El colectivo le recuerda a la Fiscalía de Galicia que a menudo las personas mayores no están en condiciones de protestar por sí mismas. Pese a los problemas de los asilos durante la covid -que obligaron a la Xunta a intervenir media docena de geriátricos- la fiscalía no ha conseguido hasta la fecha llevar ningún caso a juicio.
El BNG se reúne con representantes del sector y promete fortalecer la inspección y acabar con el fraude en las inspecciones, que se produce al avisar la Xunta a los centros antes de las visitas, según denunciaron los propios inspectores.
Informan que la mujer se llevaba las joyas de los residentes para venderlas después. Por el momento, la dirección del centro sabe que hay tres damnificados, pero no descartan que puedan aparecer más. La acusada tendrá que compadecer ante el juzgado de Instrucción 3 de A Coruña por los hurtos que se le atribuyen. Archivo: EuropapressLa mujer, reconocida con las iniciales O.A.P.,fue acusada de robar los objetos de valor de las personas mayores a las que cuidaba. Las denuncias surgieron tras ser descubierta vendiendo los susodichos materiales. En ese instante, las fuerzas de seguridad la descubrieron vendiendo una pieza de elevado valor económico y, aseguran, no fue el único elemento que llevó al establecimiento de compra-venta. Trabajaba en la residencia Domus Vi en el barrio de Matogrande, según informó La Voz de Galicia esta mañana. Los principales afectados son los ancianos que ya no tienen sus pertenencias.
Rapesua SL rompe su silencio después de que el martes el colectivo de familiares Vellez Digna enviase a los medios fotografías del supuesto abandono de los mayores. Hasta hoy se había negado a hablar.
Residencia Castrillón es centro geriátrico privado con 43 plazas y que fue fundado en 1.999. Los positivos confirmados mediante PCR son por ahora 18, 5 de ellos trabajadores de la residencia. Los primeros síntomas en algunas personas aparecieron hace seis días.
El CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Santiago) no ingresó a una anciana, pese detectarle coronavirus allí mismo. La mujer acabó muriendo en un hospital privado, a donde la familia logró trasladarla solo después de amenazar con irse al juzgado de guardia, pues la Xunta pretendía mandarla de vuelta a su residencia, DomusVi San Lázaro. Esta es la denuncia que lanza una de las familias de los 53 fallecidos con coronavirus en esa residencia. Consultadas por Galiciapress, fuentes oficiales del SERGAS admiten un error en la comunicación enviada a la familia pero dejan claro que "siempre se siguieron criterios estrictamente clínicos".
El vicepresidente ha recordado que la Diputación de Lugo ordenó a Suplusa, a través de 3 requerimientos, la entrega de las llaves de la residencia de A Fonsagrada
CCOO propone un modelo implantado en el País Vasco y Castilla y León y que no requiere grandes obras en el edificio, propiedad de la Seguridad Social.
Contará con 96 plazas de residencia y 40 para el centro de día, una demanda histórica de los vecinos desatendida por la Xunta.
El PSOE lamenta la situación “calamitosa” de los centros dependientes del área de Política Social de la Xunta.
Reclaman la atención integral de personas con discapacidad. En el centro que hay, "todas las plazas están cubiertas y las listas de espera son de entre tres y cinco años", lamentan los impulsores de la campaña.
Os traballadores defenden que compensan co seu esforzo a falta de persoal e atribúen as denuncias á conflitividade dunha familia.
Lola, a nai dunha muller discapacitada da residencia de Oleiros, ten limitadas as visitas cando a propia inspección da Xunta recoñeceu carencias na prestación dos coidados básicos.
Cada estudante pagará este curso, de media, 174 euros ao mes por unha habitación nun piso compartido, máis gastos.
O seu rival foi detido, investigado por un presunto delito de homicidio imprudente