Unidad entre sanitarios y más de 1.200 firmas para tumbar el "decretazo" que permite abrir los PAC en sábado

El conflicto en torno al futuro de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Galicia suma un nuevo capítulo. Representantes del colectivo "PACs Contra o Decretazo" entregaron este lunes en el registro de Vigo más de 1.200 firmas dirigidas a la Consellería de Sanidade en las que exigen la retirada del anteproyecto de decreto que modificaría la organización de la atención urgente extrahospitalaria en la comunidad.

Lo más llamativo de la recogida es su rapidez y amplitud. Las 1.200 adhesiones se obtuvieron en menos de una semana y proceden de profesionales de cerca de 90 PAC, lo que equivale prácticamente a la totalidad de los existentes en Galicia. Además, el apoyo no es solo de médicos: el respaldo abarca a todas las categorías del personal, desde enfermería hasta personal de servicios generales, celadoras, conductores y telefonistas, lo que el colectivo interpreta como un rechazo transversal y sin fisuras a la reforma propuesta.

Esta entrega de firmas es la continuación de una ola de protestas que arrancó semanas atrás. A finales de marzo, más de un centenar de personas se concentraron ante la Consellería de Sanidade para rechazar el "decretazo" con el que la Xunta pretende abrir los PAC los sábados por la mañana, una iniciativa que se había valorado a finales de 2025 y se paralizó en el contexto de huelga de aquel momento. Aquella protesta logró retrasar la aplicación inicial de la medida y marcó el inicio del ciclo de movilizaciones que ahora continúa.

LA XUNTA DEFIENDE SU POSICIÓN

La Consellería de Sanidade no ha respondido públicamente a la entrega de firmas de este lunes. Sí lo hizo previamente ante las protestas de marzo: la secretaria xeral técnica de la Consellería, Natalia Lobato, defendió que la jornada de los sábados por la mañana ya era "de facto" una jornada de atención continuada, "no de atención ordinaria", y que el decreto responde a la necesidad de cumplir con la reducción de jornada pactada en 2023. 

El departamento autonómico señaló además que el texto no estaba aprobado y que los sindicatos podían presentar alegaciones hasta el 7 de abril, al tiempo que en la mesa sectorial se acordó un procedimiento de voluntariedad incentivada para las guardias en los PAC que supondría mejoras retributivas. 

En el escrito presentado en el registro vigués, los profesionales solicitan la paralización inmediata del proceso, reclamando que cualquier cambio vaya precedido de un análisis completo de las necesidades asistenciales, los recursos disponibles y las particularidades del territorio gallego: dispersión de la población, envejecimiento demográfico y las dificultades de acceso a la sanidad en zonas rurales. Piden también una evaluación independiente con participación de los propios trabajadores y de la ciudadanía.

UNA ESCALADA DE PROTESTAS EN MARCHA

El colectivo insiste en que la reforma no puede avanzar sin garantizar la calidad asistencial ni los derechos laborales, y denuncia que el decreto implicaría mayor penosidad, pérdida económica y sobrecarga de trabajo. 

Tras celebrar asambleas de personal en todas las áreas sanitarias, se acordó elaborar un calendario de movilizaciones que coincidirá con la próxima reunión de la Mesa Sectorial, donde los sindicatos presentes trasladarán formalmente las reivindicaciones del colectivo a la Administración. 

CIG, CSIF y Satse ya habían rechazado el anteproyecto en la concentración de marzo, advirtiendo de que no garantiza recursos suficientes ni seguridad en la atención y solo empeora las condiciones laborales del personal sin contrapartida alguna.