El cuarto paro del sector de las residencias en los últimos meses  será acompañado con una manifestación que arrancará el 21 de mayo a las 11:00 horas desde la residencia Mi Casa, perteneciente a la Iglesia Católia pero gestionado por Edad Dorada Mensajeros de la Paz. La marcha avanzará por las vías principales de la ciudad hasta llegar al Concello, donde se realizará una concentración de 10 minutos. Posteriormente, la comitiva se dirigirá al edificio de la Xunta en la plaza Camilo José Cela, donde permanecerán media hora y entregarán un registro de firmas recogidas en la comarca para exigir mejoras en la atención a la dependencia.

Condiciones laborales en el punto de mira

Las movilizaciones se enmarcan en un conflicto prolongado que afecta a todos los centros privados de la provincia. Las empleadas denuncian sobrecarga de trabajo, turnos cambiantes y falta de personal, lo que impide cumplir con los ratios mínimos de atención a mayores dependientes. Además, señalan que las tareas de limpieza y cuidados recaen en gerocultoras sin la formación adecuada, disminuyendo la calidad del servicio.

Fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) confirmaron hoy a Galiciapress que actualmente no hay diálogo con la patronal. Las trabajadoras exigen un convenio colectivo que garantice salarios dignos, estabilidad horaria y permisos retribuidos, demandas que han llevado a los tribunales en casos anteriores. 

La falta de respuestas ha derivado en un incremento de las protestas. La precariedad laboral no solo afecta a las empleadas, sino también a los usuarios. La escasez de personal y la rotación constante dificultan el seguimiento de personas con alta dependencia, exponiéndolas a riesgos en su cuidado diario. Esta situación contrasta con los precios de las residencias privadas, que superan los 2.500 euros mensuales por plaza, según denuncias sindicales.

El sector de las residencias gallegas enfrenta un déficit estructural, con una oferta insuficiente para cubrir la demanda de plazas —especialmente en Ferrol, donde un 32% de la población supera los 65 años—. Esto mete presión a la Xunta, que depende del sector privado para gestionar la enorme demanda, dado que desde hace décadas la administración gallega no ha construído ninguna residencia y, de hecho, ha privatizado la gestión de los asilos que le ha regalado recientemente la Fundación Amancio Ortega.

La Xunta mira hacia otro lado como si el conflicto no fuera con ella

La Xunta de Galicia mantiene una posición de desvinculación en el conflicto laboral de las residencias privadas de A Coruña, argumentando que se trata de una disputa entre empresas y trabajadoras.Su gestión ha sido criticada por sindicatos y trabajadoras, quienes la acusan de pasividad y de no garantizar condiciones dignas en un sector clave para el envejecimiento poblacional gallego.

Durante las huelgas, la Xunta ha establecido servicios mínimos del 75% al 100% en residencias, una medida calificada por la CIG como "abusiva" y contraria al derecho a la protesta. Estas exigencias han complicado la participación en las movilizaciones y han sido denunciadas ante tribunales por vulnerar derechos laborales.

Mientras la Xunta anuncia la construcción de 24 nuevas residencias con 1.800 plazas en municipios pequeños —un proyecto presentado como "histórico" por Alfonso Rueda—, las trabajadoras exigen soluciones inmediatas a la precariedad salarial y laboral . Las sindicalistas tachan estas medidas de "discursos vacíos" y reclaman recursos para mejorar las condiciones actuales, no solo ampliar la oferta. Fabiola García ha reiterado la disposición de su departamento a "velar por la calidad de vida de las personas mayores" mediante inspecciones, aunque sin abordar las demandas salariales o la reducción de jornada.