El Defensor del Pueblo recurre al TC la rebaja de protección del lobo que permite su caza

El Defensor del Pueblo ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la rebaja de la protección especial del lobo en España lo que en la práctica permite volver a la caza del cánido en España, según han informado a Europa Press en fuentes de la institución, que presentó el recurso el pasado martes 1 de julio.

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Archivo - Varios lobos ibéricos del Centro del Lobo Ibérico en localidad de Robledo de Sanabria, en plena Sierra de la Culebra (lugar de mayor concentración de este cánido en el Sur de Europa). El Centro alberga 11 ejemplares de este animal en situación d

El Defensor del Pueblo ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la rebaja de la protección especial del lobo en España lo que en la práctica permite volver a la caza del cánido en España, según han informado a Europa Press en fuentes de la institución, que presentó el recurso el pasado martes 1 de julio.

De este modo, señalan que han recibido 278 solicitudes instando a que interponga recurso de inconstitucionalidad frente a la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Las disposiciones citadas, que fueron presentadas por varios grupos parlamentarios como enmiendas a la Ley 1/2025, tienen que ver con una posible desactivación de la protección del lobo.

Según señala la Oficina del Defensor del Pueblo -que ha informado a los solicitantes de la interposición del recurso- el lobo es una especie protegida en virtud de Ley 42/2007, de 3 de diciembre de Patrimonio Natural de la Biodiversidad y forma parte, como animal silvestre, del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

La institución tras analizar las solicitudes recibidas, ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad por estimar que estas tres disposiciones vulnerarían los artículos 45 -derecho al medio ambiente- y 24.1 de la Constitución -derecho a la tutela judicial efectiva-.

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