Sumar y socios del Gobierno piden en el Congreso una investigación sobre abusos y suicidios en la mili en los 80 y 90

Sumar y los socios de investidura de Pedro Sánchez han registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo que se abra una investigación sobre los supuestos abusos y vejaciones y casos de suicidio ocurridos mientras miles de jóvenes prestaban el servicio militar obligatorio en los años 80 y 90 del siglo pasado, en época de Gobierno del PSOE.

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Sumar y los socios de investidura de Pedro Sánchez han registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo que se abra una investigación sobre los supuestos abusos y vejaciones y casos de suicidio ocurridos mientras miles de jóvenes prestaban el servicio militar obligatorio en los años 80 y 90 del siglo pasado, en época de Gobierno del PSOE.

En concreto, se trata de una proposición no de ley firmada por Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y los partidos del Grupo Mixto Podemos, Compromís y BNG, que sigue la línea iniciada en el Parlamento catalán a raíz de la emisión de un documental.

La iniciativa emplaza al Defensor del Pueblo a actuar de oficio y abrir una investigación exhaustiva de ámbito estatal sobre la 'mili' para esclarecer denuncias de vejaciones, maltratos psíquicos y físicos, abusos y suicidios en los cuarteles militares durante las décadas de 1980 y 1990.

Los grupos proponentes alegan que, según datos oficiales del Ministerio de Defensa, entre 1983 y 2001 se documentaron más de 300 suicidios en las fuerzas armadas, cifra que diversas investigaciones y familiares consideran que podría ser superior si se tienen en cuenta defunciones clasificadas como accidentales.

IMPUNIDAD Y NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL
A su juicio, estos hechos apuntan a una posible dinámica de impunidad y negligencia institucional que nunca ha sido objeto de una investigación exhaustiva a nivel estatal. Su objetivo sería analizar posibles responsabilidades institucionales y la evaluación de los mecanismos de control existentes en el período afectado.

Finalmente, el texto reclama que, una vez acreditados los hechos, "el Estado impulse el reconocimiento público de las víctimas y establezca mecanismos de reparación moral, simbólica y económica, así como asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para las personas afectadas y sus familias, con el objetivo de garantizar memoria, verdad y no repetición".

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