Denuncian "discriminación lesbofóbica" tras la negativa de un funcionario a inscribir a su bebé por no estar casadas

Una pareja de mujeres de la provincia de Pontevedra ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial por un anormal funcionamiento de la administración, tras la negativa de un funcionario a inscribir en el Registro Civil al hijo de ambas, al no estar ellas casadas.

La pareja acudió en junio de 2023 a inscribir a su bebé en el registro de una localidad de la comarca del Baixo Miño pero el funcionario se negó a hacer el trámite porque las mujeres no estaban casadas. La asociación Nós Mesmas presta asesoramiento y apoyo jurídico a las afectadas, mediante el programa 'Para Nós', un servicio integral de asistencia jurídica y social para mujeres LGBT.

La abogada de la entidad, Irene A. Francés, ha señalado la actuación de este funcionario como un claro caso de "discriminación lesbofóbica", y ha señalado que la administración tiene una responsabilidad por la actuación de este funcionario, que incumplió la legislación vigente en ese momento (la conocida como 'ley trans').

Según ha explicado a Europa Press, este trabajador alegó que no podía inscribir al bebé porque ellas no estaban casadas y que la solución sería que contrajeran matrimonio o que el bebé fue inscrito como hijo de la madre gestante y que su pareja tramitase la adopción. Finalmente, las afectadas optaron por llevar a cabo el registro en Vigo, donde "no tuvieron ningún problema".

Después de que la pareja acudiera a un Centro de Información a la Mujer y al Ayuntamiento de esa localidad, con apoyo de Nós Mesmas presentaron posteriormente una denuncia por vía administrativa ante la Xunta, pero la Dirección Xeral de Xustiza no calificó la actuación del funcionario como infracción grave, sino como leve, y se archivaron las actuaciones por superarse el plazo de prescripción.

En junio de 2024 optaron por una segunda vía, y presentaron reclamación ante el Ministerio de Justicia para pedir responsabilidad patrimonial. "Es un largo camino, pero entendemos que deben ser resarcidas por el daño moral causado por esta discriminación", ha incidido Irene A. Francés, que ha confirmado que se encuentran a la espera de la respuesta del Ministerio.