El BNG denuncia "irregularidades" de la Seguridad Social en la gestión de incapacidades temporales y exige soluciones

El BNG, recogiendo una denuncia hecha por el sindicato CIG, ha registrado iniciativas en el Congreso para reclamar al Gobierno que acabe con las prácticas "irregulares" de la Seguridad Social en la resolución de expedientes de incapacidad temporal, ya que la falta de diligencia "está dejando a centenares de personas trabajadoras sin prestación económica".

Así, el diputado nacionalista Néstor Rego, ha alertado de que ese retraso hace que se incumplan sistemática los plazos legales y se procede a la suspensión de los pagos sin resolución administrativa expresa.

Para Rego esto es "absolutamente inaceptable" y ha denunciado que la actuación de la Seguridad Social "sitúa a las personas afectadas en una situación de total indefensión, vulnerando derechos básicos e impidiendo el acceso a los mecanismos efectivos de recurso y defensa".

El BNG señala que hay "numerosos casos" en que la Administración incumple el plazo de 24 meses para emitir resolución sobre la situación de una persona en incapacidad temporal por contingencias comunes. Una vez transcurrido ese tiempo, "y sin ningún acto administrativo formal", se procede a la extinción del abono de la prestación "sin base legal".

El diputado nacionalista ha recordado que "el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social no contempla en ningún caso la probabilidad de extinguir automáticamente una prestación sin resolución expresa".

Por ello, exige explicaciones al Gobierno y reclama al Ministerio de Seguridad Social que ponga fin "inmediato" a estas prácticas y que garantice el cumplimiento estricto de la legalidad. "Deben emitir con carácter urgente las resoluciones pendientes sobre la situación de las personas afectadas, declarar la nulidad de las suspensiones indebidas de las prestaciones, y proceder al abono de las cantidades dejadas de percibir", ha señalado.

Para Néstor Rego esta situación es "más preocupante" en el actual contexto de "creciente criminalización de las bajas médicas" y ha reiterado la necesidad de revertir las políticas que amplían las competencias de las mutuas.