CSIF denuncia el intento de homicidio a un funcionario en la prisión de A Lama

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una “nueva agresión” a un funcionario del Centro Penitenciario de A Lama en la mañana del 28 de mayo. CSIF califica el hecho de “un nuevo y grave episodio de agresión directa a un trabajador penitenciario en el ejercicio de sus funciones”.

Según CSIF los hechos se produjeron alrededor de las 12:45 horas, durante una comunicación institucional relacionada con un fallo en el servicio de economato. En ese momento un interno, conocido por su historial violento y reincidente, reaccionó de manera agresiva incitando a otros reclusos a adoptar una actitud de protesta.

A continuación, el interno extrajo un arma blanca de fabricación casera —un "pincho carcelario"— y propinó un puñetazo a un funcionario, intentando apuñalarlo en varias ocasiones aunque el funcionario logró esquivar el ataque. A pesar de ello, el atacante quiso apuñalar a la compañera del agredido llegando a amenazarla de muerte. CSIF no duda en calificar como un “intento de homicidio” estos hechos.

El agresor fue finalmente reducido y trasladado al módulo de aislamiento, tras causar destrozos en el mobiliario y generar un clima de máxima tensión, animado por la actitud desafiante de otros internos presentes.

Según CSIF este no es un caso aislado, sino “el reflejo de una tendencia cada vez más peligrosa que se consolida en las cárceles españolas”. Por otra parte, añade que el interno ya había protagonizado graves incidentes en el C.P. de Teixeiro, un centro de máxima seguridad, “lo que evidencia un patrón de conducta violento que no debería haberse gestionado en un régimen menos estricto”.

A todo esto, el sindicato denuncia el aumento del consumo de nuevas sustancias psicotrópicas, que escapan a los controles actuales y “contribuyen al aumento de episodios violentos dentro de los módulos”.

CSIF exige medidas urgentes a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), como la paralización de la progresión de grado automática para internos con conductas violentas reincidentes. Piden evaluaciones rigurosas y multidisciplinares antes de permitir cualquier cambio de régimen para estos perfiles. Reclaman además el reconocimiento oficial de los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo, tras registrarse más de 5.600 agresiones en 2023 (sin contar Cataluña y País Vasco).

“La pasividad institucional ante esta amenaza creciente compromete la seguridad del personal y la estabilidad del sistema penitenciario en su conjunto”, ha declarado Juan Dacruz, delegado de CSIF en el centro. El sindicato concluye que la respuesta del Gobierno es “insuficiente y desconectada de la realidad” y exige un compromiso firme y real con quienes garantizan la seguridad en entornos cada vez más hostiles.