Huelga residencias: trabajadoras quemarán muñecos de Rueda y García ante su "pasividad"
El conflicto laboral en las residencias privadas y centros de día de la provincia de A Coruña se recrudece con una nueva jornada de huelga y movilizaciones. Las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, denuncian la precariedad de sus condiciones laborales y la falta de avances en la negociación del convenio, mientras la patronal se mantiene inflexible y la Xunta evita implicarse en la solución.
La huelga de hoy en las residencias privadas de A Coruña, convocada por el sindicato CIG, representa el cuarto paro en los últimos meses en el sector. La principal reivindicación de las trabajadoras es la mejora de sus condiciones laborales, exigiendo salarios que alcancen al menos el Salario Mínimo Interprofesional y una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.
La movilización, que incluye manifestaciones y concentraciones en centros como DomusVi Ferrol, pone de relieve el malestar por la sobrecarga de trabajo, los contratos parciales forzosos y la falta de recursos para atender a los usuarios.
"Eealizaremos unha manifestación desde o centro de DomusVi Ferrol, empresa referente da explotación laboral que están a sufrir ás súas traballadoras, ata a nova residencia que a Fundación Amancio Ortega está a construir na cidade", adelantan desde CIG, sindicato que se queja de que la residencia donada por el magnate de Inditex "será donada á Xunta de Galiza e esta entregará a una empresa amiga para ser privatizada". La gestión de las otras residencias donadas por el dueño de Zara en el resto de ciudades también han sido transferida.
Sobre la protesta de hoy, la CIG adelanta que las huelguistas procederán "á queima dunhos mecos que representan aos principais representantes da Patronal de residencias e aos responsábeis directos da Xunta de Galiza, Fabiola García e Alfonso Rueda".
El seguimiento de la huelga es elevado, a pesar de los servicios mínimos impuestos por la Xunta, que en algunos casos han alcanzado el 100%, dificultando el ejercicio del derecho a la protesta. Estos servicios mínimos son considerados abusivos por las trabajadoras, que critican la falta de negociación por parte de la administración autonómica.
Negociación estancada y falta de diálogo
El estado actual de las negociaciones está totalmente bloqueado. Desde octubre, las conversaciones para renovar el convenio colectivo están paralizadas, después de que la propuesta de la patronal fuese rechazada por la plantilla al mantener los salarios por debajo del SMI hasta 2027 y no incluir mejoras en jornada, festivos o bajas laborales. La patronal se niega a avanzar en las demandas y la Xunta tampoco ha respondido a la solicitud de reunión presentada en septiembre para abordar la situación.
La protesta de las trabajadoras se centra también en la denuncia de ratios de atención obsoletas y la incorporación de usuarios con patologías psiquiátricas en centros no preparados, lo que agrava la sobrecarga de trabajo y afecta a la calidad de la atención. El Parlamento gallego ha instado por unanimidad a la Xunta a mediar en el conflicto, pero hasta el momento no se han producido avances significativos.
La patronal del sector mantiene una postura inflexible y no ha mostrado disposición a negociar mejoras sustanciales en las condiciones laborales ni salariales. En opinión de las huelguistas, las empresas, muchas de ellas grandes multinacionales y fondos de inversión, priorizan el beneficio económico a costa de la precariedad de las trabajadoras y del incremento de tarifas a las familias usuarias.
Por su parte, la Xunta de Galicia sostiene que el conflicto es una cuestión entre empresas y trabajadoras, desvinculándose de la negociación directa. La Xunta ha anunciado la construcción de nuevas residencias, pero estas medidas no resuelve la precariedad actual en un sector que, además, a menudo tiene dificultades para encontrar personal.
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