La Xunta acusa al Gobierno de crear una "alarma infundada" sobre supuestas ilegalidades en viviendas de uso turístico

La Xunta de Galicia ha remitido un escrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para reiterar la "falta de voluntad real" de colaboración institucional por parte del Gobierno, al que ha acusado de generar una "alarma infundada" sobre supuestas ilegalidades en viviendas de uso turístico en Galicia.

En la carta, dirigida al titular del Ministerio, Pablo Bustinduy, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, le ha trasladado la "falta de rigor jurídico e inoperatividad" del listado de Excel que envió el Gobierno de España hace unas semanas con datos en bruto y "directamente extraídos de una única plataforma de reservas de alojamiento y directamente extraídos de una única plataforma de reservas de alojamiento sin aplicar una depuración o selección".

En concreto, en la carta destaca que la "falta de criterio" en la criba hace que aparezcan no solo viviendas de uso turístico, sino distintas tipologías de alojamientos calificadas y registradas correctamente en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT/RITGA).

Señala también que se trata de un documento con "numerosas dificultades de identificación de las viviendas y distintos erroes e imprecisiones que hacen que el documento no sirva para el trabajo diario de la inspección turística gallega".

PLAN DE INSPECCIÓN ANUAL
Así, el director de Turismo de Galicia lamenta la "alarma social infundada" creada por el Gobierno sobre las VUTs y apela a la responsabilidad.

Recuerda además que la Xunta, con competencias exclusivas en materia de turismo, "ya vigila y actúa siempre ante las ilegalidades" a través del cuerpo de inspección turística, específicamente sobre las viviendas de uso turístico desde 2017 en que se aprobó el decreto autonómico.

Explica que trabajan en el marco del Plan de Inspección Anual de la Xunta y que actúan "siempre" que detecta una ilegalidad o irregularidad debidamente acreditada y, de ser el caso, inician el expediente sancionador que podría derivar en una sanción tipificada en la Ley de Turismo.

"No escatimamos esfuerzos en la supervisión e inspección", recalca, al tiempo que recuerda que solo el año pasado se realizaron 4.000 actuaciones, siempre preservando "la seguridad y calidad en el ámbito turístico".