El traspaso de la AP-9 se enfrenta a las enmiendas de PSOE y Sumar en el Congreso

El futuro de la AP-9, la autopista que vertebra Galicia de norte a sur, vuelve a estar sobre la mesa del Congreso. La ponencia que trabaja en la ley orgánica de transferencia de esta infraestructura estratégica celebra el próximo martes 26 de mayo una reunión que puede ser determinante. Los grupos parlamentarios se habían fijado este mes como plazo para alcanzar un acuerdo que permita avanzar la tramitación hacia la Comisión de Transportes.

El texto que originó esta proposición de ley partió del Parlamento de Galicia con respaldo unánime y fue remitido al Congreso por cuarta vez desde 2016. Sin embargo, la tramitación acumuló decenas de prórrogas antes de que la ponencia se constituyera finalmente en marzo pasado, tras las presiones sostenidas del PP y el BNG.

LAS ENMIENDAS, EL NUDO

El principal obstáculo sigue siendo las enmiendas registradas por PSOE y Sumar. La más relevante es la socialista, que limitaría el traspaso a la gestión y explotación de la vía, dejando la titularidad en manos del Estado. La diputada socialista Patricia Otero ha asegurado que su grupo tiene "la mejor disposición" para lograr el máximo acuerdo y que trabaja para que la AP-9 "sea de titularidad gallega", aunque recalca que su prioridad es que no cueste "ni un euro" a los usuarios.

El PP, a través del diputado Celso Delgado, y el BNG, con Néstor Rego, rechazan cualquier modificación del texto aprobado en Galicia. Los nacionalistas insisten en que el traspaso debe incluir la titularidad plena, no solo la gestión, y en que Madrid no puede cargar a la Xunta con las obligaciones financieras derivadas de decisiones estatales de décadas anteriores, incluidas las prórrogas de la concesión firmadas por los gobiernos de Aznar y Rajoy.

SUMAR MANTIENE SUS ENMIENDAS

Por su parte, Sumar no prevé retirar sus enmiendas. Su portavoz, Verónica Martínez Barbero, quiere que cada grupo se "retrate en comisión". La formación introdujo disposiciones adicionales ajenas a la AP-9, relacionadas con la protección de trabajadores del marisqueo y de la minería, que considera de especial relevancia para sectores gallegos. Aunque apoyan la aprobación de la ley, señalan que el objetivo debería ser la "nacionalización" de la autopista.

Incluso en el mejor de los escenarios, a la ley le quedan varios pasos legislativos por delante antes de llegar al pleno.