Un emigrante sin papeles cuidaba a 6 ancianos en la residencia cerrada en Amoeiro que la Xunta inspeccionó semanas antes

La Xunta de Galicia ha procedido al cierre de la Vivienda Comunitaria Jardín, situada en Cerval, en el municipio ourensano de Amoeiro. La decisión, motivada por la detección de lo que la propia Consellería de Política Social califica de «deficiencias graves» en la gestión del centro, la atención a los mayores y la situación del personal, se produjo con una celeridad que contrasta con la actuación previa de la Administración autonómica. 

El detonante de la clausura no fue la inspección llevada a cabo por los servicios sociales de la Xunta a principios de septiembre, sino una posterior denuncia policial relacionada con la situación laboral de un trabajador extranjero, según adelanta La Región.

Galiciapress ha solicitado a la Consellería de Política Social detalles sobre el motivo del repentino e inédito cierre del asilo. También ha preguntado si la Administración tenía  conocimiento de irregularidades previas. La Xunta no ha contestado. Esta redacción también se ha puesto en contacto con la empresa gestora de Hogar Residencial Jardín S. L., la emprea titular, para relatar su versión. Tampoco ha recibido respuesta. 

Denuncia en extranjería precipita el cierre

La intervención que culminó con el traslado de los seis residentes de la pequeña casa de mayores se inició a raíz de una denuncia presentada ante los servicios de extranjería de la Policía Nacional. El jueves anterior al cierre, un particular contactó con el Concello de Amoeiro para informar de la situación, y el lunes siguiente se realizó una inspección laboral en la residencia. 

En ese momento, las autoridades localizaron a un único empleado, de nacionalidad colombiana y sin la documentación necesaria para trabajar en España. Fue esta actuación, motivada por un tema de irregularidades migratorias, la que destapó la situación «límite» en la que se encontraban los ancianos.

El alcalde de Amoeiro, José Luis González, relató que durante la inspección policial se constataron las serias carencias en la atención a los mayores. El regidor señaló que los usuarios presentaban problemas graves como la deshidratación y que su dieta se limitaba a «patatas cocidas con leche». El Ayuntamiento, que declaró desconocer totalmente la gestión del centro hasta ese momento, trasladó la información a la Consellería de Política Social, que fue la que «actúa rápidamente y clausura el lugar».

Quejas que ya conocía la Xunta

Es crucial destacar que la clausura inmediata de este miércoles 1 de octubre se produce después de que la Xunta ya hubiese tenido conocimiento de irregularidades previas. La Consellería de Política Social había realizado una revisión de las instalaciones el pasado 8 de septiembre. 

Tras esta inspección, la actividad de la residencia, con capacidad para doce personas y que en el momento del cierre alojaba a seis, continuó con normalidad. No fue hasta el 26 de septiembre cuando la Xunta recibió una queja formal de una familia que alertaba del mal funcionamiento del asilo y de posibles condiciones inadecuadas de los usuarios y problemas laborales del personal. Este aviso, que también llegó al Concello, no conllevó el cierre inmediato, sino la apertura de un expediente sancionador.

Fue tras la segunda inspección, efectuada este miércoles, y precipitada por la denuncia policial en Extranjería, cuando los inspectores de la Xunta decidieron decretar el cierre definitivo de las instalaciones. Este contraste entre la apertura de un expediente tras la primera visita y la clausura fulminante después de la intervención policial ha suscitado un debate sobre la eficacia y los protocolos de las inspecciones de la Administración autonómica en los centros sociosanitarios gallegos.

Hay que tener en cuenta que los propios inspectores de la Xunta se han quejado en el pasado por la permisividad de la Consellería. Incluso llegaron a denunciar que Política Social avisaba a los centros antes de las inspecciones, extremo que la conselleira negó vehementemente. 

El calvario de los residentes y las quejas de los inspectores

El drama vivido por los usuarios fue detallado por un denunciante anónimo, que describió un panorama de absoluta desatención. Según su testimonio, el cuidado de los mayores dependía de la buena voluntad de los trabajadores y no de una estructura de responsabilidades clara. 

El denunciante relató situaciones muy graves, como una usuaria que llevaba más de una semana sin asearse, personas que no se habían cortado el pelo en un año y tenían las uñas sucias, torcidas y rotas, según relata La Región. Además, se sumaba la falta de control sanitario básico. Una anciano tenía un aparato para medir la tensión, pero llevaba dos meses sin pilas y, por tanto, sin poder utilizarlo, lamentó.

Esta situación reabre el debate en Galicia sobre el sistema de inspección de residencias. En 2023 transcendieron a los medios las quejas de los propios inspectores de la Xunta en relación con la supuesta falta de personal y recursos para llevar a cabo una vigilancia exhaustiva de todos los centros. Estos profesionales han expresado su preocupación por la dificultad de realizar inspecciones en profundidad, lo que podría haber contribuido a que las deficiencias del centro de Amoeiro se mantuvieran durante más tiempo del debido. Aseguraban que había un inspector por cada 135 residencias de ancianos.

Traslado y defensa de la Conselleira

La respuesta de la Administración gallega fue la reubicación urgente de los seis residentes. Cinco fueron trasladados a una residencia pública en Monforte de Lemos y el sexto a otro centro en Barbadás. Esta labor se realizó con el apoyo de Cruz Roja, que aportó un equipo especializado en asistencia sociosanitaria.

Por su parte, la conselleira de Política Social, Fabiola García, defendió la actuación de la Xunta, asegurando que se procedió al «cierre inmediato» tras la detección de las deficiencias graves. La conselleira indicó que la actuación se inició tras recibir la denuncia, aunque sin especificar si se refería a la de la familia o a la policial. Tampoco detalló en que estado encontraron a los ancianos antes de su traslado. Las explicaciones de la mandataria le han resultado insuficiaentes al BNG que ha presentado una iniciativa en el Parlamento. 

Los nacionalistas creen que Política Social conocía la existencia de denuncias tanto sobre la gestión de esta vivienda comunitaria como sobre el trato a los residentes y, a pesar de eso, "permitió que el centro siguiera funcionando con normalidad".

 García subrayó que los mayores se encuentran ahora «bien cuidados, atendidos 24 horas al día» en centros de la red pública de la Xunta, y reiteró que la actuación fue «inmediata tras una inspección de los servicios sociales de nuestra comunidad».

La entidad Hogar Residencial Jardín S. L., gestora del centro desde 2022 y sin otros centros sociosanitarios a su cargo en Galicia, se enfrenta ahora a un expediente sancionador de la Xunta, frente al que podrá formular sus alegaciones. Según figura en las bases de datos que se alimentan del registro mercantil, su titular es Bruno Penin Dias, que solo aparece con responsabilidades en la citada compañía.