Residencias de mayores en Galicia: un "cajón de sastre psiquiátrico" para los profesionales
El ingreso de personas con enfermedades mentales graves y adicciones en centros geriátricos desata las alarmas entre trabajadores y familias. Por su parte, la Xunta defiende que esta es una forma de no discriminación hacia estos perfiles que son ingresados bajo la premisa de "emergencias sociales".
La convivencia en las residencias de mayores de Galicia atraviesa un momento crítico que profesionales y sindicatos no dudan en calificar de "bomba de relojería". En los últimos tiempos, las quejas y denuncias por el ingreso de pacientes con patologías psiquiátricas graves y adicciones en centros diseñados para la tercera edad, se han multiplicado. Representantes de TREGA, CIG y CCOO coinciden en que estas instituciones se están convirtiendo en un "cajón de sastre" donde se obliga a convivir a usuarios de 90 años con personas de 40 que pueden presentar desde cuadros psicóticos a drogodependencias. Los profesionales, gerocultoras en su gran mayoría, alertan de que esta falta de sectorización pone en riesgo la integridad física tanto de los mayores como de los propios trabajadores, quienes carecen de la formación y los medios necesarios para manejar perfiles psiquiátricos. Por su parte, la Xunta de Galicia sostiene que solo el 1,7% de los usuarios de la red pública son menores de 60 años y su ingreso obedece a criterios de "emergencia social", conjuntamente a la necesidad de no estigmatizar a quienes sufren trastornos mentales.
Un sistema sin alternativas tras el cierre de centros especializados
La situación actual no es fruto del azar, sino de un cambio estructural en el modelo de atención sociosanitaria estructurado durante la última década. Según denuncian desde CCOO, la raíz del problema reside en el cierre de unidades de salud mental y centros psiquiátricos públicos de referencia, como el Rebullón en Vigo. Iria Estévez (CCOO) explica que la administración cataloga ahora a estos enfermos como "ancianos con pluripatologías" para facilitar su encaje en residencias de mayores, a pesar de que su patología prioritaria sea mental.
Desde la CIG, Pedro Pérez subraya que antes de la pandemia, la proporción de estos perfiles era menor (dos de cada diez), pero que actualmente la cifra ha escalado significativamente en algunos centros. "Se están utilizando las residencias para todo tipo de usuarios porque esas plazas están subvencionadas", afirma Pérez, criticando que no se preste el servicio directamente desde el Sergas.
Frente a estas críticas, la Consellería de Política Social sostiene que los ingresos se realizan estrictamente bajo la "normativa vigente" y en coordinación con Sanidade. Según Política Social, la patología psiquiátrica no puede ser un obstáculo para el acceso a una plaza pública, defendiendo que se busca compaginar su atención con el "bienestar de los demás usuarios".
Violencia, sobrecarga y fuga de profesionales
La convivencia diaria en los centros está revelando carencias que van más allá de lo administrativo. Sonia Jalda, de TREGA, relata situaciones de "muchísimo miedo" entre la gente mayor. Jalda señala que personas mayores duermen "con el bolso dentro de la cama" en centros como el CRAP Vigo I ante la falta de seguridad.
Y es que, al no existir unidades aisladas o sectorizadas, los usuarios (tanto mayores como pluripatológicos) conviven en habitaciones y comedores comunes donde, según Jalda, "pueden producirse casos de violencia ante la imposibilidad del personal para controlar posibles agresiones con los medios disponibles". Esto obligaría a recurrir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La posiblidad de ataques sería una consecuencia de la falta de profesionales especializados en salud mental, y de que las ratios usuario-trabajador han aumentado significativamente.
A lo anterior, se debe sumar que las gerocultoras a menudo desconocen los diagnósticos de los usuarios que ingresan, esto último se debe a que las autoridades competentes apelan a la "ley de protección de datos". Por lo tanto, las trabajadoras no pueden saber si se enfrentan a un enfermo mental o a una persona con adicciones.
La presión psicológica, sumada al estrés laboral, está provocando que muchas enfermeras y gerocultoras abandonen las residencias para buscar empleo en el Sergas o incluso fuera de España. Así, los centros suelen quedar con listas de contratación vacías.
Este no es el modelo
Mientras la Xunta de Galicia defiende un modelo de integración para evitar la discriminación de los enfermos mentales, las profesionales de las residencias señalan que la estructura de acogida actual está desbordada. La falta de centros psiquiátricos específicos y la privatización del sector han empujado a perfiles jóvenes y con patologías complejas a compartir espacio con personas de la tercera edad vulnerables. Sin formación específica para el personal, sin una sectorización real de los centros, la convivencia en las residencias gallegas se encamina hacia una situación que, según indican los y las profesionales, se debe corregir inmediatamente para evitar situaciones más graves.
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