Administradores de una empresa acusados de estafa, y para los que se pide cárcel, culpan a otro socio

Administradores de una empresa acusados de los delitos de estafa e insolvencia punible, por los que se piden penas de cárcel, han negado los hechos que se les imputan y han culpado a otro socio. Ha sido en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y en relación a unos hechos que se remontan a 2009.

En su escrito, Fiscalía sostiene que uno de los primeros administradores de la empresa firmó un pagaré de casi 19.500 euros en favor de otra empresa, "no teniendo nunca intención real de abonarlo al tener ya planificada la descapitalización de la empresa".

Añade que este pagaré no se atendió porque por parte del nuevo administrador, "colocado como hombre de paja" por los primeros administradores, se procedió ya a la citada descapitalización, con transferencia de dinero y venta de propiedades a familiares, con, según fiscalía, "pleno conocimiento" de estos sobre lo que se hacía.

"El pagaré no tenía ningún tipo de validez, con la firma de uno solo aquello no valía para nada", ha manifestado uno de los procesados en una vista que se celebra en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. "La empresa siempre tuvo desde su constitución la firma mancomunada", ha explicado.

Lo ha hecho tras relatar una situación de "amenazas y agresiones continuas", en los años 2009 y 2010, entre "los socios y sus familiares" y culpar a uno de los socios de provocar "un bloqueo de manera intencionada".

"No había ningún problema de solvencia pero cualquier acción era imposible", ha añadido. En este sentido, ha expuesto que la empresa presuntamente estafada "sabía perfectamente que era administración mancomunada, habían librado 14 pagarés antes" y ha asegurado que "no hay ningún proveedor más reclamando nada".

En la misma línea, el acusado cuyo nombre aparece en el pagaré ha negado haberlo firmado. "No está relleno por mí ni en fecha ni desde luego ese importe", ha incidido para asegurar que no hubo reclamaciones por parte de empresas con las que trabajaban.

"Nos enteramos a partir del procedimiento", ha apuntado en relación a unos hechos por los que se piden penas de entre dos y cuatro años de prisión por cada uno de los distintos delitos.