#Claves de la semana

El exalcalde de Campo Lameiro se enfrenta a 7 años de cárcel por delitos urbanísticos

También están acusados el ingeniero del proyecto y la secretaria municipal por las obras de una depuradora


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Casa Consistorial de Campo Lameiro
Archivo - Casa Consistorial de Campo Lameiro / Foto: Google Street View

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá este próximo jueves, 13 de julio, a las 10:00, el juicio contra el que fue alcalde durante más de 36 años del municipio pontevedrés de Campo Lameiro, Julio Sayáns. El exregidor se enfrentará a siete años y tres meses de prisión por la comisión de delitos de falsedad de documento público y contra la disciplina urbanística en relación con las obras de una depuradora, cuya ubicación terminó afectando a terrenos privados de una sociedad y a un espacio público destinado a zona verde.

 

La vista, que estaba señalada en un primer momento para los días 12 y 14 de julio, se aplazó en esa ocasión por motivos médicos de una de las partes, después de que también hubiese fracasado en febrero de 2022 el intento de las partes de alcanzar un acuerdo de conformidad.

 

En la causa, por unos hechos que sucedieron entre 2013 y 2015, también están acusados un ingeniero que se encargó del proyecto, para el que se piden cuatro años y medio de prisión, y la secreataria municipal, para la que se solicitan dos años y medio de cárcel.

 

El fiscal demanda también la demolición de las obras y la reposición a su estado originario, así como a la inhabilitación y el pago de una multa para los acusados.

 

Según el escrito de acusación, en 2013 ante la necesidad de modificar o sustituir la estación depuradora existente en el polígono industrial de A Facha de Campo, Sayáns, que fue regidor entre el año 1983 y 2019, encomendó la realización del proyecto a un ingeniero, también acusado en el procedimiento, quien elaboró a través de su empresa un anteproyecto en febrero de 2014.

 

El pleno del Ayuntamiento aprobó el anteproyecto y encomendó al ingeniero acusado la realización de la obra de mejora de la depuradora.

El 14 de julio de 2014, el regidor ordenó a la secretaria municipal --tercera persona investigada en la causa-- que efectuase un informe sobre el procedimiento a seguir.

Ese mismo 14 de julio, la secretaria emitió el certificado sobre la existencia de crédito bastante y un estudio acerca del procedimiento de contratación que se debía seguir. Según el fiscal, la investigada "no hizo referencia en su informe a la necesidad de la elaboración de un pliego de prescripciones técnicas por un funcionario municipal ni tampoco manifestó que era en todo caso necesario encomendar a un técnico externo la confección del pliego de cláusulas técnicas de la obra de no contar con personal municipal que pudiese efectuar esta tarea".
 

CAMBIO DE UBICACIÓN 

En octubre de 2014, a pesar de que no constaba el pliego de condiciones técnicas en el proyecto, sin que la secretaria hiciese reparos a la legalidad en junta de gobierno local, lo que la acusación considera "un absoluto desprecio por las normas administrativas que regulan la contratación de obras públicas y con pleno conocimiento" de la vulneración de normas básicas.

Además, hubo un cambio en la ubicación final por el cual la depuradora quedó instalada sobre dos parcelas, una de las cuales era propiedad de una sociedad privada, y no terrenos propiedad del Concello de Campo Lameiro, mientras en la otra "estaba prohibida la instalación de construcciones industriales o fabriles tales como una estación depuradora", dado que era una zona pública destinada a zonas verdes. 

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