Inédito cierre de un asilo por parte de la Xunta, la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro (Ourense)

La Xunta de Galicia ha cerrado este miércoles la Vivienda Comunitaria Jardín, en el municipio ourensano de Amoeiro, después de que una inspección destapase fallos muy graves en la gestión del centro y en la atención a los usuarios. El cierre se produjo tras la denuncia de la familia de uno de los seis mayores que residían en la instalación. Todos ellos ya han sido trasladados a residencias públicas de la red autonómica que contaban con plazas disponibles.

Según confirmó la Consellería de Política Social, las familias fueron informadas desde el primer momento de que el centro iba a ser clausurado de forma inmediata. Para garantizar la seguridad de los residentes, la Xunta organizó su traslado la misma tarde del miércoles con el apoyo de la Cruz Roja, que desplazó un equipo especializado en asistencia sociosanitaria. Cinco de las personas mayores fueron derivadas a la residencia pública de Monforte de Lemos, mientras que un sexto usuario fue trasladado al centro de Nosa Señora dos Milagres en Barbadás.

Desde el gobierno autonómico explican que el cierre se decreta ante la detección de irregularidades consideradas de “máxima gravedad”, tanto en las condiciones de gestión como en las instalaciones. La consellería recalca que su prioridad es el bienestar de las personas mayores y subraya que, en estos casos, se actúa con “toda la contundencia necesaria”.

Galiciapress preguntó a la Xunta en qué consistían esos defectos tan graves y si había denuncias previas. La Administración no ha contestado. Esta redacción también ha contactado con la empresa, sin recibir respuesta por ahora. 

De acuerdo con la información oficial de la Xunta, las irregularidades detectadas no solo afectaban a la gestión económica y administrativa, sino también a la atención sociosanitaria de los mayores y al mantenimiento de las instalaciones. Se supone que estos factores fueron decisivos para acelerar la orden de cierre inmediato y activar el operativo de reubicación de los usuarios.

El hogar residencial atendía actualmente a seis mayores, pese a contar con autorización para doce plazas, diez en habitaciones dobles y dos individuales. Es, por lo tanto, un asilo de pequeño tamaño.

El inmueble estaba ubicado en el núcleo de Cerval, una pequeña aldea del concello de Amoeiro con muy poca población.

Denuncias previas y desconfianza vecinal

El alcalde de Amoeiro, Luis González, detalló, según informa La Voz, que la denuncia inicial fue presentada por la familia de uno de los residentes en el departamento de Servicios Sociales del propio Concello. En ella se apuntaban posibles irregularidades en la situación laboral de los empleados, incluso con implicaciones en materia de Extranjería, y se advertía de que los usuarios vivían en condiciones inadecuadas. Tras recibir la queja, el consistorio dio traslado inmediato a la Xunta, que ya tenía conocimiento de las mismas acusaciones.

El centro comunitario llevaba más de doce años abierto, aunque cambió de manos hace tres. Los anteriores responsables eran originarios del municipio.

La vivienda comunitaria funcionaba bajo la titularidad de la sociedad Hogar Residencial Jardín S.L., cuyo administrador es, según el registro mercantil, Bruno Penin Dias. Según la información registral, la empresa se inscribió en octubre de 2021. Ni la compañía ni el particular figuran como titulares de más centros de servicios sociales.

Los  gestores tienen derecho a presentar alegaciones y recurrir la clausura, aunque el centro quedará cerrado hasta que exista una resolución en firme. De momento, permanecen suspendidas todas sus autorizaciones para acoger residentes, con independencia de que prospere o no un recurso administrativo o judicial. 

Tensión en el sector de los cuidados

El cierre de la Vivienda Comunitaria Jardín pone de nuevo el foco sobre la calidad de la red privada de centros de mayores en Galicia, un sector en expansión pero que en los últimos años se ha enfrentado a dudas sobre el control y la supervisión de los servicios. Sindicatos, organizaciones de familiares y colectivos sociales vienen reclamando mayor transparencia en las inspecciones y refuerzo en las plantillas que trabajan en este tipo de recursos. Inspectores de la Xunta llegaron a denunciar que su trabajo estaba boicoteado  por la propia Administración por avisar a los inspeccionados, aspecto que la Xunta negó vehementemente.

En Galicia, las viviendas comunitarias se presentan como una alternativa intermedia entre la residencia tradicional y la atención en el domicilio, pensadas para ofrecer un entorno familiar, con pocas plazas y mayor cercanía. Por su menor tamaño, son susceptibles también de ser operados por agentes sin experiencia en el sector.