas en alto, obligando al Gobierno a actuar con una prudencia extrema para evitar un desastre ecológico y económico en el sector primario.