La Xunta insiste en reducir la duración de las bajas de los funcionarios

Durante la presentación del plan, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, precisó que en Galicia no existe un problema elevado de incidencia —es decir, del número total de bajas—, pero sí una “prevalencia significativa” en la duración media de las mismas. “No se trata de que haya demasiadas bajas, sino de que estas duran más de lo deseable”, explicó el responsable sanitario. La hoja de ruta del departamento pasa por intensificar el control médico y administrativo para determinar con precisión cuándo un trabajador debe o no continuar en situación de incapacidad.

Una medida con vigencia de cuatro años

El acuerdo establece que la encomienda de gestión a Sanidade tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogable por periodos anuales tras acuerdo de las partes. Entrará en vigor desde la fecha de su firma, aunque las actuaciones se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, tal como recoge el DOG. Fuentes de la Xunta apuntan que esta coordinación entre consellerías permitirá unificar criterios y mejorar la eficiencia del gasto público en materia de absentismo laboral.

En este sentido, el conselleiro recordó que la inspección sanitaria no busca castigar a los empleados, sino garantizar que quienes lo necesiten reciban la atención adecuada y que los recursos públicos se gestionen de forma responsable. Las inspecciones, según indican fuentes del área, contarán con equipos técnicos especializados y protocolos comunes para todas las consellerías implicadas.

La iniciativa llega en un momento en que varias comunidades autónomas están revisando los sistemas de control de las bajas laborales de sus empleados públicos, tras detectar un incremento en la duración media de las incapacidades temporales desde la pandemia. En los últimos meses, sindicatos como la CIG y CSIF han advertido que, si bien el control médico es necesario, la administración debe garantizar que no se pongan en duda los derechos laborales ni se genere presión sobre los trabajadores enfermos. Por el momento, ninguna organización sindical se ha pronunciado oficialmente sobre el nuevo programa gallego.

El propio Gómez Caamaño, que asumió la cartera de Sanidade en 2024, ha insistido en otras ocasiones en la importancia de mejorar la eficiencia del sistema sanitario gallego y reforzar los mecanismos de supervisión interna sin menoscabar el bienestar del personal público. Con esta medida, la Xunta pretende equilibrar el control del gasto y el respeto a los derechos laborales en el sector público.