Un año después de la marea de pellets del Toconao todavía no hay normas para prevenir estos vertidos

El 8 de diciembre de 2023, el carguero liberiano Toconao perdió seis contenedores frente a las costas del norte de Portugal, de los cuales uno contenía 26,3 toneladas de pellets de plástico. Este incidente marcó el inicio de una catástrofe ambiental que, aunque distó mucho de la gravedad del Prestige,  impactó gravemente en las playas de Galicia, Asturias y Portugal. A más de un año del suceso, estos pequeños gránulos plásticos, no biodegradables, siguen presentes en los litorales afectados aunque mucho más repartidos por lo que ya no llaman la atención, mientras la Unión Europea aún no ha aprobado una regulación específica para evitar futuros vertidos de este tipo.

Las playas gallegas se convirtieron en el epicentro de este desastre. En algunas zonas, sobre todo en la costa norte, hubo miles de pellets acumulados por cada 100 metros de litoral. Aunque ya no hay grandes concentraciones, se desconoce el impacto a largo plazo de las partículas no recogidas por los servicios de limpieza y los millares de voluntarios. 

Dado su pequeño tamaño, estos plásticos son contaminantes que entran en la cadena trófica y ponen en peligro la biodiversidad marina y, potencialmente, la salud humana. Además, el vertido del Toconao ha perjudicado la imagen de los productos del mar gallegos, afectando a un sector clave de la economía regional y a las comunidades costeras que dependen de él.

¿Qué proponen las nuevas normativas europeas?

El desastre desató un intenso debate en su día sobre la gestión y transporte de los pellets de plástico. Aunque recientemente la Comisión de Medio Ambiente ha dado luz verde a un reglamento para regular su manipulación y transporte, la normativa definitiva aún está pendiente de votación en el Parlamento Europeo. La propuesta promete reducir las emisiones de microplásticos en un 74 %, estableciendo controles para operadores económicos que manipulen más de cinco toneladas de estos materiales.

La propuesta también incluye medidas como certificaciones obligatorias para las empresas que manejen más de 1.000 toneladas anuales. La promesa de los legisladores es que los costos asociados a estas medidas serán asumidos por los operadores económicos bajo el principio de "quien contamina paga". Aunque los costes para las empresas serán limitados, los beneficios económicos serán notables. Según la Comisión Europea, se estima que las empresas podrían ahorrar hasta 127 millones de euros por la reducción de pérdidas de pellets al tener que cumplir normas más estrictas.

Entre las medidas previstas, se incluyen obligaciones para transportistas, empresas de limpieza de contenedores y capitanes de buques. Además, las normativas no se limitarán a transportistas de la UE: todos los buques que operen en el territorio europeo, incluidos los de terceros países, deberán cumplir con las mismas reglas.  Bruselas busca que los pellets nunca lleguen a las aguas residuales, evitando su acumulación en tierras agrícolas a través de lodos de depuradora.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, destacó el papel de España en las negociaciones europeas. "El accidente frente a las costas gallegas ha sido fundamental para incluir al transporte marítimo en el ámbito de aplicación del reglamento, algo que inicialmente estaba fuera del texto", afirmó Aagesen tras la última reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE.

¿Quién paga la factura ambiental?

Un aspecto crítico ha sido la falta de claridad sobre la responsabilidad de la limpieza de los ecosistemas afectados. Organizaciones ecologistas y comunidades pesqueras han exigido que los operadores asuman los costos asociados al desastre.  Mientras, el Gobierno de España se pelea con la armadora para que pague los costos del rescate.

Sin embargo, la ausencia de una regulación específica sobre el transporte de pellets ha dificultado asignarle responsabilidades legales a la armadora o a los dueños de la carga del Toconao, dejando las tareas de limpieza y mitigación en un limbo financiero y operativo, asumiendo las diferentes administraciones públicas la factura. Es decir, ha pagado, otra vez, el conjunto de la sociedad y no los causantes de la contaminación.

Mientras se aguarda la aprobación definitiva de la normativa, el debate sigue abierto. Las nuevas medidas también buscan simplificar los trámites administrativos para el sector industrial, buscando un equilibrio entre seguridad de la producción y transporte con la viabilidad económica de los agentes implicados.

 Hay que tener en cuenta que este tipo de desastres no solo afecta al medio ambiente, sino también a modos de vida tradicionales y a economías sustentables, como la pesca artesanal de bajura en Galicia. 

Hay que recordar, por último, que la contaminación por microplásticos no solo proviene de pellets, sino también de otras fuentes como neumáticos, textiles sintéticos y cápsulas de detergentes.  En todo caso, sn año después del vertido del Toconao, la lección pendiente: proteger los océanos requiere acciones rápidas y normativas más estrictas, que, desgraciadamente, todavía están por concretarse.