PPdeG pide al Gobierno proteger el río Miño internacional y la oposición remarca las competencias autonómicas

El diputado popular Julio García Comesaña ha presentado este martes ante el Pleno del Parlamento una proposición no de ley con la que busca instar al Gobierno a proteger ambientalmente y poner en valor el río Miño en su tramo internacional. Ante esto, la oposición ha puesto el foco en las competencias autonómicas en este ámbito.

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El diputado popular Julio García Comesaña ha presentado este martes ante el Pleno del Parlamento una proposición no de ley con la que busca instar al Gobierno a proteger ambientalmente y poner en valor el río Miño en su tramo internacional. Ante esto, la oposición ha puesto el foco en las competencias autonómicas en este ámbito.

Tal y como ha expuesto, esta iniciativa recoge reivindicaciones compartidas por ayuntamientos afectados como el de Crecente, Arbo, As Neves, Salvaterra, Tui, O Rosal, Tomiño e A Guarda, "con independencia de su color político".

Comesaña ha afirmado que la situación del río es "crítica" algo que, ha apuntado, no dicen solo los vecinos o los alcaldes, sino los propios hechos. "Persisten problemas gravísimos que se cronificaron por la desidia del Gobierno en los últimos años con la connivencia de sus socios. El Gobierno de España, que es el que tiene las competencias en ese tramo del río", ha afirmado.

Las variaciones bruscas de caudal, ha explicado, tienen un impacto en los ecosistemas piscícolas y en la proliferación de algas y de otras especies invasoras. También ha citado la falta de armonización normativa entre los dos márgenes del rio y la obsolescencia del reglamento de navegación, entre otros aspectos.

OPOSICIÓN DESTACA LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
Ante esto, la diputada socialista Paloma Castro, que ha reconocido estar de acuerdo con muchos puntos de la iniciativa, ha destacado que la competencia de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil se circunscribe al dominio público hidráulico, mientras que en el tramo internacional, con influencia de las mareas, el dominio público marítimo-terrestre es competencia de la Dirección Xeral de Costas, a través del Servizo de Costas de Pontevedra.

En la misma línea se ha expresado el diputado nacionalista Brais Ruasnovas, que también ha puesto el foco en el reparto de competencias y ha afeado que la iniciativa no vaya a los problemas "de raíz" del río Miño, como son que la zona se encuentre militarizada puesto que el órgano de supervisión en la zona es la Comisión Permanente Internacional del río Miño -- del S.XIX y con dirección militar -- o que la cuenca del río esté "privatizada", al ser una de las más explotadas.

"Y el PP, lejos de proponer soluciones, propone una iniciativa que lleva al centralismo, a los parches y al postureo", ha censurado.

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