La Xunta expedientará a la empresa dueña del bus escolar inmovilizado en Pontevedra sin ITV y con extintores caducados

La Xunta abrirá expedientes sancionadores a la empresa propietaria del autobús de transporte escolar inmovilizado el pasado viernes en Pontevedra por la Policía Local, tras comprobar que circulaba con la ITV desfavorable y con extintores caducados.

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La Xunta abrirá expedientes sancionadores a la empresa propietaria del autobús de transporte escolar inmovilizado el pasado viernes en Pontevedra por la Policía Local, tras comprobar que circulaba con la ITV desfavorable y con extintores caducados.

Según ha informado el gobierno gallego, se está tramitando el correspondiente expediente por los incumplimientos contractuales previstos en el pliego que rige la contratación.

En ese pliego se establece que, por la circulación con ITV negativa y el uso de extintores caducados, cabe imponer penalidades muy graves, que pueden suponer sanciones de entre 5.000 y 10.000 euros.

En el caso de la ITV, hay una cláusula relativa al estado general de conservación y mantenimiento de los medios y del material valorado en las inspecciones como muy defectuoso y, en el caso de los extintores, se incumple la obligación de tener elementos de seguridad, higiene y salubridad necesarios para la prestación del servicio.

La Xunta verificó que el servicio que realizaba ese bus, de la ruta CEIP de Vilaverde-Mourente, contaba con autorización en vigor para llevar a cabo transporte escolar, otorgada antes de la ITV negativa, así como seguro obligatorio. De hecho, no contar con la documentación acreditativa de la autorización o con la del seguro supone sanciones de hasta 201 euros.

La administración autonómica ha hecho hincapié en la "importancia esencial" de asegurar "el máximo rigor" en el cumplimiento de las condiciones de seguridad en la prestación de servicios de transporte escolar, y ha puesto en valor la colaboración con las administraciones locales en las competencias de control e inspección.

Al respecto, ha recordado que, cuando se detectan desajustes o incumplimientos, "se actúa con la apertura de expedientes a las empresas para garantizar las condiciones de los contratos y la correcta prestación de los servicios".

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