El BNG denuncia que la Xunta destina casi seis veces más a la industria militar que a proteger a las familias gallegas de la guerra

El Consello da Xunta aprobó esta semana un plan anticrisis dotado con 157 millones de euros para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, con el objetivo declarado de atender a los sectores más afectados y a las familias más vulnerables.  Sin embargo, el Bloque Nacionalista Galego ha salido al paso para denunciar que las cifras esconden unas prioridades bien distintas: la mayor parte del dinero va a las empresas y al sector primario, mientras que la protección social recibe una porción considerada "una broma de mal gusto" por el portavoz económico del partido.

Brais Ruanova, diputado del BNG en el Parlamento de Galicia y portavoz de Economía e Industria de la formación, ha tachado de "insuficientes" los 157 millones del plan y ha puesto sobre la mesa una comparación que resulta incómoda para el Ejecutivo del PP: la Xunta tiene previsto movilizar en torno a 900 millones de euros hasta 2030 para el sector aeroespacial, de seguridad y defensa, a partir de una inversión directa de 183 millones recogida en la Iniciativa Estratéxica en Seguridade, Defensa e Aeroespazo 2025-2030. En palabras del propio Ruanova, el Gobierno de Rueda va a "destinar casi seis veces más a la industria de la guerra que lo que dice que va a destinar en este paquete para protegernos de los efectos de la guerra".

El plan aprobado por el Consello da Xunta reserva 6,2 millones de euros para medidas dirigidas específicamente a hogares vulnerables, lo que representa en torno al 3,8% del total. Esta partida contempla moratorias y condonaciones parciales de alquileres en viviendas públicas, así como la agilización del pago del Bono Social Térmico, la Risga y las ayudas de emergencia social.

El peso del gasto social: lejos de Euskadi

El BNG considera "especialmente dramática" la cuantía destinada a las familias. Para subrayar su dimensión real, Ruanova la ha comparado con los recursos que el Gobierno vasco destina a protección social en su propio plan de respuesta a la crisis: 105 millones de euros, frente a los apenas 6,2 millones del Ejecutivo gallego. El plan catalán, diseñado por el Gobierno de Salvador Illa y dotado con 400 millones de euros, dedica a ayudas directas a familias aproximadamente el 7,5% del total. El plan global aprobado en Euskadi, según los datos manejados por el BNG, asciende a 1.047 millones.

El nacionalismo también ha cuestionado otra partida que considera llamativa por su contraste con el apoyo social: los 5 millones de euros que la Xunta piensa inyectar en la promoción de Galicia como "destino de tranquilidad" para atraer turismo. El Gobierno gallego argumenta que busca posicionar a la comunidad como refugio frente a la masificación de otros destinos mediterráneos, poniendo en valor el Camino de Santiago y la calidad gastronómica gallega. Para Ruanova, resulta inaceptable que se destine casi la misma cantidad a marketing turístico que a proteger a las familias con menos recursos.

En cuanto a los sectores productivos, el BNG también ha encontrado escasa la dotación prevista. El plan contempla 62 millones en préstamos del Igape para empresas afectadas, 25,5 millones para el sector pesquero y 19,4 millones para el agrario. Ruanova considera que estas cifras son insuficientes para los sectores del mar y el campo, que en Galicia tienen un peso estructural muy superior al de otras comunidades.

La Xunta defiende el plan y pide más apoyo a Madrid y Bruselas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó el plan como una respuesta "excepcional a una crisis excepcional". El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, detalló que las 20 líneas de actuación contemplan desde políticas de choque energético hasta apoyo financiero a las empresas, pasando por la transición energética y la resiliencia logística. La Xunta también ha sumado al cómputo global del esfuerzo los más de 120 millones que, según sus cálculos, dejará de ingresar en impuestos para cofinanciar las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno central, elevando así la cifra total a 277 millones. 

Además, la Xunta ha reclamado a la Unión Europea un marco excepcional para las ayudas de Estado, similar al aplicado tras la pandemia y la guerra de Ucrania, así como una cofinanciación al 100% de las medidas anticrisis cubiertas con fondos comunitarios. El Gobierno gallego no se ha pronunciado específicamente sobre las críticas del BNG en relación con la comparación entre el plan social y la inversión en industria de defensa.

El "escudo social" del BNG: 700 millones como alternativa

Frente al plan de la Xunta, el BNG ha puesto sobre la mesa su propia propuesta alternativa, a la que denominan "escudo social", con una dotación mínima de 700 millones de euros. El plan nacionalista incluye la duplicación del complemento autonómico para las pensiones no contributivas y la creación de un bono social de transporte de 30 euros mensuales para aliviar el impacto de la subida de los carburantes en los bolsillos de los gallegos con menos ingresos.

La propuesta del Bloque también contempla líneas de ayuda directa y subvenciones a fondo perdido para las empresas y los sectores más golpeados por el conflicto, con especial atención a la pesca y la agricultura, pilares fundamentales de la economía gallega. Además, los nacionalistas proponen reforzar la colaboración con los ayuntamientos para garantizar que los servicios básicos no queden comprometidos por la escalada de costes.

Ruanova ha emplazado al Gobierno de Rueda a "rectificar y cambiar de rumbo" y a tomar como referencia el plan elaborado por el BNG. La Xunta, por su parte, no ha respondido a esta petición de forma expresa. El debate sobre si 157 millones son suficientes para proteger a Galicia de los efectos de una guerra que sacude los precios de la energía y las materias primas ha llegado al Parlamento gallego, donde el choque entre el PP y el BNG promete continuar en los próximos días.