Inspección de Trabajo cuestiona la residencia de mayores de la Xunta en Oleiros tras la fuga de un anciano

El relato sindical es que el conflicto se originó cuando la dirección del centro intentó trasladar la responsabilidad de la seguridad del edificio a los propios trabajadores, en concreto al personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Tras producirse la fuga de un residente que padecía deterioro cognitivo, la gerencia del centro remitió advertencias por escrito a los empleados, llegando a señalar una posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), organización que elevó la queja, califican esta maniobra como una estrategia de intimidación laboral inaceptable que busca desviar la atención de la falta de medios.

Para los representantes de los trabajadores, estas notificaciones no son meros avisos administrativos, sino que constituyen un factor de riesgo psicosocial grave. La presión ejercida sobre la plantilla genera un clima de miedo a sanciones, alegan, y un estrés añadido a una labor ya de por sí exigente física y emocionalmente. El sindicato sostiene que culpar al personal asistencial de las fugas es una forma de eludir las obligaciones que tiene la administración como empleadora, la cual debe garantizar la protección de la salud mental y la dignidad profesional de su equipo humano, en lugar de amenazar con consecuencias penales impropias de su rango.

La raíz del problema, según ha constatado la denuncia y validado la actuación de la Inspección, no reside en la supuesta negligencia de los auxiliares, sino en deficiencias estructurales y organizativas del propio edificio público. Se ha señalado la inexistencia de dispositivos de seguridad pasiva adecuados y la insuficiencia de los protocolos vigentes para evitar que personas con demencia o desorientación puedan abandonar el recinto sin supervisión. La realidad descrita apunta a que la dirección pretendía suplir la escasez de personal y la falta de tecnología de control con una vigilancia humana imposible de mantener sin los recursos necesarios.

Ante este escenario, la Inspección de Trabajo ha sido tajante en su requerimiento a la Xunta de Galicia. La administración autonómica tiene la obligación de sentarse a negociar con los representantes legales de la plantilla para revisar a fondo los protocolos de actuación. Además, se exige un estudio pormenorizado de mejoras organizativas que deberá estar concluido y acreditado para enero de 2026. El objetivo final es lograr un entorno de trabajo seguro, donde se cumpla escrupulosamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se eliminen las amenazas coercitivas como herramienta de gestión.

Por ahora, la administración autonómica ha evitado pronunciarse específicamente sobre esta resolución de Trabajo, pero mantiene una línea de actuación centrada en las infraestructuras. Cabe recordar que, en el mes de septiembre de 2024, la conselleira de Política Social, Fabiola García, visitó el centro oleirense para anunciar la licitación de obras de mejora por valor de 940.000 euros. Sin embargo, para los sindicatos, las inversiones en ladrillo no son suficientes si no van acompañadas de un refuerzo real de las plantillas y de un cambio en la cultura organizativa que deje de ver al trabajador como el culpable sistemático de los fallos del sistema.