Los incendios amenazan los grifos: Xunta lanza fondo para vigilar el agua potable

Tras una temporada estival marcada por los incendios forestales, la preocupación se traslada ahora de las llamas a los grifos. La Xunta de Galicia ha anunciado la creación de un fondo específico de 180.000 euros destinado a financiar los análisis extraordinarios para el control de la calidad del agua en aquellos ayuntamientos cuyas captaciones se han visto comprometidas por el fuego. 

La medida fue comunicada por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la firma de un convenio en San Cristovo de Cea (Ourense) para la reforma de la fontanería del centro de salud local, un contexto que subraya la importancia transversal de garantizar la seguridad de las infraestructuras hídricas. Este presupuesto permitirá a las administraciones locales sufragar los costes de las analíticas adicionales, esenciales para detectar a tiempo cualquier alteración en la potabilidad.

El verdadero riesgo para los sistemas de abastecimiento no llega con el fuego, sino con las primeras lluvias torrenciales del otoño. Los incendios dejan tras de sí un paisaje vulnerable, despojado de la cubierta vegetal que actúa como una esponja natural. Sin árboles ni matorrales que retengan el agua y el suelo, las precipitaciones provocan una masiva escorrentía de lodo, cenizas y todo tipo de detritos directamente hacia los arroyos, ríos y embalses que nutren el consumo humano. Este fenómeno puede multiplicar por cien los niveles habituales de sólidos en suspensión, un desafío mayúsculo para las estaciones de tratamiento de agua potable.

La avalancha de sedimentos es solo la parte más visible del problema. Las cenizas que tiñen de negro los cauces son, en realidad, un cóctel de contaminantes químicos liberados por la combustión de la vegetación y el suelo. Entre ellos se encuentran altas concentraciones de nitratos y fosfatos, nutrientes que pueden provocar la proliferación de algas y la eutrofización de los embalses, consumiendo el oxígeno y afectando a la vida acuática. Además, se liberan metales pesados como el plomo, el mercurio, el zinc o el arsénico, que estaban bioacumulados en las plantas y que, en determinadas concentraciones, suponen un grave riesgo para la salud pública.

Un cóctel químico latente en las cuencas

El principal dolor de cabeza para los operadores de las plantas potabilizadoras es el drástico aumento de la materia orgánica disuelta en el agua. Este carbono orgánico, procedente de la vegetación calcinada, reacciona con el cloro utilizado en el proceso de desinfección. De esta reacción química se generan subproductos conocidos como trihalometanos, compuestos que la normativa sanitaria regula de forma muy estricta por su potencial carcinogénico. 

Gestionar este pico de precursores químicos obliga a las plantas a ajustar sus procesos, a menudo incrementando el uso de reactivos y realizando un seguimiento mucho más exhaustivo del agua tratada para asegurar que cumple con todos los parámetros legales antes de llegar al consumidor.

Más allá de la calidad del agua, el propio sistema de distribución puede sufrir daños severos. Las altas temperaturas alcanzadas durante un incendio forestal de gran magnitud pueden afectar directamente a las infraestructuras de captación y distribución. Las tuberías de PVC, comunes en muchas redes rurales, pueden derretirse o deformarse. Los tanques de almacenamiento, especialmente los fabricados con materiales plásticos, pueden quedar inservibles. Asimismo, los equipos electrónicos que controlan bombas y sistemas de cloración son extremadamente sensibles al calor, y su fallo puede dejar a poblaciones enteras sin suministro durante días o semanas, como ha ocurrido en catástrofes similares en otras partes del mundo.

Para mitigar estos impactos, los expertos señalan la urgencia de actuar directamente sobre el terreno quemado, incluso antes de que lleguen las lluvias. Una de las técnicas más eficaces es el "mulching", que consiste en cubrir el suelo desnudo con una capa de paja o astillas de madera. Este manto protector frena la fuerza de las gotas de lluvia, reduce la erosión y ayuda a que el agua se infiltre en el terreno en lugar de arrastrar los contaminantes ladera abajo. Complementariamente, se construyen pequeñas barreras con los propios troncos quemados o con mallas, conocidas como fajinas o albarradas, que actúan como diques para retener los sedimentos más gruesos en las partes altas de la cuenca.

De la emergencia a la prevención: las medidas sobre el terreno

Estas actuaciones de emergencia suponen un coste económico y logístico importante que a menudo desborda la capacidad de los ayuntamientos rurales, los más afectados por esta problemática. De ahí la relevancia del fondo habilitado por la administración autonómica, que alivia la carga financiera de la vigilancia, aunque las labores de restauración de las cuencas requieren de inversiones mucho mayores y de la coordinación entre distintas administraciones. Por el momento, no han trascendido declaraciones de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) sobre la suficiencia de esta medida o la necesidad de fondos adicionales para la recuperación de las zonas afectadas.