Sindicatos alertan de un aumento de agresiones a personal de centros sanitarios

Sindicatos sanitarios han alertado de un aumento de las agresiones al personal que trabaja en este sector y urgen medidas ante la situación. Pese a la existencia de planes para la violencia externa, sostienen que no hay una difusión adecuada de la plantilla y que la "burocracia" dificulta la denuncia. Vinculan además la situación con la "falta de personal" y la "gestión".

De acuerdo con un estudio del sindicato de enfermería Satse, publicado en mayo de este año, ocho de cada diez enfermeras y enfermeros de Galicia han sido agredidos mientras desempeñaban su labor asistencial o de cuidados en un centro sanitario o sociosanitario. Casi la mitad de los agredido reconoce haberlo sido hasta en cinco ocasiones y casi un 18% en más de 10 ocasiones.

Un 79,45% de las enferemeras y enfermeros de Galicia consultados por Satse ha sufrido alguna agresión, ya sea física (empujones, retenciones involuntarias o puñetazos) o verbal (amenazas, vejaciones o insultos) en su vida laboral, sea por parte de paciente o por parte de familiares de estos.

Según ha informado Satse, el mayor porcentaje de agresiones se han registrado en los servicio del hospital. CIG-Saúde también ha contabilizado en este lugar el mayor número de agresiones. De acuerdo con datos del 2021, el 29% fueron en Atención Primaria y el 61% en Atención Hospitalaria. En relación a 2020, en los hospitales las agresiones disminuyeron un 9%, mientras que en Atención Primaria aumentaron en el mismo porcentaje.
 

473 EPISODIOS DE VIOLENCIA EN 2021

Con los datos que ha aportado la CIG y la Consellería de Sanidade, el pasado año hubo un total de 473 episodios de violencia de este tipo frente a los 455 de 2020. El personal afectado se situó en 498, un 1,29% del total de la plantilla, según datos de la central sindical. Sobre el tipo de violencia, precisan que aumentaron las agresiones verbales y descendieron las físicas.

En total se han contabilizado 140 agresiones físicas (un 30%) y 331 agresiones verbales (un 70%) en el último año. Las primeras registraron un descenso respecto a 2020 —año en el que hubo 287— y las segundas han aumentado, con 168 hace dos años. Por categorías profesionales, un 18% fueron celadores; un 15%, personal de cuidados auxiliares de enferemería; un 14%, facultativos; un 13,9%, enfermeros, y un 6%, personal administrativo.

Desde la Consellería de Sanidade sostienen que "el 100% de los episodios fueron de carácter leve" y han remarcado el hecho de que se trata de un porcentaje "del 0,001%". "Teniendo en cuenta los más de 34,4 millones de actos asistenciales durante 2021". Sobre los agresores, señala que eran personas en "estado de alteración por alcohol o drogas" o eran "pacientes psiquiátricos".

"Siempre hubo agresiones físicas y verbales, ahora agravadas por la pandemia y el empeoramiento recurrente de las condiciones de trabajo", expone el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, quien apunta a la falta de personal, las listas de espera o la imposibilidad de "resolver demandas en tiempo y forma". A ello, suma una Atención Primaria "colapsada".

El sindicato médico O'Mega ha alertado del número de casos en los centros de salud. Manuel Rodríguez, secretario general del sindicato, explica que es "donde se producen más agresiones ya que el contacto con los pacientes es mucho más directo y hay más accesibilidad".

"Lamentablemente, la principal causa es que el Sistema Nacional de Salud se utiliza como arma política arrojadiza, generando falsas expectativas en los usuarios porque la realidad es incapaz de satisfacer dichas expectativas". "Faltan medios económicos y humanos", apostilla.
 

LA PANDEMIA, DETONANTE

En cuanto a los efectos de pandemia, Rodríguez coincide en que "solo ha actuado como detonante agudo de una situación crónica generada desde hace 20 años por los distintos gobiernos, tanto autonómicos como centrales, de cualquier color o ideología, a pesar de los continuos avisos de sindicatos, sociedades científicas y colegios profesionales".

Preguntado por los protocolos, se remite al que tiene el Sergas, pero incide en que las administraciones deben hacer cumplir sus normativas. "Que les facultan para imponer penas", incide. "Tendrían que actuar e imponer sanciones económicas como medida ejemplarizante, hay que tener en cuenta que un 20% de las agresiones son reincidentes", apostilla.

Desde Satse, insisten en que por la "burocracia" muchos profesionales acaban por no denunciar y las agresiones no pasan de figurar como "accidentes laborales". "Se facilita poco desde la administración estos trámites y faltan campañas informativas por parte de la Consellería".

A su vez, el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, advierte de que muchos de los casos son catalogados como leves "cuando existen episodios de violencia reiterada y deberían ser graves".
 

MÁS DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN

También ha reclamado la actualización de la evaluación de los riesgos según la normativa legal, porque "hay sitios donde no se hace" y denuncia que "la mayoría de las veces" la formación es "a cuenta de la trabajadora". "No hay una divulgación adecuada anterior ni formación a todo el cuadro de personal y al personal de las listas de contrataciones".

Todos los colectivos consultados han coincidido en demandar mejoras de gestión y de las conciones de trabajo. Desde la CIG reclaman que se realice también un estudio sobre las "necesidades", en referencia a la "falta de personal".

A ello, suma la elaboración y revisión de los planes de formación y protocolos y una "educación sanitaria" entre la población. Otras de las peticiones son aplicar medidas preventivas y actualizar los planes contra esta violencia.

La Consellería apunta que todas las gerencias "cuentan con un sistema de aviso" —una aplicación, conocida como Acode— para que el profesional pueda solicitar ayuda. A ello, suman el plan para la prevención de violencia externa en cada área, pero basado en "un modelo unificado".

"Más del 90% del personal entrevistado conoce su procedimiento", añade. En la misma línea, señala que siguen trabajando para "mejorar las medidas ya implantadas" y que apuestan por la "información y la formación" para el manejo de "conductas desafiantes, gestión de estrés o autocuidado emocional".