Pontón asegura que los datos "desmienten la propaganda de Rueda": "En dos años solo 171 viviendas protegidas terminadas"

Un informe del Idega destaca a Santiago como el único ayuntamiento en el que descienden las VUT

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que los datos "desmienten la propaganda" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al asegurar que "en dos años 171 viviendas protegidas terminadas" frente a las "4.000" anunciadas para 2028.

"En 2024 anunció que en 2028 habría 4.000 nuevas viviendas públicas construidas, pero hoy, la realidad es que solo hay 171 viviendas protegidas terminadas, tanto en promoción pública como privada, que además estaban iniciadas antes de su anuncio", ha advertido para reprobar que "Rueda persista en engañar y jugar con las ilusiones de la gente". Además, ha asegurado que el Ejecutivo gallego dejó sin invertir 490 millones que tenía presupuestados entre los años 2019 y 2025 para políticas de vivienda.

Así lo ha afirmado durante la presentación del informe que el BNG encargó al Instituto para el Desenvolvemento Económico de Galiza (Idega) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en la que ha intervenido la coordinadora del estudio, la investigadora María José Piñeira. A la presentación, celebrada en el Parlamento de Galicia, también ha asistido el director do Idega, Rubén Lois; la responsable parlamentaria de Vivienda, Saleta Chao; y la eurodiputada Ana Miranda.

Pontón ha destacado que se trata de un análisis amplio y riguroso sobre la situación de la vivienda en Galicia que le permite al BNG tener un diagnóstico completo para profundizar en sus "alternativas reales" en este ámbito de actuación y del que la líder del BNG ha destacado dos conclusiones.

La primera, según ha dicho, que la construcción de vivienda protegida "cayó en picado" a partir de 2010, "justo cuando el PP regresa a la Xunta", un descenso que "se prolonga hasta hoy y que tuvo años en la que la cifra fue absolutamente ridícula, como en 2024, con cinco viviendas protegidas con cualificación definitiva".

La segunda, conforme ha asegurado, es que las viviendas de uso turístico (VUT) tuvieron entre 2020 y 2024 "un crecimiento exponencial, menos en Santiago, en el que bajaron un 13". Para Pontón, esto "no es casualidad, sino que demuestra que cuando hay políticas decididas como las que lleva a cabo el gobierno del BNG en este ayuntamiento, se puede actuar para favorecer el derecho a la vivienda".

Ante la "incapacidad" del Gobierno del PP para ofrecer medidas "reales y efectivas", Pontón ha sostenido que el BNG celebrará esta misma semana una jornada específica sobre políticas de vivienda en la que, bajo el título de 'A vivenda en Galiza, retos e solucións', abordará las alternativas de la formación para ofrecer solidez en este ámbito de actuación. En ella, entre otros, participarán la directora general de Vivienda Nafarroa.

"Galicia merece que la vivienda vuelva a ser un derecho", ha alegado para destacar, a continuación, algunas de las propuestas que, con este objetivo, la organización nacionalista propone. Propuestas como, ha avanzado Pontón, que toda la vivienda protegida tenga una declaración de protección permanente como fórmula para acabar con la especulación.

Pontón ha indicado que "a día de hoy un promotor puede recibir hasta 50.000 euros para construir una vivienda protegida y esa vivienda en 15 años puede volver a estar en el mercado a un precio absolutamente imposible".

Otra de las medidas defendidas por el BNG es la compra de toda la vivienda protegida que se ponga a la venta, al asegurar que en los últimos años se vendieron casi 7.000 públicas que hoy podrían formar parte del parque público de vivienda y ponerse, por lo tanto, a disposición de la ciudadana "si realmente el señor Rueda quisiese".

"Sabemos que en los próximos cinco años caducará la cualificación de vivienda protegida para 14.000 viviendas públicas, por eso creemos que es importante que toda esa vivienda se siga manteniendo ene l ámbito de la gestión pública", ha señalado Pontón, quien ha abogado por la declaración de las zonas tensionadas como herramienta para controlar el precio de los alquileres, frente a un Ejecutivo de Rueda que "está boicoteando esta medida".

INFORME
Por su parte, la coordinadora del informe ha analizado alguno de los principales datos recogidos en el informe, como el esfuerzo financiero que tienen que hacer las familias para acceder a la vivienda y que en la mayor parte de los casos supera el 30% de sus ingresos.

"Los precios de la vivienda corren más que el incremento de los salarios, estos subieron un 21%, pero las viviendas en compra un 24,3% y en alquiler un 24,7%", ha profundizado.

María José Piñeira también se ha referido a la evolución de la vivienda y creación de horas y ha destacado que, en el periodo 2020-2024, los hogares se incrementaron en un 22%, con una etapa hasta 2007 en la que la creación de vivienda era muy superior a la de hogares, tendencia que cambió a partir de ese año, desde el que se registra un decrecimiento importante en el número de viviendas construidas.

De igual modo, ha advertido que en Galicia y el alquiler solo representa el 12,3%, tres puntos por debajo de la media estatal y muy lejos del 25% de algunos países europeos y ha recordado que de los 22.680 demandantes de vivienda que el IGVS tiene registrados --dato que consideró sesgado, ya que no todo el mundo conoce que hay un registro de demandantes--, el 83,8% reclaman una vivienda de promoción pública, no privada, y el 53,6% solicitan que sea de alquiler.

Asimismo, Piñeira ha advertido que Galicia es la comunidad con más vivienda vacía del Estado, con 506.351 viviendas vacías en un parque total que supera el 1.700.000 viviendas y que la Comunidad tiene tres focos principales de concentración de VUT (en Vigo, Sanxenxo y A Coruña), si bien toda la costa gallega intensifica la ratio de VUT por vivienda, siendo Santiago el único ayuntamiento en el que descendieron entre 2020 y 2024.

En este contexto, la coordinadora del informe ha apuntado la necesidad de focalizar la atención en rehabilitar en lugar de construir de nuevo, lo que "no significa que no se sigua construyendo". Además, ha apelado a atender a un cambio de modelo de vivienda protegida para que esta cuente con cualificación permanente y a regular las VUT y el alquiler turístico, caminando hacia "una gobernanza metropolitana" en materia de vivienda.

Por último, ha abogado por políticas diferencia para los entornos urbanos y periurbanos y rural "porque son territorios con unas problemáticas y unas casuísticas totalemtne diferentes".