SIMEGA se suma a los colegios y rechaza que la Xunta pague a los médicos por reducir las bajas
Con el pronunciamiento de este sindicato médico, la práctica totalidad de organizaciones que representan a la profesión se han posicionado en contra de la polémica iniciativa. Los colegios médicos, la asociación de medicina familiar y otros sindicatos también la han rechazado.
El Sindicato de Médicos de Galicia (SIMEGA) ha manifestado su rechazo total a la propuesta del conselleiro de Sanidade de incentivar económicamente a los médicos de Atención Primaria que logren acortar la duración de las bajas de sus pacientes. La organización sindical se suma así a la posición ya expresada por el Consello Galego de Colexios Médicos, que este fin de semana reclamó al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que retire ese plus, y amplía el frente crítico a una medida que también ha cosido tensión política y sindical en las últimas jornadas.
La decisión de la Xunta de ligar parte de la retribución o de la carrera profesional de los facultativos al acortamiento de las incapacidades temporales fue el detonante de que CCOO abandonara la mesa de diálogo social sobre el absentismo laboral. La medida ha sido igualmente reprobada por el PSdeG y el BNG en el ámbito parlamentario gallego, y desde Madrid el propio Ministerio de Trabajo ha trasladado sus críticas a la iniciativa autonómica.
SIMEGA considera que introducir criterios economicistas en la gestión de las bajas médicas supone un precedente peligroso. La entidad advierte de que la recuperación de un paciente no puede transformarse en un objetivo de productividad ni estar condicionada por presiones ajenas a la práctica clínica, y califica de impresentable cualquier intento de mercadear con la salud de la ciudadanía.
El sindicato recuerda que la evolución de una patología es única en cada persona y depende de factores médicos, físicos, psicológicos y sociales que no admiten estandarización. Establecer metas generales de reducción de bajas implica, a juicio de SIMEGA, ignorar esa singularidad de los procesos asistenciales y deteriorar la calidad de la atención sanitaria que reciben los gallegos.
El tiempo, además, es un componente clínico insustituible. La organización sindical subraya que el control adecuado de una incapacidad temporal —especialmente cuando el proceso requiere apoyo psicológico— exige dedicación suficiente por parte del médico de familia, y que la falta de ese tiempo puede derivar, paradójicamente, en renovaciones casi automáticas de la baja, justo el efecto contrario al que persigue la Xunta con su propuesta.
SIMEGA añade que situar el foco sobre los médicos de Atención Primaria resulta injusto y desacertado, dado que estos profesionales trabajan bajo una enorme presión asistencial y adoptan sus decisiones con criterios estrictamente clínicos, velando en todo momento por la seguridad y la recuperación de sus pacientes.
La prolongación de muchas bajas no está en manos de los médicos de familia, sino que obedece a factores estructurales del sistema sanitario. En numerosos casos, las incapacidades temporales se extienden porque el paciente lleva semanas o meses esperando una consulta con un especialista hospitalario o la realización de una prueba diagnóstica. Esas demoras son completamente ajenas a la voluntad de los facultativos de los centros de salud, recalca el sindicato.
Por ello, SIMEGA insta a la Consellería de Sanidade a abandonar planteamientos que generen desconfianza entre profesionales y pacientes y a centrar los recursos en reducir las listas de espera, reforzar la Atención Primaria y mejorar la capacidad diagnóstica del sistema. Esas sí serían, a juicio del sindicato, medidas eficaces para lograr una recuperación más ágil y segura de los gallegos.
Los colegios médicos piden medidas estructurales
La posición de SIMEGA coincide en lo esencial con la expresada por el Consello Galego de Colexios Médicos, que agrupa a las cuatro corporaciones provinciales. En su comunicado, los colegios reconocen que existe margen para mejorar la eficiencia del sistema reduciendo bajas evitables o excesivamente prolongadas, pero advierten de que un incentivo económico vinculado a la reducción de días puede ejercer una presión indirecta sobre el profesional para adelantar altas médicas, deteriorar la relación médico-paciente y generar un conflicto ético entre el interés administrativo y el criterio médico independiente.
El Consello defiende que la incapacidad temporal no puede evaluarse exclusivamente mediante tablas estándar y subraya que los tiempos orientativos deben entenderse como herramientas administrativas que nunca pueden sustituir la valoración clínica individualizada de cada caso.
Los colegios médicos gallegos coinciden en que la regulación de la incapacidad temporal es necesaria, pero exigen que se aborde desde medidas estructurales, no mediante incentivos ligados a la reducción de días. En este sentido, propugnan una mayor coordinación entre Atención Primaria, inspección médica y mutuas laborales como vía para homogeneizar los procesos y mejorar su gestión sin comprometer la independencia del profesional.
La Consellería de Sanidade no había respondido a estas críticas en el momento de publicar esta información. La presión sobre la Xunta desde los ámbitos sindical, colegial, político y gubernamental configura un escenario de creciente dificultad para que la medida prospere en su formulación actual.
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